Guillem López Casasnovas, catedrático de Economía de la UPF, y miembro de la Comisión de Personas Expertas que ha elaborado el Libro Blanco, resaltó que “el análisis técnico de una disfunción fiscal causada por un impuesto no permite enjuiciar su abolición, lo que constituye un tema ideológico político, sino corregirla, abogando por su reforma. Este es el objetivo de la Comisión de la Reforma Fiscal en la que como experto he participado”.
El profesor LÓPEZ CASASNOVAS expresó su opinión de que “quien se preocupe de adaptar nuestro sistema fiscal para un mejor funcionamiento de la economía, recuperando una eficiente asignación de recursos, no interferida o sólo mínimamente por los excesos de gravamen, se debe ocupar también hoy de los desequilibrios en el tratamiento fiscal entre tipos de activos (financieros, reales), entre formas empresariales diversas, y modalidades retributivas. Y en el caso de la tributación sobre la riqueza, de los desequilibrios territoriales forzados por una supuesta competencia fiscal. El análisis técnico de una disfunción fiscal causada por un impuesto no incluye enjuiciar su abolición, lo que constituye un tema ideológico político, abogando por su reforma. Este es el objetivo de la Comisión de la Reforma Fiscal en la que como experto he participado”.
López Casasnovas constata al respecto que “la globalización de la economía, la digitalización de las transacciones y la irrupción de activos patrimoniales de gravamen, amén de la deslocalización de actividades, está erosionando las bases imponibles. Ello fuerza a una recaudación fiscal centrada en los que ya contribuyen, a la vez que se abren brechas fiscales que benefician particularmente a los más ricos aumentando las desigualdades. Combatir el fiscal gap y mejorar el cumplimiento tributario es, en primer lugar, responsabilidad ciudadana y, a falta de dicha cultura fiscal, corresponde al Estado actuar para legitimar el sistema tributario”. Y añadió que “la mejor gestión del gasto no es una alternativa a la financiación sino un requerimiento para justificar el esfuerzo fiscal que está haciendo el contribuyente”.
En cuanto a la tributación sobre la riqueza, opina que tiene un lugar en nuestro sistema tributario, y así lo exige la Constitución, tanto como reflejo de la mayor capacidad económica como para la corrección de las desigualdades, y este tipo de tributación ayuda en la redistribución que el IRPF no consigue por sí solo. “Por ello, en el informe planteamos un Impuesto sobre el Patrimonio con un mínimo exento de un millón de euros, manteniendo la exención de 300.000 euros para la vivienda, el límite conjunto Renta-Patrimonio y una tarifa más baja que la actual. Por lo que se refiere al Impuesto sobre Sucesiones, abogamos por un mínimo exento elevado, una tarifa baja para los familiares cercanos, manteniendo la reducción para la transmisión de empresas familiares”. “Quienes quieran abolir el Impuesto sobre el Patrimonio renunciando a su reforma, deberían identificar qué otras fuentes de riqueza están dispuestos a gravar, como se hace en países europeos que no cuentan con aquel impuesto. Sin substitución, está claro a quién beneficia dicha abolición, sobrando para ello los comentarios técnicos”.
“Quienes utilizan la idea de menos impuestos para más recaudación –la llamada curva de Laffer– olvidan de que ello se basa en centripetar, insolidariamente, las bases fiscales de los vecinos. Además, no sabemos en qué parte de la curva de Laffer se sitúa cada cual, a efectos de orientar su bajada de tipos, lo cual puede acabar con una financiación de gasto social insuficiente. A quien va a perjudicar está reducción también, por evidente, no merece comentario técnico alguno”.
En cuanto a la tributación medioambiental, estima que “es una herramienta para conseguir los objetivos de frenar el calentamiento global, la contaminación y la escasez de recursos estratégicos, como el agua, y que tiene que desarrollarse al ritmo que permitan las circunstancias económicas y sociales. Por lo que se refiere a la adquisición y uso de vehículos, considera que se debe gravar no solo la adquisición, para que los agentes económicos se decanten por los más eficientes energéticamente y menos contaminantes, sino también su uso, porque las externalidades negativas que producen y el gasto de las infraestructuras que utilizan depende precisamente de ese uso”.
Preguntado sobre la reforma del Impuesto sobre Sociedades, expresa su parecer de que “los cambios más importantes vendrán dados por las modificaciones a nivel internacional, y que muchas de ellas serán a través de transposición de Directivas europeas. En todo caso, la reforma de este impuesto debería contribuir a mejorar la competitividad, la capacidad de innovación y el dinamismo empresarial, con el objetivo último de impulsar el crecimiento potencial de la economía española. Lo prioritario es reducir las distorsiones que pueda generar esta fuente de imposición sobre la actividad económica, para incrementar la actividad y la recaudación sin cambios en elementos centrales del tributo como son los tipos de gravamen”.
Por su parte, GREGORIO IZQUIERDO considera que, en cuanto a las medidas propuestas, que son muchas, “coincide con algunas, como por ejemplo con la revisión de la tributación de dividendos obtenidos en el extranjero, medida perjudicial para la competitividad de las empresas españolas y que, además, como refleja el informe no obtiene los resultados de recaudación previstos. También queda señalada la inutilidad de la medida de tributación mínima del 15% en el Impuesto sobre Sociedades porque la inmensa mayoría de nuestras empresas tributan por encima de ese tipo y la medida afecta casi exclusivamente a las que aplican deducción por I+D+i. La propuesta de que ese tipo mínimo no afecte a la deducción en I+D+i no nos puede parecer más acertada”.
Comentando las propuestas del Libro Blanco, Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos, manifestó que “no es momento de subir impuestos en la actualidad. En el ámbito de la imposición patrimonial se debería mantener la corresponsabilidad fiscal, ya que no existe Impuesto sobre el Patrimonio en la UE, y se tendría que reforzar la seguridad jurídica y ampliar las posibilidades de aplicación de la exención de la empresa familiar en el ámbito patrimonial”.
Por el contrario, “no está de acuerdo con la limitación a la deducción de pérdidas que se propone en el informe. Esta limitación supone agravar un régimen que el mismo informe de expertos considera de los más restrictivos de nuestro entorno”.
En el apartado de la tributación patrimonial, manifiesta “su total desacuerdo con el informe de expertos ya que, tras constatar que el Impuesto sobre el Patrimonio español es una excepción y que apenas recauda un 0,2% del PIB, propone coartar las competencias de las CCAA obligándolas a mantener dicho impuesto con unos tipos mínimos para todo el estado, lo que resulta poco comprensible y parece mostrar que esta conclusión estaba dirigida desde el principio más por motivos ideológicos que por razones tributarias. La experiencia de derecho comparado demuestra que este tipo de impuestos se ha eliminado en la práctica totalidad de países de nuestro entorno por considerarlo especialmente nocivo para la economía y contraproducente en recaudación puesto que se pierde más de lo que se recauda. Por lo tanto, debería eliminarse porque, sencillamente, no funciona”.
Para Izquierdo, “otro punto en el que no estamos de acuerdo es en lo relativo a la transmisión mortis causa de la empresa familiar y su tratamiento en el Impuesto sobre el Patrimonio, ya que, aunque el informe propugna mantener la exención, con lo que estamos de acuerdo, también recomienda reforzar el control sobre los requisitos para obtenerla, lo que llevará, aún más, a fomentar interpretaciones restrictivas que afectan a la empresa familiar de manera muy negativa. Al contrario que lo sugerido en el informe, el modelo vigente debe ser mejorado, eliminando o simplificando los requisitos para acceder al régimen especial, muchas veces excesivamente estrictos, así como los criterios de la inspección tributaria que generan inseguridad jurídica”.
Respecto a la tributación medioambiental, su opinión es que, “si bien el informe recomienda limitar la capacidad normativa de las Comunidades Autónomas en lo relativo a tributación sobre el ahorro (Patrimonio y Sucesiones), dejando en sus propuestas mucho margen de actuación al Gobierno en la armonización, por el contrario no se pide armonización en impuestos que sí rompen la unidad de mercado como son los 82 impuestos autonómicos de carácter pretendidamente medioambiental, muchos de ellos mal diseñados y con una indisimulada intención recaudatoria y no de protección del medio ambiente”.
Entiende que, para realizar un análisis entre la imposición medioambiental en España y la del resto de países de la UE es necesario, en primer lugar, asegurase de estar comparando magnitudes homogéneas, y si tenemos en cuenta nuestro nivel de cargas parafiscales asociadas directa o indirectamente a decisiones de política ambiental (como los costes de la energía, fuertemente influidos por exacciones parafiscales que, desde la perspectiva del derecho europeo, son medidas fiscales) no parece, en absoluto, que la imposición medioambiental sea en España menor a la de los países de nuestro entorno. De todas formas, no tiene sentido basar un sistema tributario en la imposición medioambiental puesto que su eficacia recaudatoria a largo plazo, si se diseñan adecuadamente, debe tender a cero (precisamente por alcanzar su finalidad de evitar las conductas contaminantes gravadas en beneficio de alternativas menos contaminantes). El objetivo no debe de ser recaudar más, porque el objetivo de esta tributación la mejora del medioambiente.
Además, la imposición medioambiental debe estar armonizada supranacionalmente, es necesario evitar los perjuicios no solo a los consumidores finales de un país sino también los problemas de competitividad que puede ocasionar al tejido empresarial. En conclusión, si lo que buscamos es la protección del medio ambiente, fomentemos conductas favorables fundamentalmente a través de políticas de incentivos y sólo en casos excepcionales a través de impuestos medioambientales previo estudio técnico y económico y consulta a las organizaciones empresariales más representativas del sector o sectores afectados”.
Sobre el contenido del Informe en Impuesto sobre Sociedades, IRPF e IVA, considera que “en el Impuesto sobre Sociedades, dentro de las medidas propuestas coincidimos con algunas como la eliminación del pago fraccionado mínimo sobre resultado contable y el mantenimiento del beneficio fiscal del Patent Box, así como de los regímenes de SICAV y SOCIMIS y, muy especialmente las recomendaciones de mejora de la deducción por I+D+i que suscribimos en su integridad.
Por el contrario, estamos en absoluto desacuerdo con la limitación a la deducción de pérdidas que se propone en el informe. Esta limitación supone agravar un régimen que el mismo informe de expertos considera de los más restrictivos de nuestro entorno.
En cuanto al IRPF, apenas se plantean ajustes técnicos, aunque se le propone como instrumento para dirigir subsidios para compensar a las rentas más bajas de las subidas de impuestos propuestas. En este epígrafe tampoco se señala la especial progresividad que el IRPF español tiene en comparación con los países de nuestro entorno y la media europea, en contra de lo que se ha manifestado desde el Gobierno repetidamente.
Hay que mencionar que en este impuesto, los tipos marginales máximos aplicables en España están por encima de los valores medios de la UE lo que puede introducir distorsiones importantes en la toma de decisiones de los agentes, puesto que enfrentan la amenaza de tipos impositivos muy altos que desincentivan su propensión a aumentar sus ingresos. Además, en datos promedio de la UE el marginal máximo se aplica para un salario 4´1 veces el salario promedio, mientras que en España el marginal máximo se aplica a un salario de 2´8 veces el salario promedio, por lo que el esfuerzo fiscal es mayor. Hay margen, por lo tanto, para reducir la carga fiscal por IRPF.
Por último, el informe incluye recomendaciones sobre el IVA muy difíciles de implementar incluso a medio y largo plazo, e imposibles de realizar en un escenario como el actual tanto desde un punto de vista social por la subida de la inflación a la que, al utilizar cifras de 2019, ni siquiera se alude como por su impacto económico en sectores como el turismo, gran afectado por la crisis derivada de la pandemia, que supone un porcentaje de PIB y empleo muy elevado en nuestro país y al que una subida en los precios pondría en serios problemas de competitividad”.
Agustín Fernández, presidente del REAF-CGE, expresó su opinión de que “ni podemos ni necesitamos reinventar el sistema fiscal, pero cada cierto tiempo es preciso mejorarlo técnicamente, hacer un esfuerzo para simplificarlo y adaptarlo a la realidad económica y social y al nivel de ingresos que se decida”.
El representante de los economistas asesores fiscales, AGUSTÍN FERNÁNDEZ, entiende que “en general, tenemos un sistema tributario adaptado a nuestro tiempo y que nuestros principales impuestos –IRPF, Sociedades e IVA– están alineados con los de los países de nuestro entorno, por lo que, ni podemos ni necesitamos reinventar el sistema fiscal, pero cada cierto tiempo es preciso mejorarlo técnicamente, hacer un esfuerzo para simplificarlo y adaptarlo a la realidad económica y social y al nivel de ingresos que se decida”.
Asimismo, el presidente del REAF expuso su opinión de que, hay que prestarle una especial atención a la reducción del fraude fiscal, porque, como siempre se ha dicho, es el impuesto más regresivo. Para ello, además de una labor de educación ciudadana, habría que hacer un esfuerzo en la reducción de la litigiosidad y en el incremento de la seguridad jurídica, reforzando los medios materiales y humanos de las Administraciones tributarias, e impulsando la asistencia a los contribuyentes, la relación cooperativa y la coordinación entre Administraciones dentro de nuestro país y en el ámbito internacional”.
Respecto a la tributación patrimonial, Agustín Fernández considera que los impuestos sobre la riqueza, en general, son necesarios porque cumplen los objetivos de recaudar y de redistribuir, pero hay que eliminar la doble o triple tributación que se produce en algunos casos, como en determinados inmuebles, que se gravan por el IBI, por el Impuesto sobre el Patrimonio y por el IRPF –por imputación de rentas inmobiliarias–.
En lo relativo a los impuestos ambientales, coincide con lo expuesto en el informe en que, en la época que nos ha tocado vivir, con un calendario de compromisos internacionales para reducir la contaminación en general y, en particular, las emisiones que aceleran el cambio climático, este tipo de imposición va a tener que ser utilizada con mayor intensidad, por lo menos hasta que se logren dichos objetivos.
Más en concreto, propuso que se establecieran impuestos estatales –cediendo la recaudación y alguna capacidad normativa a las CCAA–, que graven hechos imponibles que tributan de muy diferente manera en la actualidad. De esta forma se conseguiría eliminar la conflictividad que ahora se produce y que los ciudadanos tuvieran una mayor seguridad jurídica y menores costes de cumplimiento.
Y en lo referente a las propuestas en Renta, Sociedades e IVA, valoró positivamente que los rendimientos de arrendamientos pasaran a formar parte del ahorro y el mantenimiento de un impuesto dual en el IRPF, pero, sin embargo, no está a favor de que muchos subsidios a las personas más desfavorecidas se pretendan articular como impuestos negativos y a través del IRPF.
Por lo que se refiere a Sociedades, el presidente de los economistas asesores fiscales está de acuerdo con reducir los ajustes fiscales, revisar las amortizaciones de intangibles, implementar incentivos a la transición energética –como libertad de amortización para los activos nuevos que contribuyan a ese fin–, mejorar la deducción por I+D+i en varios aspectos y excluirla de la limitación del tipo mínimo, y el volver a unos pagos fraccionados más alineados con la tributación final. Sin embargo, no comparte iniciativas como incrementar la exigencia en porcentaje de participación y período de tenencia para aplicar la exención por dividendos, y tampoco con la vuelta a un régimen especial de sociedades patrimoniales que transparenten las rentas al IRPF de los socios –que volverá a originar múltiples problemas y dará lugar a planificaciones ad hoc–.
En cuanto al IVA, considera razonable las apreciaciones que realiza el informe acerca del tax gap que producen los tipos reducidos y las exenciones. Coincide en que, respecto a estas últimas debemos mantener las de educación y sanidad para no crear distorsiones en esos servicios, pero, respecto a los tipos reducidos piensa que, siendo realistas, aunque haya que intentar eliminar algunos de estos beneficios fiscales, ello va a ser muy difícil y la solución de compensar a los perdedores, es complicado de implementar.
Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España (CGE), a modo de resumen de lo expuesto por los intervinientes, resaltó que “todos coinciden en señalar que, en estos delicados momentos, saliendo de la crisis sanitaria y lidiando con los efectos económicos de la invasión de Ucrania por Rusia, no se deben subir los impuestos, aunque también están de acuerdo en que en el medio plazo habrá que abordar un proceso de consolidación fiscal”.
Ha cerrado el acto el presidente del Consejo General de Economistas de España (CGE), VALENTÍN PICH, quien, a modo de resumen de lo expuesto por los intervinientes, resaltó que “todos coinciden en señalar que, en estos delicados momentos, saliendo de la crisis sanitaria y lidiando con los efectos económicos de la invasión de Ucrania por Rusia, no se deben subir los impuestos, aunque también están de acuerdo en que en el medio plazo habrá que abordar un proceso de consolidación fiscal”.