Por otra parte, la facturación electrónica va a permitir trazabilidad (aspecto muy importante), pero es insuficiente, porque si cuando pagas mal no te pasa nada, continuarás pagando mal, porque es lo que viene sucediendo continuamente. La morosidad es uno de los mayores problemas que afectan a la supervivencia de las pymes. Para que la ley sea eficaz y eficiente debería implementarse un régimen de sanción de incumplimiento.
NECESIDAD DE UN RÉGIMEN SANCIONADOR
Lamentamos profundamente que ya ha pasado más de un año desde que el Congreso aprobara por unanimidad sacar adelante el régimen sancionador. Para agilizar el proceso dada la urgencia por la situación de las pymes, no tenían más que aprobar las enmiendas ya negociadas previamente para la Ley presentada con anterioridad, pero lo único que ha ocurrido han sido las numerosas ampliaciones del plazo de enmiendas, más de 40. Situación injustificable después de que fue aprobada como acuerdo en la Comisión de Reconstrucción y tomada en consideración por todos los grupos parlamentarios.
PREVISIONES
La no solución de la morosidad nos lleva a augurar un empeoramiento de la situación financiera de las pymes, que ya es delicada y sobre la que incide sobremanera la morosidad. En nuestro último análisis de las empresas del IBEX constatamos que el plazo medio de pago era de 191 días frente a los 60 legales (más que triplicándolos). En cuanto a las AA.PP., vemos en los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda que los ayuntamientos pagan a una media de 70 días, en vez de a un máximo de 30 como marca la ley. La ratio de las operaciones pendientes de pago del conjunto de los ayuntamientos a septiembre superaba los 142 días.
Desde la PMcM, hemos argumentado en numerosas ocasiones que combatir la morosidad salva empresas. En la actualidad, medio millón de empresas están en riesgo de quiebra principalmente por el retraso en los pagos. Atendiendo a nuestro último estudio, el “Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2020” (elaborado a finales de 2020 a partir de cerca de 800 encuestas realizadas a sus organizaciones asociadas y ajenas), el 16% de los encuestados vieron claramente que los plazos en los que estaban cobrando no permitían la viabilidad de sus negocios, y el 48% creía que sus plazos de cobro continuarían empeorando durante 2021. Según declaran los encuestados, si cobraran todas sus facturas a tiempo, el 11% reducirían su necesidad de financiación en más de un 40, y el 24% de los encuestados la rebajarían entre un 20% y un 40%.
No salir de este bucle de impagos a proveedores de forma inminente podría llevarnos a una situación sin precedentes y con graves consecuencias para el tejido empresarial, con la consecuente desaparición de empresas. El retraso en los pagos no se puede justificar de ninguna manera, más si cabe en empresas que tienen liquidez. Recordemos que, según las estimaciones realizadas por la PMcM sobre los datos de la CNMV referidos a 2020, las compañías cotizadas liquidaron sus facturas en un periodo medio de 200 días, triplicando el plazo legal permitido (60 días) y aumentando 14 días respecto a 2019. Además, tenían en cartera 81.786 millones de euros sobrepasando los 60 días legales.