Finalizado el plazo de previsto, el pasado 30 de junio, Unión de Uniones requirió mediante escrito dirigido al Ministerio competente, el de Transición Ecológica y Reto Demográfico, para que diera cumplimiento a dicha disposición, sin haber obtenido respuesta ni haber trascendido ningún trabajo por parte del Gobierno para avanzar en el desarrollo de un contrato eléctrico que permita a los agricultores no pagar por una potencia que no necesitan durante las épocas en las que no se riega.
“Cuando las tarifas eléctricas se han multiplicado por 5 en el último año” manifiestan desde la organización “no podemos resignarnos a que el Gobierno haga caso omiso a lo que dice la Ley y por eso hemos llevado el tema a los tribunales”.
Unión de Uniones ha presentado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal supremo un recurso contra el Gobierno basándose en que la inactividad al no dar cumplimiento a lo dispuesto en la disposición final cuadragésimo quinta de la Ley está ocasionando un perjuicio a los agricultores que pueden acogerse a un contrato de acceso eléctrico que les resultaría más económico al reducir el coste durante la época en la que no se riega.
La organización ha planteado también al Ministerio de Agricultura otras medidas de carácter fiscal, técnico y financiero para apoyar a agricultores y ganaderos en la actual situación, con una subida acelerada de los costes productivos que las explotaciones no tienen capacidad para repercutir en los precios a los que venden.