Para concretar la relación entre la parte académica y la entidad privada, deberán firmar un convenio de colaboración, de tres años de duración, que contemple como mínimo el aspecto económico, el estatus del doctorando y en su caso los derechos de propiedad industrial que se puedan generar. La ayuda se solicitará tanto por la institución como por quien vaya a firmar el acuerdo para su desarrollo y que contratará al investigador.
Los proyectos estarán encaminados a adquirir nuevos conocimientos para aplicar productos, procesos o servicios existentes o bien nuevos, y que supongan la colaboración efectiva entre una empresa y un organismo de modo que también contribuirán a atraer y retener el talento.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo regional pretende mejorar la interacción entre el ámbito empresarial y el investigador, facilitando la transferencia de tecnología y la puesta en marcha de planes compartidos de I+D+i que permitan fomentar la innovación en la Comunidad de Madrid.