El 71% de las empresas, dos puntos más que en la oleada de primavera, tiene que aceptar plazos de pago superiores a los deseados para poder mantener su cartera de clientes. El mejor comportamiento se registra en el sector público: solo el 5% de las empresas que tiene relaciones comerciales con la Administración se ve obligado a aceptar una extensión indeseada de los plazos de pago. La capacidad de los autónomos para imponer plazos de pago se sitúa en el 15% y desciende respecto a la anterior oleada.
La pandemia ha modificado el comportamiento de los dos principales segmentos de empresa en los que se apoya la economía española: las tres anteriores oleadas registraron un peor comportamiento entre las pymes que en la gran empresa, algo inédito desde que Crédito y Caución e Iberinform comenzaron a elaborar este estudio. Por un lado, eran síntomas del esfuerzo de las grandes empresas durante la crisis por no agravar las tensiones de liquidez entre sus proveedores y, por otro, del intento de las pymes, con peor acceso a las fuentes de liquidez, de trasladar a través de la cadena de valor los problemas de tesorería generados por la pandemia. Sin embargo, la oleada de otoño muestra la corrección de esta tendencia: mejora cuatro puntos el comportamiento de las pymes y empeora ocho el de las grandes empresas. El resultado es que el 41% del tejido productivo ha tenido que aceptar plazos de pago superiores a los deseados por parte de ambos segmentos.
Al abordar las razones que explican la morosidad empresarial, la oleada de otoño refleja un crecimiento significativo de ocho puntos de los retrasos intencionados por parte de los clientes. No obstante, en las dos oleadas de 2021 la falta de disponibilidad de fondos constituye la razón más citada, por delante del retraso intencionado de los clientes, la complejidad del procedimiento de pagos, las disputas sobre la calidad de los bienes y servicios suministrados o la emisión de facturas incorrectas.