El estudio destaca la importante contribución que realizan las grandes compañías nacionales a la sociedad. Para ello, estima el Cash Flow Social (CFS), una métrica que permite evaluar la creación de riqueza en los distintos grupos de interés y en la sociedad en su conjunto. Los ingresos que estas compañías obtienen se redistribuyen al emplearse en la adquisición de bienes y servicios a proveedores, en la remuneración a empleados, en la contribución a las arcas públicas y en otras partidas que suponen una aportación directa al Producto Interior Bruto (PIB).
El empleo de la métrica Cash Flow Social responde a una demanda de transparencia por parte de los grupos de interés en el actual contexto internacional, en donde el éxito de las empresas no solo va a depender y medirse por su capacidad para maximizar su desempeño económico-financiero a medio y largo plazo, sino que también se medirá por la capacidad de generar valor para todos los grupos de interés.
Para calcular el Cash Flow Social agregado se ha seleccionado como muestra a las cuarenta principales compañías españolas por importe neto de su cifra de negocio y se ha utilizado información empresarial y pública correspondiente al ejercicio 2019. Dicha selección no incluye por razones metodológicas compañías del sector financiero.
Proveedores y prestadores de servicios, grandes beneficiados
Los principales indicadores del Cash Flow Social agregado son las entradas o valor económico directo generado (cobros de clientes, cobros por desinversiones y cobros financieros) y salidas o valor económico directo distribuido (pagos a proveedores, aportaciones a las administraciones públicas, pagos a empleados, pagos por dividendos, pagos financieros, autocartera y valor económico retenido por las propias organizaciones).
Respecto a las salidas, el informe sostiene que los ingresos generados por la gran empresa española, principalmente, se han redistribuido para emplearse en un 71,4% para la adquisición de bienes y servicios a proveedores (343.731 millones de euros), en un 15,3% para las aportaciones a las arcas públicas (73.520 millones de euros) y en un 9,1% para la remuneración a empleados (43.726 millones de euros), entre otros conceptos, lo cual supone una aportación directa al PIB español.
Así, de todos los sectores de actividad, el principal agente beneficiado son los proveedores y prestadores de servicios. La cadena de suministro resulta, de esta forma, el principal receptor del valor económico directo distribuido de la gran empresa española; seguido de los pagos a las administraciones públicas, de los cuales 23.868 millones de euros (32,5%) corresponden a tributos propios pagados (soportados) y 49.652 millones de euros (67,5%) a tributos de terceros (recaudados) por la actividad económica generada por las empresas.
En cuanto a los pagos a empleados (43.726 millones de euros), el estudio descuenta los impuestos asociados al empleo pagados por la gran empresa española - 19.489 millones - dado que se integran en la partida de pagos a las administraciones públicas. Asimismo, el estudio subraya que la gran empresa española emplea, de manera directa para realizar su actividad en los distintos territorios en los que opera, a más de 1.700.000 trabajadores, siendo el valor económico generado por empleado de 280.000 euros.
Adicionalmente, el informe refleja la inversión que realizan este tipo de compañías en proyectos de Responsabilidad Social Corporativa, contribuciones a asociaciones benéficas, ONGs, institutos de investigación (no relacionados con I+D), fondos para apoyar las infraestructuras de la comunidad o los costes directos de sus programas sociales. Se estima que, en 2019, la gran empresa española realizó aportaciones a entidades sin ánimo de lucro por valor de 454 millones de euros -incluye las aportaciones tanto monetarias como en especie-.