En él quedan definidos los principios de coordinación con la Hacienda estatal y la solidaridad entre todos los españoles. Este artículo y los dos siguientes, hasta el 158 (junto con el 133.2), ofrecen la posibilidad a las comunidades autónomas de establecer sus propios tributos, siempre que sean acorde a lo establecido en la propia norma fundamental y el resto de leyes.
Uno de esos artículos, el 157, enumera los recursos de los que pueden echar mano las haciendas autonómicas para sufragar sus gastos como administración y cubrir las necesidades básicas de ciudadanos y empresas.
Entre esas potestades aparecen los impuestos cedidos parcial o totalmente por el Estado, los impuestos, tasas y contribuciones propias, las transferencias del fondo de compensación interterritorial y las asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, los rendimientos procedentes del patrimonio propio e ingresos de derecho privado y el producto de las operaciones de crédito.
Todo este largo repaso por las competencias en materia fiscal de las comunidades autónomas sirve para poner de manifiesto que estas administraciones tienen cada vez más capacidad para legislar de manera propia sobre impuestos y exenciones tributarias.
Un ejemplo claro de esta realidad es el Govern Balear, que tras las elecciones autonómicas del pasado año y la conformación del nuevo ejecutivo decidieron realizar cambios en la administración.
Las medidas más reseñables no tienen tanto que ver con el mundo de la empresa, sino con los ciudadanos, ya que se suprimieron el impuesto de sucesiones y donaciones en muchos de sus términos y también se acabó con el impuesto de transmisiones patrimoniales para la compra de primeras viviendas para jóvenes y personas con discapacidad.
Unos meses antes, en octubre de 2022, cuando todavía estaba Francina Armengol como presidenta del Govern, presentó una serie de medidas para luchar contra la inflación. De las actuaciones dirigidas a las empresas destacaban varias para favorecerse de la deducción autonómica del IRPF o partidas económicas para los preceptores de prestaciones por desempleo.
Un principio de Derecho muy conocido afirma que el desconocimiento o ignorancia de la ley no sirve de excusa para su cumplimiento. Es decir, si en las próximas semanas se aprueba que el uso de mascarillas en espacios cerrados será obligatorio debido al aumento de virus respiratorios, todos los ciudadanos están obligados a utilizarla salvo que haya excepciones. Y si no han sabido que se ha aprobado esa nueva legislación, cae bajo su responsabilidad las posibles sanciones.
Este principio legal deriva del latín “ignorantia juris non excusat” o “ignorantia legis neminem excusat”. Si le damos la vuelta a este fundamento podríamos llegar a la conclusión de que el hecho de no conocer las normas impide poder sacar partido de ellas.
Si a diario comprobamos que las comunidades autónomas tienen amplia potestad para regir sus propios principios fiscales y económicos, parece una temeridad no estar al tanto de esas medidas que van tomando.
Nadie de la administración va a ir empresa por empresa a informarle de que se han aprobado unas ayudas económicas, o se ha abierto la convocatoria del nuevo ejercicio para el Kit Digital. Son las propias empresas, y los autónomos, los que deben conocer esa normativa.
En muchos casos, por el tamaño de las empresas y la necesidad de optimizar bien sus recursos, toda esta materia normativa queda externalizada en asesorías, que sí son entidades expertas en toda esta materia.
Una asesoría empresarial en mallorca garantiza el conocimiento y aplicación correcta de las posibles ventajas fiscales, tanto en el ámbito autonómico balear, del Consell de Mallorca, como en el municipal. Este último también es importante, porque no solo es el Govern Balear y Consell los que pueden legislar dentro de su potestad, sino que los ayuntamientos también pueden hacer lo propio.
España camina hacia una conformación territorial cada vez más autónoma, donde las administraciones no nacionales tengan cada vez más peso. En esencia, eso se traduce en una alta complejidad y varios niveles de normativas que hay que cumplir y de las que se puede sacar partido. Son las empresas las que se tienen que poner las pilas para no perder oportunidades de desarrollo. Para ello, en Mallorca, como en mucho otros territorios del estado español, las confederaciones y asociaciones de empresarios como CAEB o PIMEM, y las asesorías fiscales, laborales o mercantiles juegan un papel clave.