El administrador de la infraestructura ferroviaria pretende así evitar que estos dispositivos, conocidos como drones, puedan interferir en la circulación de trenes o causar algún daño o incidencia en instalaciones como catenarias, subestaciones eléctricas, puentes o túneles, entre otras.
Con este fin, Adif ha licitado un contrato para analizar, definir y tramitar ante los organismos pertinentes las restricciones que deben aplicarse al vuelo de estas aeronaves no tripuladas alrededor de la red ferroviaria y sus instalaciones, así como las condiciones y requisitos para aquellos que se autoricen.
El contrato para realizar todos estos trabajos se ha licitado por importe de 94.757,16 euros (IVA incluido) y con un plazo de ejecución de seis meses.
Para definir el espacio aéreo protegido en torno a la red se analizarán las soluciones que al respecto están adoptando otros administradores de infraestructuras ferroviarias europeos.
Asimismo, se tendrá en consideración la extensión y las distintas características que presenta la red ferroviaria española, y la elevada cantidad de instalaciones, estructuras, edificios y otros activos asociada a la misma.
También se definirán las diferentes restricciones y niveles de protección que se requerirán en función de los distintos tipos de instalaciones y las condiciones del entorno en el que se ubiquen, esto es, si se trata de una zona urbana o rural.
De esta forma, se pretende que las limitaciones se adapten y respondan a la variada casuística que presentan los distintos activos y elementos de la red ferroviaria.
El adjudicatario del contrato deberá además gestionar y realizar los trámites correspondientes con los órganos competentes en la materia, mediante la redacción y presentación de toda la documentación técnica y legal que sea necesaria.
Nuevos requisitos ante nueva coyuntura
Adif establecerá este espacio aéreo protegido, y estas limitaciones, al considerar que la proliferación general del uso de aeronaves no tripuladas lleva a la necesidad de establecer nuevos requisitos para garantizar la seguridad de todo tipo de bienes e infraestructuras.
Ante esta nueva coyuntura, una de las principales medidas que se contemplan desde los distintos reglamentos y directrices vigentes consiste, precisamente, en establecer espacios aéreos de navegación restringida para determinadas zonas de especial interés, dado el potencial riesgo que el vuelo de estos dispositivos puede suponer.
Esta iniciativa contribuye a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como es el número 9, que promueve infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad, y el número 3 que fomenta la salud y el bienestar.