En el caso de España ello supondría un montante de 120 millones de euros, aunque Unión de Uniones afirma que todo dependerá del grado de ejecución y de compromisos que las Comunidades Autónomas tengan asumidos en sus Programas de Desarrollo Rural (PDR).
La propuesta de la Comisión permite a los Estados miembros establecer ayudas dirigidas a los más afectados, cuando su actividad respete ciertos objetivos ambientales.
Para Unión de Uniones no cabe duda que los más afectados son los titulares de explotación cuyas rentas dependen en mayor medida de su explotación agrarias. Por ello reclama que todas las Administraciones, examinen seriamente la posibilidad de recabar estos fondos de los PDR para destinar una ayuda directa a los agricultores y ganaderos profesionales y priorizando a los que lo son a título principal.
Unión de Uniones considera que lo que debería hacerse es poner en marcha un Fondo Extraordinario Anticrisis, como viene demandando la organización, pero señala que no se puede desaprovechar cualquier instrumento para intentar salvar a miles de explotaciones que atraviesan una situación muy complicada.