Por otro lado, existe una preocupación importante por el creciente intrusismo profesional que está haciendo que muchas personas dejen su salud en manos de personas no cualificadas, mas aún a raíz de la pandemia. Se han disparado, por ejemplo, las peticiones de ayuda psicológica y a su vez han aparecido falsos psicólogos o psicoterapeutas que proporcionan servicios a través de webs, apps de telepsicología. O en el caso de médicos ha ocurrido de manera similar la aparición de plataformas de medicina online, que en muchos casos se ejerce sin contrastar ni verificar la capacidad profesional por parte de la autoridad pública o la identificación de un número de colegiado como garante de una buena actuación deontológica para la protección de los usuarios. Así como el lastre de la competencia desleal que afecta a estos profesionales.
También se han expuesto en la reunión los problemas derivados de la exclusión de determinados profesionales sanitarios de la cartera de servicios del sistema nacional de salud como son listas de espera y exclusión de asistencia a grupos vulnerables. Por ejemplo, los ópticos-optometristas, quienes prestan asistencia en establecimientos privados en su mayoría y cuya presencia en atención primaria garantizaría no sólo la reducción de listas de espera para las consultas de oftalmología, sino que supondría un ahorro para el sistema público, una vez descontados los gastos de implantación del modelo, de entre 52 y 58 millones de euros.
En la reunión se han planteado posibles iniciativas legislativas a estos problemas. Entre ellas, que los poderes públicos del ámbito sanitario retomen el papel regulador de honorarios en la sanidad privada, al menos orientativo sobre el precio de los distintos actos médicos, que asumieron hasta finales de los ochenta. Además, se ha hecho hincapié en la necesidad de la creación de una guía de buenas prácticas, la adaptación del Real Decreto de publicidad sanitaria del año 1996 a los tiempos actuales, o la creación de una ley estatal que reserve el ejercicio de terapias y psicoterapias a los profesionales sanitarios con competencias en salud mental. Por otro lado, se ha acordado trabajar en la búsqueda de soluciones en aras de garantizar la calidad asistencial y la seguridad del paciente.
La sectorial de Sanidad de ATA la componen más de 225.000 los profesionales autónomos de la rama sanitaria. A la reunión han asistido los representantes de los consejos generales de fisioterapeutas, podólogos, psicólogos y ópticos-optometristas y consejo andaluz de colegios de médicos andaluces, junto al secretario general de ATA.