Tal y como manifiesta el gerente de Acuicultura de España, Javier Ojeda, “Energía, piensos para la alimentación de los animales, combustibles, materiales de envasado, transporte, vacunas, subidas salariales relacionadas con la inflación… todos los eslabones que forman la cadena de valor entre el nacimiento de un pez y su llegada al consumidor registraron, en el 2021, un aumento generalizado en proporciones nunca vistas hasta el momento. Aumento que llegó en un momento de tesorería ajustada en las empresas, tras los parones productivos y las bajadas comerciales causados por el Covid19 y que se ha agravado con la invasión de Ucrania por parte de Rusia”. Según las estimaciones de Acuicultura de España, el gasto medio devengado en el pasado ejercicio fue de unos 45-50 céntimos de euro por kilo de producto, cantidad que fue necesario repercutir en los costes de venta para evitar la producción a pérdidas.
El futuro de un sector clave para el sistema alimentario español, comprometido
El contexto internacional está haciendo cada vez más difícil a las empresas de acuicultura cumplir con su misión: proporcionar alimentos frescos de mares y ríos, de origen español, accesibles en precio, con altos estándares de calidad y producidos de un modo sostenible. En este escenario, las empresas productoras de especies acuáticas que operan en España están viendo cómo su futuro se está viendo seriamente comprometido. Dos tendencias coinciden, generando uno de los peores escenarios macroeconómicos de los últimos tiempos.
Por un lado, la subida inédita de los costes de producción, con aumentos que parecen no tener fin. Por el otro, la pérdida de poder adquisitivo de los hogares con rentas medias y bajas derivada de la inflación, cuya merma de capacidad adquisitiva puede retraer el consumo de productos básicos como el pescado, sobre todo si estos incrementan su precio. Más allá de las consecuencias económicas, la disminución de proteína de calidad en la dieta puede tener graves consecuencias para la salud pública, especialmente en etapas como la infancia y el embarazo, de ahí la importancia de garantizar la disponibilidad de pescado de calidad a precios accesibles.
La acuicultura española ha registrado, en apenas un año, incrementos del 100% del precio del oxígeno y de un 30% a un 50% el del pienso, ambos elementos imprescindibles para el desarrollo y bienestar animal. Los costes de la energía, necesaria para la cadena de frío de los Sistemas de Acuicultura en Recirculación (RAS) de las granjas marinas en tierra en flujo abierto y las instalaciones de procesado, han crecido en torno a un 200-300% con respecto al 2021. El gasóleo, que mueve embarcaciones, vehículos y camiones, es un 20% más caro. El precio del flete por tierra y aire está aumentando por días, incrementando los costes de comercialización. Estas escaladas generales conviven con las específicas de la actividad acuícola. Los materiales de envasado y transporte (pallets, envases, etiquetas, marchamos), son ahora un 15% más caros que en 2021. Y lo mismo ocurre con los productos veterinarios (+30%).
Ucrania había sido, hasta el momento, un proveedor seguro y solvente de trigo, maíz y aceites vegetales de muy buena calidad, además de competitivos. Unas materias primas que han permitido a los productores acuícolas posicionarse como libres de OGM, un detalle esencial a la hora de buscar mercados internacionales. La invasión rusa plantea un duro golpe a la acuicultura española, que produce más de una docena de especies a lo largo de nuestro país, y que ve cómo estos elementos imprescindibles para poder alimentar a sus especies registran subidas prácticamente semanales. Si esta escalada de precios no se traslada a los intermediarios y al consumidor, la situación corre el riesgo de tornarse inasumible.
Varios operadores del sector primario, entre los que se encuentra Acuicultura de España, han solicitado a la Comisión Europea un marco de crisis temporal y ayudas estatales, como apoyo extraordinario a las empresas afectadas por la actual situación. El sector acuícola podría aspirar a subvenciones a empresas particularmente afectadas. Permitir exportaciones de bienes y servicios sin los habituales requerimientos técnicos y burocráticos de la Unión Europea puede suponer un balón de oxígeno para un sector como la acuicultura, cuyo buen funcionamiento es esencial para asegurar la independencia alimentaria española.