Este cambio legislativo, que entrará en vigor el próximo 3 de septiembre, contempla el derecho de las personas con discapacidad a entender y ser entendidas en cualquier actuación que deba llevarse a cabo en los juzgados. Para ello, la norma hace mención expresa a la interpretación en las lenguas de signos reconocidas legalmente (lengua de signos española y lengua de signos catalana), así como a la participación de profesionales mediadores que actúen como facilitadores realizando las tareas de adaptación y ajuste necesarias para tal fin. Tal es el caso de profesionales sordos mediadores y adecosores (agentes de desarrollo de la comunidad sorda) que han trabajado en este ámbito en repetidas ocasiones durante procesos judiciales en los que han participado ciudadanos y ciudadanas sordas.
“La justicia ha de ser igual para todos y todas, y como tal, debe garantizar el respeto a nuestros derechos lingüísticos”, ha manifestado la presidenta de la CNSE, Concha Díaz. “Estas medidas resultan clave para avanzar en la seguridad y en la plena tutela judicial efectiva de las personas sordas”.