Así, la ASPAC ha señalado que la reforma no será efectiva, especialmente en la situación en la que nos encontramos, si no existe un marco regulatorio que proporcione seguridad jurídica a los profesionales de la Administración Concursal en cuanto al acceso a la profesión, sus funciones y su retribución. Dada la crisis económica provocada por la emergencia sanitaria, han sido muchas las empresas que se han visto con problemas de insolvencia. Para ASPAC, estas compañías tienen derecho a ser asistidas por verdaderos expertos que puedan contribuir a la salvación de las empresas viables ante el aluvión de concursos de acreedores que se prevé llegará tras el fin de la moratoria concursal.
Diego Comendador, presidente de ASPAC, ha señalado que “de media, en nuestro país hay unos 12.000 administradores concursales para 3.000 procedimientos. La existencia del Estatuto puede acotar este dato insostenible, que supondría una garantía tanto para el administrador concursal como para la empresa concursada y sus acreedores al tener equipos altamente especializados. Esta enésima reforma, aunque contiene avances como el examen de acceso a la profesión, no solucionará el problema del alargamiento innecesario de los procedimientos concursales ni evitará que empresas viables vayan a liquidación”.
Sin contar con la opinión de los verdaderos conocedores de los procedimientos concursales
La Asociación ha mostrado su inquietud porque el Ejecutivo no tenga en cuenta la opinión de los Administradores Concursales, verdaderos expertos y conocedores de los procedimientos concursales, junto con los jueces. Desde ASPAC han transmitido en distintas ocasiones su interés por formar parte de la redacción del texto de la Ley Concursal a través de su conocimiento de la materia. Sin embargo, sus peticiones no han sido escuchadas.
Entre las medidas para mejorar la Ley Concursal que ASPAC ha trasladado a la Administración de manera continua, se encuentra la de descargar de trabajo los juzgados dándole mayor responsabilidad a los Administradores Concursales.
El presidente de ASPAC finaliza: “el papel del profesional es fundamental en los procesos de elaboración de leyes regulatorias en cualquier ámbito. Desde ASPAC hemos puesto a disposición de las administraciones nuestro conocimiento y experiencia sobre la insolvencia con el objetivo de construir un marco que apoye la viabilidad de las empresas y la recuperación económica. Ahora, ante la presentación de una reforma que no cumple con lo establecido por la Directiva Europea, seguiremos insistiendo en la entrada en vigor del Estatuto del AC para contar con un sistema que dé garantías a acreedores y deudores, como tienen nuestros vecinos europeos”.