Por ello, la Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes (Andimat) demanda al Gobierno la emisión de un informe de control y verificación común, realizado por una tercera parte independiente que acredite el cumplimiento de las actuaciones en cuanto a la reducción de la demanda y el consumo de energía.
Una de las primeras medidas por las que aboga esta asociación es solicitar la obligatoriedad del seguro trienal, que tiene carácter voluntario en la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), y que ofrece una herramienta de control para asegurar que se cumplen los requisitos de Código Técnico de la Edificación (CTE). “Sin mecanismos de control como este tipo de seguro, que cubriría los requisitos de habitabilidad del edificio (como el aislamiento y la impermeabilización) durante los primeros tres años, es difícil asegurar el cumplimiento del Plan de Rehabilitación”, manifiesta Luis Mateo, director General de Andimat.
El seguro trienal garantiza, además, al usuario que su inversión en rehabilitación es rentable. Hasta el momento la LOE establece la obligatoriedad del seguro decenal -cubre los daños estructurales y de cimentación de obra nueva o rehabilitada durante los primeros 10 años-, pero, en cambio, no garantiza la habitabilidad de la vivienda, ya que el seguro trienal no es obligatorio. De esta manera, el usuario pierde la capacidad para reclamar por defectos o daños materiales originados en su vivienda durante los tres primeros años.
“El mayor número de reclamaciones y siniestros se producen durante los tres primeros años de rehabilitación de un edificio, por lo que la obligatoriedad del seguro trienal aportaría seguridad y tranquilidad no solo a los propietarios y ocupantes, sino también a las empresas promotoras y constructoras, y a todos los agentes que intervienen en la edificación”, asegura Mateo.
En la actualidad el seguro trienal se puede contratar como garantía adicional al seguro decenal, pero su carácter voluntario merma las coberturas de la póliza y, en consecuencia, las garantías que proporciona respecto a las prestaciones esperadas de cubiertas, fachadas e instalaciones. En el caso del aislamiento, las reparaciones por una mala ejecución cuestan entre tres y cuatro veces más que hacerlo correctamente en la fase de obra.
“El sector de la edificación se juega mucho en los programas de rehabilitación, por lo que debemos garantizar que las cosas se hacen bien, y el control en obra es una herramienta necesaria para ello”, concluye el director General de Andimat.