En opinión de la patronal, la experiencia que se pide actualmente para clasificar la capacidad técnica de las constructoras perjudica gravemente a muchas de ellas con experiencia y solvencia sobradamente acreditadas que, sin embargo, se encuentran inhabilitadas para la ejecución de importantes contratos.
Desplome de la contratación pública
En este sentido, CNC recuerda que el periodo computable para acceder a las licitaciones pasó de cinco a 10 años, fundamentalmente, para combatir el hundimiento de la contratación pública en infraestructuras desde la anterior crisis financiera, especialmente acentuada a partir de 2010.
Y es que, mientras que la licitación pública ascendió a más de 46.000 millones de euros en 2006, ésta se desplomó por debajo de los 10.000 millones en 2012. En 2019, el volumen licitado por parte del sector público se situó por encima de los 18.000 millones frente a los 14.541 millones en 2020. Es decir, una tercera parte de lo que se licitaba casi 15 años atrás, en 2006.
En este marco, la patronal sostiene que al eliminarse del cómputo los años de más actividad en la construcción de infraestructuras y establecerse únicamente los últimos cinco años en un contexto de caída prolongada de la contratación pública, se está discriminando y dificultando el acceso a las licitaciones de muchas compañías.
Como ejemplo, CNC explica que si en los últimos cinco años una empresa constructora con capacidad técnica acreditada y solvencia económico-financiera no hubiera realizado presas, aeropuertos o túneles, podría perder su clasificación en la categoría correspondiente. De manera que si en el futuro se licitaran obras de la misma naturaleza la compañía se vería imposibilitada para acudir a dichas licitaciones.
Asimismo, la patronal alerta de que la ley vigente afecta negativamente a los distintos órganos de contratación del sector público, reduciendo tanto la competencia entre empresas como sus posibilidades de elección de constructoras.
Según el presidente de la Construcción, Pedro Fernández Alén, “la ampliación de la experiencia exigida a las constructoras para acceder a los contratos públicos también ayudaría a ejecutar los fondos europeos en tiempo y forma, teniendo en cuenta que nuestro sector canalizará unos siete de cada diez euros provenientes de Europa. Sería un importante estímulo para la construcción, ahora mismo amenazada por el alza de las materias primas, la crisis de los materiales o la falta de mano de obra. Urge cambiar la ley para favorecer el efecto tractor que tiene nuestro sector sobre el resto de la economía”.