Es la cuarta comunidad en iniciar diligencias ante un fraude masivo que afecta a casi 700.000 vehículos en España, admitido por la propia compañía desde hace más de un año.
El Gobierno de las Islas Baleares ha decidido iniciar un expediente sancionador a la multinacional Volkswagen tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción por el fraude de las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx). Las diligencias del Ejecutivo balear se suman a las ya iniciadas en
Andalucía,
Castilla-La Mancha y
Galicia, frente a las restantes 14 comunidades autónomas que permanecen pasivas ante un fraude que afecta en España a cerca de 700.000 propietarios de vehículos de las marcas Volkswagen, Seat, Skoda y Audi.
Hace más de un año que FACUA presentó denuncias contra el grupo Volkswagen ante los diecisiete organismos de Consumo de los gobiernos autonómicos por vulnerar sus respectivas leyes de defensa de los consumidores. La instalación de un software en los vehículos diésel con motores TDI EA 189 para falsear los datos sobre los niveles de emisión NOx afecta a unos once millones de vehículos a nivel mundial. Tras estallar el escándalo, FACUA puso en marcha una plataforma de afectados de la que forman parte ya más de 43.000 personas, el mayor colectivo de conductores en toda la Unión Europea.
El acuerdo de iniciación de expediente sancionador al que ha tenido acceso FACUA corresponde a la denuncia presentada por la asociación en representación de sus socios afectados en Baleares.
En su escrito, FACUA argumenta que las prácticas llevadas a cabo por el grupo Volkswagen vulneran tanto la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios como las leyes autonómicas que regulan los derechos de los usuarios, en este caso la Ley 7/2014, de 23 de julio, de protección de las personas consumidoras y usuarias de las Islas Baleares.
Además, en sus denuncias ante las autoridades autonómicas de consumo, FACUA indica que Volkswagen ha vulnerado ampliamente la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre). Así, la asociación señala varios apartados de su artículo 49, que establece como "infracciones en defensa de defensa de los consumidores", entre otros, "el incumplimiento o transgresión de los requisitos previos que concretamente formulen las autoridades competentes para situaciones específicas, al objeto de evitar contaminaciones, circunstancias o conductas nocivas de otro tipo que puedan resultar gravemente perjudiciales para la salud pública".
FACUA también cita como infracciones a la normativa de consumo "el uso de prácticas comerciales desleales con los consumidores" y "la alteración, adulteración o fraude en bienes y servicios susceptibles de consumo por adición o sustracción de cualquier sustancia o elemento, alteración de su composición o calidad", también recogidas en el citado artículo de la ley de defensa de los consumidores.
Pasividad de las autoridades
El secretismo de la empresa y la inacción que hasta la fecha han mantenido la inmensa mayoría de autoridades competentes (autonómicas, nacionales y europeas) han sido la tónica desde que se conociese el fraude de la multinacional alemana.
Después de más de un año desde que estalló el escándalo, tan solo cuatro autoridades de defensa de los intereses de los consumidores han iniciado actuaciones. Del resto, seis han archivado las denuncias de FACUA o las han trasladado a la Agencia Catalana de Consumo, con el argumento de que se trata de la autoridad competente por razón de territorialidad, a pesar de que el fraude afecta a consumidores de todo el territorio estatal, lo que les otorga potestad sancionadora. Es el caso de Canarias, La Rioja, Asturias, Navarra, Murcia, Castilla y León. FACUA ha recurrido estas decisiones, pues corresponde a las autoridades de protección al consumidor defender los derechos de los usuarios afectados.
La Agencia Catalana de Consumo y la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid tan sólo han informado a FACUA de que iniciarán las averiguaciones oportunas para determinar si consideran procedente abrir un expediente sancionador.
Otras cuatro comunidades se han limitado a acusar recibido de las denuncias de FACUA sin indicar nada sobre las actuaciones que están llevando a cabo (Cantabria, Aragón, País Vasco y Comunidad Valenciana) en el caso de que lo estén haciendo. Por su parte, Extremadura no ha respondido aún a las denuncias de FACUA.
FACUA también acude a los tribunales
Ante la pasividad de las autoridades, FACUA también ha decidido acudir a los tribunales al objeto de exigir responsabilidades penales y reclamar indemnizaciones económicas para los afectados.
Los propietarios de los vehículos pueden sumarse con FACUA al procedimiento penal abierto en la Audiencia Nacional a través de la página web.
Ya son más de seis mil las personas que han decidido acudir a la asociación para que defienda sus intereses en el proceso penal en curso, que actualmente se encuentra aún en fase de instrucción.
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