Durante la sesión, ambas entidades han aprovechado para trasladar a los poderes políticos y a la opinión pública en general un mensaje institucional en el que se recogen algunas reflexiones sobre la política energética a largo plazo y una serie de propuestas que podrían ayudar a mitigar la excesiva subida de la factura de la electricidad. id:78110
El
Consejo General de Economistas de España (CGE) y la
Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) han celebrado hoy una sesión
online titulada
Formación del precio de la electricidad, organizada conjuntamente por ambas entidades, con el objeto de explicar de forma didáctica el
funcionamiento del mercado de la electricidad en España,
la formación de sus precios y los determinantes de sus
costes de producción. Uno de los objetivos de la jornada es ayudar a centrar las ideas
sobre el margen real que hay para actuar sobre la factura de la luz y evitar la demagogia en el tratamiento de la información sobre esta importante cuestión.
La exposición ha corrido a cargo de Diego Rodríguez, catedrático de la UCM, investigador de Fedea y experto en la regulación de la electricidad en España. Partiendo de los distintos componentes de la factura eléctrica, Rodríguez ha ido detallando las palancas sobre las que ha actuado el gobierno y la evolución previsible de costes y precios para concluir con una serie de recomendaciones. En el acto también han participado el presidente del Consejo General de Economistas de España (CGE), Valentín Pich, y el director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente.
Para Diego Rodríguez, “aunque las perspectivas de medio y largo plazo son de una reducción de los precios de la electricidad, el corto plazo va a seguir caracterizado por precios altos, especialmente hasta el segundo trimestre del próximo año. Esta es una situación común a todos los países europeos, pero agravada en países periféricos como España, con mayor peso del gas en el mix de generación y menor grado de interconexión”.
En cuanto a la formación de los precios de la electricidad en nuestro país, Rodríguez considera que debe huirse de soluciones poco meditadas, no dialogadas ni informadas por los organismos de control habituales: “el conjunto de herramientas disponibles está marcado por la Unión Europea, que ya ha indicado recientemente los efectos contraproducentes que pueden tener políticas poco reflexionadas de vuelta a un sistema de precios regulados mayoristas”.
Según este experto, esto hace que, entre las medidas para actuar sobre la factura de la luz cobre especial importancia el tratamiento de la fiscalidad y de algunas cargas parafiscales como los extracostes de generación no peninsulares. En cualquier caso, señala, debe seguir prestándose atención preferente a los consumidores vulnerables, con un seguimiento activo de la efectividad de las medidas paliativas que se vayan tomando en este ámbito.
Tras la exposición de Diego Rodríguez, han tomado la palabra Valentín Pich y Ángel de la Fuente, quienes han valorado positivamente, en líneas generales, las últimas acciones del Gobierno –que entraron en vigor el pasado 16 de septiembre– para intentar contener la subida del precio de la electricidad, sobre todo en lo relativo a la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad a una décima parte –tal como se había solicitado desde Fedea –. No obstante, los representantes del Consejo General de Economistas y de Fedea consideran que cabría implementar otras medidas paliativas para intentar atenuar esta subida de tarifas, entre ellas algunas de índole tributario como, por ejemplo, eliminar el impuesto de generación del 7% de forma definitiva, modificar el sistema de retribución regulada que se aplica a ciertas renovables para evitar que se acumule una sobre-retribución que luego habrá que devolver y revisar los mecanismos de extracción de rentas extraordinarias que se han introducido para mejorar su equidad y facilitar su gestión. A más largo plazo, debe abordarse también una reforma global de la fiscalidad medioambiental que contribuya a acelerar el proceso de descarbonización y a repartir sus costes de forma más equitativa.
A este último respecto, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, ha señalado que “sería necesario llevar a cabo una reforma de la fiscalidad medioambiental que tenga recorrido a largo plazo”. Para llevarla a cabo, según Pich, “habría que empezar por acometer con urgencia la reforma de la financiación autonómica, ya que, de no hacerse, será muy difícil hacer un desarrollo ordenado de la capacidad normativa en materia impositiva de las CCAA, que en algunos tributos, como los medioambientales, resulta farragosa y extremadamente compleja”.
Por su parte, el director de Fedea, Ángel de la Fuente, ha señalado que es importante no precipitarse sobre las medidas de corto plazo a adoptar. Según de la Fuente, “la experiencia reciente muestra que medidas improvisadas y poco pensadas pueden tener efectos negativos no esperados. Una actuación precipitada puede terminar distorsionando las señales de precios e incentivos que son básicas para estimular el cambio de modelo energético a medio y largo plazo”.
Por último, el presidente del CGE y el director de Fedea han trasladado, en nombre de las dos entidades a las que representan, un mensaje institucional (que se incluye a continuación) en el que se recogen 10 reflexiones, consideraciones y propuestas con ánimo de contribuir a un debate serio sobre la política energética y el precio de la electricidad en nuestro país:
Sobre la escalada de los precios de la electricidad
MENSAJE INSTITUCIONAL DE FEDEA Y EL CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS
(10 reflexiones, consideraciones y propuestas)
El Gobierno ya ha utilizado los dos instrumentos de rebaja directa de la factura eléctrica que están a su disposición: reducciones de cargos y de impuestos. Dada la actual situación, debería plantearse la extensión de las medidas adoptadas al primer trimestre de 2022. Por otra parte, estas actuaciones han generado un desequilibrio en el sistema de ingresos y pagos regulados para cuya solución debería explorarse la posibilidad de la reliquidación anticipada del exceso de retribución regulada a la generación renovable sujeta a ese régimen. También debería valorarse la posibilidadde trasladar a los Presupuestos Generales del Estado la parte de los extracostes peninsulares que aún se paga a través de la factura eléctrica.Puesto que estos costes responden a consideraciones de solidaridad interterritorial, su mecanismo natural de financiación son los presupuestos públicos y no la factura eléctrica.
Algunas de las medidas fiscales que se han tomado con carácter transitorio deberían convertirse en permanentes y otras deberían eliminarse lo antes posible. En ese sentido, debería abordarse ya la eliminación del Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, que se traslada a un mayor precio de mercado y distorsiona nuestros intercambios internacionales de energía. La reducción que ello implicaría en ingresos para el sistema de liquidaciones puede ser compensada por el aumento de los ingresos provenientes de las subastas de derechos de emisión de CO2. En el caso del IVA, sin embargo, las modificaciones temporales del tipo aplicable a la electricidad nos alejan de la deseable neutralidad impositiva entre vectores energéticos. En cualquier caso, se requiere una reforma que adopte una visión global del conjunto del sector energético y tenga en cuenta la reforma en curso de la Directiva de fiscalidad energética, la extensión del Régimen de comercio de derechos de emisión y otras medidas anunciadas como la aplicación de peajes en vías de alta capacidad.
Debe seguir prestándose especial atención al tratamiento de los consumidores domésticos vulnerables. Valorándose positivamente la ampliación de los porcentajes de descuento en el bono y otras medidas de protección social ya aprobadas, debería evaluarse si es adecuado el nivel de protección actual, si están bien identificados los colectivos más necesitados y cómo se complementan estas medidas con otras políticas de renta y en particular con el IMV.
La actual configuración del precio minorista regulado (PVPC), referenciado a los precios diarios de mercado, ha acentuado la alarma social en un contexto de precios extraordinariamente altos y volátiles. Sería conveniente ligar este precio, al menos en parte, a los precios de contratos a plazo para dotarlo de mayor estabilidad.
Las posibles intervenciones de extracción de rentas no deben interferir en el funcionamiento eficiente del mercado mayorista, que debe preservarse. La detracción de parte de los ingresos asociados al mayor precio del gas podría llevarse a cabo de una forma más sencilla y transparente actuando a posterioria través del impuesto de sociedades en lugar del complejo y polémico mecanismo implementado. Una posibilidad a considerar sería la imposiciónde un recargo transitoriosobre el incremento delos beneficiosde generadoras y comercializadoras eléctricas con respecto a los niveles previos a la escalada de los precios del gas. Por otra parte, hay elementos de la regulación que deberían revisarse. Entre ellos está el uso del agua para el aprovechamiento hidroeléctrico, que debería regirse por un sistema concesional en régimen de competencia.
La evoluciónde los mercados de electricidad durante las últimas décadas, caracterizada por una moderada volatilidad y bajos precios, no ha estimulado el desarrollo de una cultura de aseguramiento en el precio mediante coberturas de futuros. Sin embargo, el peso creciente de las renovables implica una mayor volatilidad del precio mayorista, lo que aconseja explicar a ciudadanos y empresas las posibilidades de contratación a plazo.
Las intervenciones de corto plazo que puedan ser necesarias para hacer frente a situaciones coyunturales no deberían distorsionar las señales de largo plazo. El mantenimiento de la estabilidad regulatoria y el libre juego delas señales de inversión ligadas a la rentabilidad de las distintas opciones de generación y la internalización del coste de las emisiones es básico para avanzar en el cambio del mix de generación hacia fuentes renovables.
Las intervenciones regulatorias poco meditadas, y no discutidas previamente, pueden generar efectos contrarios a los pretendidos. Las reformas deben discutirse antes con los agentes (consumidores, productores, comercializadores) y ser objeto de informes previos de los organismos pertinentes (CNMC y Consejo de Estado) con el fin de asegurar la mejor regulación posible.
La transición energética puede tener efectos asimétricos sobre los territorios, los hogares y las empresas. Debe prestarse especial atención a los aspectos distributivos. Para ello es relevante saber qué impactos se desea mitigar y sobre quién debe recaer el esfuerzo de mitigación. Debe darse la mayor transparencia a las subvenciones, exenciones o bonificaciones a los colectivos protegidos.
Las inversiones para la descarbonización en la lucha contra el cambio climático van a absorber importantes recursos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en línea con las directrices europeas. Es necesaria una evaluación ex ante y ex post que garantice el uso eficiente de esos fondos, de modo coherente con el principio de maximización del bienestar social.