En la Resolución publicada ayer se hace hincapié en que se debe otorgar una especial consideración a los intereses públicos con unagestión ejemplar de las incompatibilidades, de la prevención de los conflictos deintereses y de las conductas irregulares y de corrupción; obviamente a tal declaración de buenas intenciones no le vamos a escamotear un aplauso.
Recordemos que el RD Legislativo 5/2015 en su artículo 52 al fijar el código de conducta del empleado público ya establece que los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los principios éticos y de conducta regulados en los artículos 52 y 53 ya reseñados.
Y en el propio Plan Estratégico 2020-2023, por la trascendencia de los valores institucionales citados, ya se anunciaba la emisión de un compromiso explícito de la Agencia Tributaria con su observancia, y así tal compromiso debía ponerse de manifiesto a través de una declaración institucional, que implicaría la elaboración de un código de principios y de conducta aplicado a las peculiaridades y actividad específica de la Agencia Tributaria, de acuerdo con principios y recomendaciones de los órganos internacionales y de responsabilidad corporativa al respecto.
La Comisión Consultiva de Ética constituye, en definitiva, un consejo consultivo y asesor de expertos que aportan su experiencia para la mejora transversal de la organización. Sus decisiones deberán afectar e influir a todos los niveles y conformar una guía clara, transparente y rigurosa sobre cómo actuar en las diferentes situaciones que en relación con la ética institucional puedan plantearse.
Recordemos que el Comité de Dirección de la Agencia Tributaria ha emitido una Declaración Institucional del Compromiso Ético de la Agencia Estatal de Administración Tributaria donde la agencia Tributaria se compromete, de acuerdo con su Misión, a aplicar con objetividad y equidad el sistema tributario y aduanero, obligándose a dar un tratamiento justo y equitativo a todos los contribuyentes, sin privilegios de ningún tipo.
En tal declaración adquiere un compromiso de colaboración con los ciudadanos, y se compromete a la adopción de medidas para reducir la conflictividad a los efectos de alcanzar las tan necesarias mayores cotas de seguridad jurídica. Se compromete a apoyar el cumplimiento voluntario de los ciudadanos, y en particular, de aquellos con menores recursos para la efectiva realización de sus obligaciones. Y en dicha Declaración también se compromete como no podía ser de otra manera a dedicar una especial atención a combatir el fraude fiscal, sobre todo de aquellos que cuentan con mayores recursos y medios para tratar de eludir ilícitamente el pago, defraudando en detrimento del conjunto de la ciudadanía.
Sin restar un ápice de importancia a todo lo demás, me parece fundamental y urgente por esta reciente creada Comisión Consultiva de Ética –por estar legitimada hará lo que considere oportuno, y todo mi respeto ante ello- abordar sin demora la cuestión del incremento de la seguridad jurídica en aras de reducir la conflictividad en el ámbito tributario; seguridad jurídica que, sin ser la única vía, aumentaría mediante la evitación al máximo del uso de los conceptos jurídicos indeterminados en todos los ámbitos del extenso campo tributario.
Un exceso de conflictividad que estaremos todos de acuerdo que interesa reducir al perjudicar a todos los agentes económicos como integrantes de una colectividad y no solo a los contribuyentes a título particular, incluso creo que hay alguna Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado que ha mencionado la existencia de cierta saturación de los Tribunales Económico Administrativos, lo que implica en perjuicio de la hacienda pública la posibilidad en un momento dado de incurrir en el riesgo de prescripción de no pocos expedientes, con lo que ello implica para las arcas de la administración.
Para terminar seamos positivos y optimistas y esperemos que la Comisión Consultiva de Ética creada funcione y en esta ocasión no se haga buena la frase de Napoleón Bonaparte: “Si quieres que algo sea hecho, nombra un responsable. Si quieres que algo se demore eternamente, nombra una comisión”.