El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, ha recalcado que es conveniente un nuevo modelo de financiación autonómica que lleve aparejado un nuevo sistema de tributación.
El Consejo General de Economistas y el Colegio de Economistas de Valencia han reunido a los directores generales de tributos de cuatro comunidades en la mesa redonda “
Gestión y retos de los Impuestos Autonómicos”. El encuentro ha sido moderado por Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas y Juan Manuel Pérez Mira, vicesecretario del Consejo y decano del Colegio de Economistas de Valencia.
Durante su intervención Pich ha recalcado que es conveniente un nuevo modelo de financiación autonómica que lleve aparejado un nuevo sistema de tributación, calificando el actual como “caótico”ya que consta de más de 50 impuestos autonómicos con poco recorrido, grandes costes de gestión y motivo de desconcierto para contribuyentes y los inversores. Por su parte, Pérez Mira ha criticado la infrafinanciación estructural de Comunidad Valenciana y ha pedido una mayor armonización en la tributación que atienda a las singularidades y prioridades de cada territorio.
El director general de tributos de la Comunitat Valenciana, Eduardo Roca ha recalcado que las diferencias en la financiación hacen posible que Comunidades como Madrid estén en disposición de prescindir de figuras impositivas como el de impuesto de patrimonio, mientras que en regiones infrafinanciadas resulta imposible eliminar esta vía de recaudación. También ha hecho hincapié en que la administración tributaria valenciana “es raquítica” lo cual dificulta una gestión eficaz.
En este sentido ha apostado por dotar de más y mejores recursos a las administraciones autonómicas y ha hecho alusión a que la inversión en la agencia tributaria estatal a través del uso del sistema informático ha reportado muy buenos resultados. En el ámbito regional esta inversión permitiría mejorar la gestión, la lucha contra el fraude y una mayor interrelación entre las diferentes administraciones. Ha recordado que la administración que dirige presenta una ratio de 224.223 ciudadanos por inspector mientras que en la agencia estatal el porcentaje es de 18.725 por habitante.
Otra de las críticas que ha realizado Roca ha sido el abuso de la capacidad normativa de las comunidades en materia tributariaque en ocasiones responde a razones electorales. Como ejemplo ha aludido que a pesar de la asfixia financiera que ha sufrido la Comunidad Valenciana en años recientes, se haya prescindido del impuestode sucesiones. Asimismo ha criticado el hecho de que en la Comunidad de Madrid se pague un 6%del valor en la compra de vivienda y en Valencia el porcentaje sea el 10%al tiempo que los ciudadanos gozan de peores servicios en sanidad y educación.
En la misma línea el director general de tributos de Castilla y León, José Agustín Manzano ha lamentado que “encuentran dificultades técnicas para recaudar los impuestos debido la escasa dotación de medios de que disponen”.Por su parte, Marta Espasa, directora General de Tributos de Cataluña, ha calificado de debilitadas las administraciones tributarias regionales y ha destacado que la gestión de los tributos cedidos representa solo un 15% de lo recaudado en Cataluña, mientras que la cesión del gasto público es del 33%. Así, ha apostado por crear un modelo en el que prime la “colaboración frente a la colisión” y en el que se aprovechen la estructuras tributarias locales, en un sistema más próximo al ciudadano.
Problemática de los tributos propios
Los invitados han coincidido en la necesidad de encontrar nuevas figuras impositivas autonómicas, aunque la dificultad radica en que “chocan con la ley de unidad de mercado y son tachadas de discrimatorias”, según Roca, que también ha hecho alusión a que en la Comunidad Valenciana estos impuestos son de naturaleza medioambiental y representan solo el 1,4% de la recaudación. Asimismo, el director general de tributos de Andalucía, Diego Martínez López ha aludido a la elevada litigiosidadque generan.
Mientras que Jose Agustín Manzano ha exigido “un espacio fiscal propio con una tributación medioambiental alta y mecanismos para ponerlo en marcha”, la responsable catalana ha puesto en valor que su comunidad es pionera en la puesta en marcha de este tipo de gravámenes, que aunque generan pocos ingresos no acarrean una difícil gestión ya que se ejecutan por vía telemática. En un análisis del impuesto turístico, que genera cerca de 50 millones de euros al año, ha defendido su buena aceptación social y nula repercusión en número de visitantes.