El objeto de la denuncia es la reiterada y presuntamente injustificada concesión de un conjunto de subvenciones recibidas por el Observatorio DESC, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) e Ingenieros sin Fronteras (ESF), asociaciones todas ellas con las que Ada Colau y el resto de denunciados “han mantenido estrechos lazos personales y profesionales con anterioridad a ocupar los cargos”.
Abogados Catalanes por la Constitución señala que podrían ser precisamente estos lazos los que han podido motivar la financiación de estas asociaciones, que en los últimos años han recibido, por diferentes conceptos, subvenciones por valor de 3.433.621 euros, correspondiendo 1.201.892,66 euros, al Observatorio DESC, y 645.692,65 euros a Ingenieros sin Fronteras. La última subvención, por un importe de 324.600 euros, fue concedida recientemente de manera “excepcional”, mediante una aparente “designación directa”, amparándose en la renovación de un convenio bianual cuestionada por la intervención municipal. Estas subvenciones fueron otorgadas para fines sobre los cuales el Ayuntamiento de Barcelona carece de competencias, por lo que se solicita que se investiguen presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
La concesión de las subvenciones ha sido objetada por el interventor municipal, en términos de que se han producido mediante procedimientos de excepcionalidad a pesar de su habitualidad y recurrencia, cuando legalmente para poder optar por este cauce de concesión, debe acreditarse la dificultad de convocatoria pública o el que existan razones excepcionales de interés público, social, económico o humanitario que desaconsejen dicha convocatoria pública, que es garantía de Libre Licitación, Transparencia y Pública Concurrencia Competitiva.
La denuncia identifica patrones, presuntamente delictivos, prolongados en el tiempo, y de los que puede inferirse la presunta vía irregular de financiación de una fuerza política al margen de la normativa estatal sobre financiación de partidos políticos, y establece los vínculos existentes entre personas que ocupan o han ocupado cargos de responsabilidad en el Ayuntamiento de Barcelona y en entidades perceptoras de subvenciones municipales otorgadas por dicho ayuntamiento que forman parte de la red de asociaciones vinculadas al proyecto político de ‘En Comú Podem’.
Manuel Miro, portavoz de la asociación considera que: “Es destacable que Ada Colau trabajó para DESC como coordinadora en materia de vivienda desde 2007 hasta semanas antes de llegar a la alcaldía, al igual que colaboró el ex-teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, que fue vicepresidente del Observatorio durante siete años, y que dejó su cargo en DESC meses antes de llegar a la alcaldía; la ex-concejal Gala Pin, empleada por DESC y por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en los años anteriores a su llegada al Ayuntamiento, y Vanesa Valiño, asesora municipal de Vivienda y pareja sentimental del diputado Gerardo Pisarello”.