Domingo 31 de octubre de 2021
Un 45,7% de españoles opinan que se hacen” pocos esfuerzos” para luchar contra el fraude fiscal, mientras que un 15,3% opina que se hacen “muy pocos esfuerzos” en controlar estas irregularidades. id:77375
El fraude fiscal en España es un tema que preocupa a la ciudadanía. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), más de un 93% opina que el fraude fiscal tiene un impacto negativo en la sociedad, mientras que solo el 1% cree que no tiene efectos importantes.
En la inauguración del IV Congreso Nacional Antifraude de la World Compliance Association, Diego Cabezuela, socio fundador y abogado de Círculo Legal, ha mantenido que la lucha contra el fraude, en general, y la corrupción “no es asunto fácil, cuesta mucho cambiar los vicios anclados en una sociedad durante muchas generaciones”.
Los datos publicados por el CIS muestran que más de un 90% de la población cree que existe “mucho” o “bastante” fraude fiscal en España. Para Diego Cabezuela, es necesario que “desde las Administraciones Públicas se proteja a los denunciantes o alertadores que se atreven a sacar a la luz casos de fraude”, añadiendo la necesidad de contar definitivamente con “una Administración Pública neutral, profesional y trasparente”.
Sobre la protección de los denunciantes, el abogado resaltó el papel decisivo de la Directiva Europea de próxima implementación en España que, además de brindar a los denunciantes una sólida protección legal, los reconoce como “personas que prestan un servicio impagable a la sociedad”.
Pese a la gran cantidad de casos de corrupción que se producen en España, Cabezuela puso en valor la capacidad de respuesta del sistema judicial pese a la lentitud de los procesos. Apuntó que, “pese a la mala percepción que los españoles tenemos de nuestra propia justicia, esta se halla bien situada en los rankings internacionales, por delante de países como Estados Unidos o Francia”.
El pico más alto de la preocupación por el fraude fiscal en España fue en 2017, cuando más de un 95% de los encuestados en el estudio del CIS consideraron que había “mucho” o “bastante” fraude fiscal. 2017 fue el año en el que se produjo la condena de Iñaki Undargarin. Diego Cabezuela señaló que para combatir el fraude y la corrupción es preciso “un derecho que esté por encima de los gobernantes y unos tribunales libres e independientes, a los que no les tiemble la mano, y en los que cualquier ciudadano pueda confiar”.
También aludió en su presentación al preocupante crecimiento de la ciberdelincuencia en los últimos años y a las graves dificultades que entraña prevenir o neutralizar este fenómeno. En su opinión, indicó, las nuevas formas de ciberdelincuencia están dejando “fuera de juego muchos de los sistemas de protección”.
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