El Acuerdo persigue la eliminación del fraude fiscal y los efectos perjudiciales derivados de las características del régimen fiscal de Gibraltar. Asimismo, establece reglas claras para resolver más fácilmente los conflictos de residencia fiscal de las personas físicas y así evitar la utilización de sociedades sujetas al régimen fiscal de Gibraltar por residentes fiscales en España o para la realización de actividades económicas en España.
El Acuerdo se constituye, por tanto, en una herramienta eficaz en la lucha contra la evasión fiscal y crea los instrumentos necesarios para tal fin. Hasta ahora no se contaba con un instrumento jurídico de esta entidad en defensa de los intereses de la Hacienda española.
Tal y como se señala en el propio texto del Acuerdo, el mismo no supone cambio alguno con respecto a la posición española en cuanto a la soberanía y jurisdicción en relación con Gibraltar.