El Consejo General de Gestores Administrativos de España y la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) han solicitado a través de la patronal europea de PYMES y Autónomos(UEAPME) que en los próximos desarrollos normativos del Plan de Acción de IVA de la Comisión Europea se
evite cualquier medida que pueda suponer más trabas y costes para Micro- Pymes y Autónomos y se evite la competencia desleal en las transacciones comerciales transnacionales.
Ambas organizaciones consideran que si bien es necesario mejorar el sistema de IVA europeo para favorecer un mercado único y simplificarlo, el desarrollo normativo del Plan de acción de IVA (en adelante, Plan IVA), debe considerar de forma previa su impacto en el ámbito de las micro-pymes y los autónomos, algo a lo que no se hace referencia en el Plan, pese a la importancia de las mismos en el tejido empresarial europeo.
El Plan IVA consiste en un conjunto de medidas normativas y de carácter administrativo que giran en torno a cuatro ejes: en primer lugar, pretende impulsar definitivamente las iniciativas ya en marcha, centradas en el comercio electrónico y las pymes; en segundo lugar, va dirigido a implantar medidas urgentes para atajar la brecha de IVA, esto es, el diferencial entre la recaudación potencial y la real. En tercer lugar, se marca, como objetivo, crear una zona única europea de IVA más robusta, implantando un sistema definitivo para las operaciones intracomunitarias. Por último, pretende implantar una política de tipos de IVA más moderna, otorgando mayor libertad a los Estados.
“Dichas medidas deberían ser aplicables a todas las empresas, independientemente de su forma legal, sector o ciclo de vida y de forma sincronizada en todos los Estados Miembros. La introducción de diferencias en el trato que subyace del Plan IVA, y a falta de mayor concreción con respecto al paquete de medidas para PYMES, podría derivar en desventajas competitivas para aquellas PYMES, micro-pymes y autónomos, que ya operan en Europa de forma tradicional”, señala el Presidente de ATA, Lorenzo Amor.
Amor resalta, por el contrario, que es una excelente noticia que se plantee eliminar las exenciones de IVA en las importaciones de pequeños envíos provenientes de terceros países a través de comercio electrónico, que supusieron, sólo en 2015, un importe aproximado de 150 millones de euros. “Debemos jugar con las mismas reglas y garantizar que los empresarios comunitarios, especialmente los más pequeños, puedan competir en ese mercado en igualdad de condiciones”.
Tanto ATA como el Consejo General de Gestores Administrativos, se muestran favorables a buscar un sistema definitivo de IVA para las operaciones intracomunitarias, basado en el “principio de país de destino”, pero alertan que para ello es necesario que se establezca un mecanismo fiable de información sobre el IVA en otros Estados Miembros, que sea accesible, sencillo y veraz.
“Si no se establecen las herramientas necesarias para facilitar información autentificada sobre cuáles son los tipos de IVA vigentes en cada momento en los países de destino y cómo aplicarlos, y no se involucra a los colaboradores sociales -como son los gestores administrativos- en el proceso, el principio de “país de destino” aumentará la inseguridad jurídica de millones de PYMES y autónomos, desincentivando su internacionalización” advierte el Presidente del Consejo, Fernando Santiago.
Aumentar el control contra el fraude
En cuanto a la lucha contra el fraude transfronterizo, que según la CE por sí sólo representa una pérdida de ingresos de 50 mil millones de euros, y la brecha del IVA (diferencia entre ingresos previstos y realmente recaudados), estimada en 170.000 millones, ambas organizaciones argumentan que se puede aumentar el control sin perjudicar mediante requisitos adicionales a PYMES y autónomos. En concreto, se refieren al establecimiento a nivel europeo del Sistema de Suministro Inmediato de Información (sistema SII), que las Autoridades Fiscales españolas implantarán previsiblemente en 2017. El sistema supondrá el control, prácticamente en tiempo real o, al menos, en un período muy corto de tiempo (cuatro días) de las operaciones y facturas correspondientes a Grandes Empresas y determinados contribuyentes.
“Supondría el control de un elevado número de operaciones y operadores a partir de las obligaciones de información efectuadas por un reducido número de contribuyentes (grandes empresas) que se relacionan con el resto”, señala Fernando Santiago.
Por último, y en relación a la propuesta de ampliar el margen de autonomía de los Estados Miembro para establecer los tipos de IVA, ambos coinciden en que parece contradictorio con un mercado único y la armonización del impuesto. Sin embargo consideran “que no sería incompatible una mayor armonización de los tipos generales de IVA con una mayor flexibilidad de los Estados Miembros para establecer tipos reducidos e hiperreducidos en sectores que estratégicamente responden a los intereses propios del país, como por ejemplo en el caso español, el sector agro-alimentario, la pesca, el turismo, la cultura y especialmente a micro-pymes y autónomos dentro de esos sectores y aquellos que han visto su IVA aumentar en más de 13 puntos porcentuales durante la crisis”, concluyen.
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