Las ayudas estatales que contribuyen al sostenimiento del transporte público en España registraron una caída del 23,7% desde el comienzo de la crisis, según la Asociación de Empresas Gestoras de Transportes Colectivos Urbanos (ATUC), a partir de su informe “Análisis de la Financiación del Transporte Público en España”, elaborado por la Universidad Rey Juan Carlos para la entidad. En concreto, los fondos procedentes de la Administración General del Estado pasaron de los 66,9 millones a los 51 millones de euros en el periodo comprendido entre 2008 y 2015.
Un reparto de fondos que además no es equitativo con el tamaño de la población, de tal modo que las ciudades más grandes, y por tanto con mayores necesidades de transporte, son las más afectadas por los recortes presupuestarios. En este sentido el informe constata cómo en los seis primeros años de la crisis en las urbes de más de 500.000 habitantes se pasó de cubrir 10,29 euros a 6,4 euros por persona. Por el contrario, en municipios de menos de 100.000 habitantes el recorte no alcanzó el euro.
Lo mismo sucede con las ayudas estatales vía programas marco, que es el mecanismo de financiación en Madrid, Barcelona y Canarias, y que en ese mismo periodo de tiempo se pasó de subvencionar un promedio de 25 euros por persona a 19 euros.
Asimismo, tampoco es proporcional la relación de ayudas estatales y municipales, de tal modo que las primeras se sitúan en torno al 10% de media frente al 90% que han de soportar los ayuntamientos.
Cuadro 1. Evolución de las ayudas estatales al transporte público durante la crisis
Fuente: ATUC. Datos en millones de euros correspondientes a los fondos de la Administración General del Estado.
Otros agravantes
Para la patronal, esta situación de desorden en las ayudas públicas se agrava cuando la aportación de los usuarios vía tarifas (billetes, tarjeta transporte…) para costear el sistema disminuyó también desde 2008, pasando de cubrir el 45% de los costes al 42%, según el informe.
Y esto último tiene que ver precisamente con la crisis, pues fruto del aumento de desempleo, los desplazamientos en transporte público se comportaron de forma totalmente inversa. Así, por ejemplo, los viajes en autobús descendieron un 8,6% entre 2008 y 2014 (último dato disponible), mientras que en tren hicieron lo propio un 9,5%, según el último informe del Observatorio de la Movilidad Metropolitana (OMM).
Todo esto supone que el sistema de transporte público no solo ha sufrido los recortes a raíz de la crisis y de las necesidades de reducción de déficit del Estado, sino que además la otra pata que la sostiene, el usuario, contribuye proporcionalmente menos.
Orden y concierto
Esta realidad pone de manifiesto la necesidad del transporte público de contar con una Ley de Financiación que permita ordenar los recursos asignados con mayor eficiencia, teniendo en cuenta que los usuarios ya realizan una aportación suficiente y equilibrada a tenor de su renta per cápita.
Además, junto con los ingresos tarifarios y las aportaciones de las administraciones, ATUC estima necesario encontrar otros mecanismos de financiación que ayuden a costear el sistema, tal como hacen por ejemplo en la actualidad Francia y Alemania.
Es el caso de Francia, está el llamado “Versement Transport”, un sistema de tasa directa de la que se hacen cargo empresas privadas con plantillas a partir de nueve empleados y situadas en localidades de al menos 10.000 habitantes. Este mecanismo cubre más de una tercera parte de la financiación total del sistema de transporte público francés.
Igualmente, Alemania tiene establecido un impuesto, llamado “Mineralösteuer”, un céntimo “verde” que grava el consumo de productos petrolíferos para financiar el transporte público, y que responde a la máxima europea de “quien contamina, paga”.
Tal como señala el secretario general de ATUC, Jesús Herrero, “no pedimos más dinero, sino estabilidad y previsión frente al galimatías que es hoy la financiación del transporte público en España, frente a otros países europeos que sí tienen una ley que pone orden a los fondos que recibe el sector. En España, las aportaciones públicas son muy heterogéneas y no obedecen a criterios objetivos de reparto. De ahí la necesidad de establecer unas directrices para determinar la concesión de ayudas públicas y qué administraciones deben tomar parte y cómo y evitar posibles situaciones injustas”.