El fenómeno de la ocupación de viviendas, no solo por necesidad sino por interés, es una realidad de la que los propietarios inmobiliarios españoles tienen constancia. Existen pseudo negocios dedicados a ocupar pisos, cambiar las cerraduras y vender las llaves a familias que necesitan un techo pero no disponen de medios para procurárselo. Este tipo de ofertas son públicas y se pueden encontrar con facilidad en internet. El precio ronda los 400 euros. Ante esta situación, los propietarios de viviendas se ven indefensos y no saben cómo actuar.
En los últimos cinco años el número de denuncias presentadas en España por ocupación ilegal de inmuebles se ha incrementado cerca del 50% según los datos recogidos en el reciente informe ‘El acceso a la vivienda en España: ¿qué hacer con el problema de la ocupación?’ del think tank académico Europa Ciudadana. Casi la mitad del total de las denuncias interpuestas durante el primer semestre de 2020 se hicieron en Cataluña (3.611). Por provincias, Barcelona es la que más ocupaciones ilegales registra sumando 17.465 casos en los últimos seis años, lo que representa una tasa de denuncias de 66,90 por cada 10.000 viviendas, seguida de Tarragona (52,8), Gerona (49,19) y Sevilla (41,82).
Lo habitual cuando ocurren este tipo de incidencias es que el propietario no haya contemplado medidas de prevención y tampoco sepa cómo actuar una vez ocupada la vivienda, más allá de la presentación de la denuncia una vez conocidos los hechos. Aunque hoy en día existe la posibilidad de acudir a servicios privados especializados en la intermediación y desocupación de pisos ocupados ilegalmente, antes de verse en la situación de tener recurrir a ellos, “es conveniente establecer medidas preventivas y un protocolo de actuación”, recomienda el mentor de inversores especializado en inversión inmobiliaria Pau Antó.
“Los imprevistos son parte del negocio inmobiliario”, reconoce el inversor, y entre ellos se encuentra el problema de la ocupación, un fenómeno que “en los últimos meses y con la crisis derivada de la pandemia está ocurriendo con más frecuencia” según admite. A pesar de que la conducta de los okupas atenta contra el derecho de la propiedad, desalojarlos de una vivienda cuando ya se han instalado en ella no siempre resulta sencillo.
Si se trata de una vivienda habitual en la que el propietario está empadronado y reside, las autoridades actúan de acuerdo a la Ley desalojando la casa. Sin embargo, si la propiedad es una segunda vivienda, una herencia o una inversión, el proceso se complica. En opinión de Antó, en estos casos “la ley ampara más al okupa que al inversor inmobiliario como propietario de ese inmueble”.
Protocolo para evitar la ocupación de tu propiedad
“Ser ágil y acudir al inmueble lo antes posible es lo primero” incide el experto. Para ello, contar con lo que Antó denomina un ‘protocolo anti ocupación’ es fundamental, especialmente para los propietarios que viven lejos de las viviendas que podrían ser ocupadas. Las personas que tienen a su cargo inmuebles en herencia que deben gestionar o viviendas en alquiler “tienen que tener esto en cuenta porque les puede pasar, y más ahora, las empresas que se dedican a ello los tienen”, asegura el inversor.
El propio Antó admite que trata de tener disponibles hasta tres personas a las que recurrir automáticamente cuando suena la alarma y se activa el protocolo. “La primera persona es la que se tiene que hacer cargo de esta ocupación oficialmente, la que tiene que ir a salvar el piso de los okupas. Si esta persona por cualquier motivo no puede hacerlo, se pasa a la segunda persona, y si esta tampoco puede pasamos a la tercera”, relata. Es importante informar de todo el proceso y de los distintos escenarios que se pueden dar a las personas de contacto que deben actuar en el caso de que suene la alarma para que sepan cómo hacerlo exactamente.
“No tenemos ni idea de lo que nos vamos a encontrar allí” Pau Antó