La discapacidad no puede seguir en el vagón de cola en Andalucía

Desde hacía ya varios meses el presidente de la Junta, el popular Juan Manuel Moreno Bonilla, estaba dando sus pasos a través de una calculadora electoral, ignorando por completo las necesidades de Andalucía. Este hecho quedó latente, allá por el mes de noviembre, con unos presupuestos que no se creían ni ellos (recordemos que su socio de gobierno afirmó que era estúpido aprobar unos presupuestos en año electoral) y mediante una actitud casi insultante con el pueblo andaluz en las que mostraba una enorme frivolidad con algo tan importante como un adelanto electoral. id:83792

Lejos queda ese Juanma Moreno que tildaba de irresponsable a Susana Díaz cuando adelantaba los comicios en Andalucía. Si es que, por la boca muere el pez y por sus hechos los conoceréis.

Como sabemos la XI Legislatura del Parlamento de Andalucía finalizaba en otoño, pero, bien por su desidia en la materia de la discapacidad, bien por la disolución de la cámara andaluza, ha ocasionado numerosos agujeros en materia de discapacidad como los que cito a continuación:

Ley de Discapacidad. La Ley 4/2017 de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucíaiba a modificarse para garantizar más derechos a las personas con discapacidad. Las mejoras consistían, en primer lugar, que las personas insensibles que usaban la tarjeta de aparcamiento de personas con movilidad reducida eran las que iban a ser sancionadas y no el propietario de la misma como ocurría hasta ahora. Este hecho ocasionaba graves problemas a la persona propietaria de la tarjeta y dejaba sin sanción a quien la usaba de forma fraudulenta. Otro aspecto para modificar consistía en la necesidad de mejorar los sistemas de suministro de combustible para que se garantizara la accesibilidad universal. Ambas mejoras han quedado durmiendo el sueño de los justos debido a la calculadora electoral de Moreno Bonilla.

Retraso de dos años para valorar la discapacidad. A comienzos del año 2018, último del gobierno del PSOE, los retrasos en esta materia eran palpables, ya que para llevar a cabo la primera valoración de la persona solicitante trascurrían entre 10 y 12 meses y para revisar el grado de discapacidad había que esperar entre año y medio y dos años. Hoy en Andalucía es de 18 meses, muy lejos de la media nacional de 10 meses o de comunidades como Castilla y León y Euskadi que son de 3 y 4 meses respectivamente.

Este enorme retraso ocasiona que las personas con discapacidad que no cuentan con la valoración del grado de discapacidad vean mermados sus derechos y pierden innumerables oportunidades como en el acceso a la vivienda, al empleo, a prestaciones económicas que ayuden a compensar la desigualdad y los sobrecostes de su discapacidad, así como ayudas sociales, educativas y en materia de movilidad y transporte.

PP y Cs devaluaron la Comisión de Discapacidad. En la primavera de 2019 se creaba en el Parlamento la Comisión de Discapacidad. Tanto PP como Cs se han encargado de dejarla sin contenido y sin fuerza a lo largo de la legislatura puesto que, lo que empezó siendo una comisión mensual pasó a celebrarse cada dos meses con lo que ello conlleva. Esto se unió a que los miembros del Consejo de Gobierno se peleaban para no acudir a la misma y rendir cuentas en materia de discapacidad. Recordemos que las Consejerías de Igualdad, Fomento, Educación, Salud, Empleo… tienen competencias en esta materia.

Pero no solo nos vamos a quedar en la crítica, la pregunta es, ¿qué proponemos?

Aumentar el personal estructural para reducir el tiempo de valoración del grado de discapacidad.

Reducir el tiempo de cobertura de las plazas vacantes en los centros de personas con discapacidad, el cual nunca podrá ser superior a dos meses, elaborando propuestas de compensación económica cuando se produce un notable retraso entre la baja de una persona usuaria y la adquisición de la plaza que ocupe su lugar.

Reuniones mensuales de trabajo, coordinación y cooperación las entidades a fin de estudiar la realidad de la prestación del servicio, las propuestas de mejora a llevar a cabo en las diferentes actuaciones, informar, en tiempo real a las entidades y a elaborar de forma conjunta con las entidades del sector un mapa de necesidades para las personas con discapacidad.

Reducir los tiempos de ejecución del diagnóstico precoz (análisis, evaluación, diagnóstico pautas de atención) de las niñas y niños con posibles trastornos.

Continuar la labor desarrollada por la Atención Infantil Temprana después de los 6 años de edad a través de la puesta en marcha de manera inmediata del Plan de Segunda Infancia y Adolescencia. Para ello, la administración garantizará al 100% de la población los recursos humanos necesarios.

Implantar la asistencia personal en Andalucía, por lo que deberá difundir la importancia de este recurso, asesorar sobre los requisitos para poder acogerse a las mismas, así como establecer vías de apoyo económico a las personas que necesiten de esta figura.

Garantizar la inclusión laboral como el mantenimiento del empleo de las personas con discapacidad como de aquellas que tienen en su seno familiar una persona con discapacidad.

Dignificar la tarea de cuidados profesionales mediante la puesta en marcha de un plan integral con el sector que abarque la formación continua, la mejora salarial e incentivos públicos para la contratación.

Implantar la lectura fácil y el lenguaje claro en todos los documentos, comunicados, publicación y publicidad institucional a fin de convertirlos en recursos accesibles para el 100% de la población.

Formar a la sociedad andaluza y visibilizar a todos los colectivos de personas con discapacidad tanto de forma específica como de forma transversal usando todos los medios a su alcance como RTVA, centros educativos, publicidad institucional…

Garantizar la accesibilidad universal en los diferentes medios de transporte a través de la implantación del 100% de la flora de autobuses accesibles, de medidas de carácter sensorial como pictogramas, braille, lectura fácil, información acústica, visual y se velará por su obligado cumplimientos por medio del aumento del número de inspecciones en materia de accesibilidad.

Elaborar un plan de accesibilidad 100% de los edificios de titularidad pública de Andalucía a través de la eliminación de barreras arquitectónicas, la insonorización de espacios, la instalación del sistema de bucles en aulas, teatros, y salas de usos múltiples, suministro a todos los centros educativos que necesiten el sistema FM y bucle magnético, así como la sustitución de los sistemas FM averiados de forma inmediata por otros durante el período de reparación de los dispositivos.

Desarrollar un programa de accesibilidad, destinado a eliminar las barreras existentes tanto en los espacios comunes de los edificios como en la propia vivienda para facilitar la permanencia de las personas con discapacidad en su entorno aumentando la bonificación hasta casi su totalidad para aquellas familias que posean menos ingresos.

Crear una mesa de diálogo y coordinación entre las diferentes Consejerías que lleven a cabo políticas destinadas para personas con discapacidad cuya celebración tendrá carácter mensual.

Garantizar el acceso pleno a los servicios sanitarios eliminando todas las barreras en cualquier centro sanitario.

Ampliar y actualizar la red de consultas ginecológicas adaptadas a una por cada centro de especialidad sanitarias en toda Andalucía.

Ampliar en la cartera ortoprotésica el umbral de edad de cobertura en la adquisición de audífonos.

Crear un equipo de ortoprótesis en todas las provincias de Andalucía.

Implantar tanto la figura de enfermería escolar en todos los centros educativos públicos como la figura de la fisioterapia escolar.

Elaborar un informe de impacto en las políticas públicas enfocadas a las personas con discapacidad con el fin de incluirlo en los presupuestos de la Comunidad Autónoma.

Establecer un protocolo de actuaciones urgentes para proporcionar los apoyos y recursos necesarios para situaciones personales y familiares de emergencias sobrevenidas sobre las personas cuidadoras, así como de emergencias económicas que puedan afectar a la subsistencia digna de la persona.

Emitir líneas de ayudas para federaciones deportivas de personas con discapacidad y particulares que practiquen deporte con el fin de adquirir todo el equipamiento y material para su práctica deportiva.

Articular los mecanismos necesarios para que las subvenciones institucionales para programas y mantenimiento en el ámbito de la discapacidad, Línea 5, se publiquen sus bases reguladoras y la resolución de sus solicitudes se lleve a cabo en el primer trimestre de cada anualidad.

Estas propuestas las hemos ido trasladando durante esta pasada legislatura al gobierno de Moreno Bonilla, ¿os imagináis lo que habría mejorado la vida de las personas con discapacidad y de sus familias si se hubieran puesto en marcha?

La discapacidad en Andalucía no puede continuar en el vagón de cola, necesita propuestas y soluciones y nosotras y nosotros nos comprometemos a implantarlas.