Los Técnicos de Gestha participan en un foro en Bruselas para establecer un marco legal que proteja a ciudadanos como Raphaël Halet, confidente de Lux Leaks que intervendrá por skype.
Los Técnicos de Hacienda
(Gestha) colaborarán con las autoridades europeas para establecer un marco legal que proteja a los ciudadanos que filtran a Hacienda datos tributarios de presuntos evasores fiscales. En concreto, se trata de crear una legislación que no penalice a aquellos que sacan a la luz presuntas irregularidades fiscales, como ha ocurrido con Hervé Falciani tras la revelación de la famosa lista del HSBC.
Para ello, el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, participará el próximo martes 15 de noviembre en la conferencia “Whistleblower protection- What must be done?”, organizada en Bruselas por el grupo parlamentario de la Izquierda Unida europea y la Izquierda Verde Nórdica. En esta cita, en la que entrará por skype el confidente de Lux Leaks, Raphaël Halet, los Técnicos debatirán sobre la figura de los whistleblowers (confidentes) y acerca de la postura que ha mantenido el gobierno español en estos casos.
En concreto, Mollinedo analizará la relación entre transparencia y corrupción y los casos más importantes que se han conocido por denuncias, tanto de presuntas evasiones, como de presuntas malversaciones de fondos públicos o cohechos. Según Gestha, el Ministerio de Hacienda ha tenido una actitud poco diligente con los presuntos evasores, permitiéndoles hacer declaraciones complementarias para regularizar su situación y evitar así sanciones económicas e incluso penales.
Entre los casos que se analizarán están los contribuyentes españoles con cuentas opacas en el Banco LGT de Liechtenstein, los que aparecían en la ‘Lista Falciani’ del HSBC, los más recientes de los Papeles de Panamá, las presuntas comisiones ilegales pagadas por las grandes empresas contratistas o el desmesurado aumento de inversiones públicas.
Los Técnicos ya expusieron la necesidad de iniciar con urgencia inspecciones a estas corporaciones empresariales y personas con grandes patrimonios opacos que tienen una mayor responsabilidad en la elusión y la defraudación fiscal, así como aumentar la transparencia de las administraciones públicas españolas.
Para Gestha, es el momento de elaborar una legislación en el ámbito europeo que proteja a las personas que denuncian estas prácticas, ya que normalmente son estos ciudadanos los que quedan comprometidos ante la ley y sobre los que recaen las consecuencias de la normativa administrativa o penal, frente a la salvaguardia jurídica de los denunciados, cuyo honor y privacidad se protege por encima del honor y la privacidad del denunciante.
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