La Comisión de Puertos de la Cámara de España asegura que la normativa no cumplirá con los objetivos medioambientales que plantea y, además, restará competitividad a los puertos y las empresas españolas. id:84922
La Comisión de Puertos de la Cámara de Comercio de España ha solicitado a los órganos de Gobierno de la Unión Europea que reformulen la directiva de mercados de derechos de emisión en su aplicación al transporte marítimo.
Según está previsto, la directiva supone la extensión del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de CO2 de la UE (ETS por sus siglas en inglés) para su aplicación progresiva en términos de pagos por derechos desde el próximo 1 de enero de 2023 (20%) hasta sus plenos efectos en 2026 (100%).
Tras un exhaustivo estudio, la Comisión de Puerto de Cámara de España, advierte que la entrada en vigor de la normativa no cumplirá con los objetivos medioambientales que plantea y, además, restará competitividad a los puertos y las empresas españolas. Para prevenir los efectos no deseados tanto en el medio ambiente como desde el punto de vista económico y comercial, la Comisión de Puertos de Cámara de España ha trabajado en diferentes propuestas de modificación de la directiva:
Tras el análisis de la Comisión de Puertos, el desvío de rutas hacia puertos no UE para tratar de eludir el pago de los derechos de emisión incentivaría el surgimiento de ‘paraísos de CO2’, generándose una fuga de emisiones de carbono desde la UE a países próximos. Además, este proceso alargaría las rutas e incrementaría el uso del transporte de mercancías por carretera y/o cabotaje, lo que generaría un mayor volumen neto de emisiones. Igualmente, podrían producirse distorsiones y desvíos de comercio perjudiciales para nuestro sector exterior, todo ello teniendo en cuenta que un 60% de las exportaciones, y un 80% de las importaciones pasan por los puertos.
Presidida por el presidente de la Cámara de Comercio de Valencia y del Consejo Valenciano de Cámaras, José Vicente Morata, la Comisión de Puertos está compuesta por las principales autoridades, agentes y operadores logísticos portuarios, empresas y cámaras de comercio territoriales.