El principal tema que se ha cuestionado por parte de los peritos judiciales es si podía considerarse como participativo el préstamo recibido por Plus Ultra Líneas Aéreas en 2018 (dos años antes de que estallase la pandemia y se creasen los fondos de la SEPI). La calificación como participativo permitió reforzar el balance de la aerolínea y sus ratios de solvencia.
Aunque los peritos judiciales han reconocido que se reflejó correctamente desde el punto de vista tanto contable como legal, han insistido en que no creían que fuese verdaderamente un préstamo participativo.
Una matización efectuada sin ningún argumento técnico o legal u objetivo, a pesar de las insistentes preguntas al respecto de distintas partes personadas en la causa, incluida la propia juez Esperanza Collazos.
Por su lado, los asesores de SEPI, Deloitte y DC ADVISORS han defendido con toda solvencia y contundencia el carácter claramente participativo del préstamo, aportando numerosos argumentos de carácter tanto técnico como legal. La naturaleza participativa fue validada igualmente por el auditor de cuentas de la aerolínea y por la propia AESA -que conoce toda la operación-.
Por lo tanto, las conclusiones del careo entre peritos celebrado hoy no han aportado elemento alguno que pudiera conducir a dudar de la situación de 'empresa no en crisis' de Plus Ultra Líneas Aéreas al cierre de 2019.
No hay tampoco elementos que demuestren que no se cumpliera por parte de la aerolínea con los requisitos de elegibilidad que exige la normativa para otorgar las ayudas a la solvencia a empresas estratégicas. Se trata -como el propio peritaje solicitado por la aerolínea reconoce en alguno de los puntos de su informe y como se ha podido comprobar en el careo de hoy- “de una cuestión subjetiva”, por lo que no puede resultar suficiente para apreciar, ni siquiera indiciariamente, ningún hecho punible penalmente y, por tanto, sería algo ajeno a la gravedad de un tribunal penal.
Para Plus Ultra Líneas Aéreas, de todos estos hechos se desprende claramente que "se cumplían todos los requisitos de elegibilidad" que exige la normativa para otorgar las ayudas a la solvencia a empresas estratégicas, tal y como la aerolínea ha expresado y demostrado en numerosas ocasiones en distintos entornos durante los pasados meses. La aerolínea ha sido totalmente transparente en la documentación aportada al expediente de la ayuda pública, de manera que no hay ni ha habido ninguna información o documentación a la que no hayan tenido acceso los peritos, ni de SEPI ni los designados por el Juzgado.
Por tanto, para la aerolínea, y una vez acreditado en el careo la existencia de simples diferencias técnicas o de valoración contable, y habiéndose reafirmado los asesores de SEPI en sus conclusiones, la causa debería de archivarse a la mayor brevedad posible.
De otro modo se prolonga injustamente el enorme daño que se está haciendo a la reputación de la compañía, a sus accionistas y a sus más 350 empleados, al utilizarse instrumentalmente esta causa judicial por parte de determinados partidos políticos y medios de comunicación para intentar justificar un comportamiento inapropiado de la aerolínea o atacar su solvencia o capacidad, pese a que estos supuestos nunca se han producido ni deberían haber estado en duda.
Una prueba más de que Plus Ultra Líneas Aéreas está siendo utilizada como un arma arrojadiza en una batalla política en la que no tiene nada que ver son las declaraciones hechas hoy por VOX a los medios tras el careo judicial, en las que la formación política afirma que: “la aerolínea disfrazó su situación para poder acceder a la ayuda pública”, algo metafísicamente imposible porque el préstamo participativo que ahora se cuestiona se registró en las cuentas en 2018, dos años antes de que estallase una pandemia totalmente imprevisible y de que se creasen las ayudas de la SEPI para paliar el impacto económico que esta provocó en las empresas españolas.