El futuro de la banca española

Estoy muy agradecido a los organizadores, y al IESE en particular, por invitarme a participar en este prestigioso evento anual. Las circunstancias han querido que, con toda probabilidad, esta sea mi última comparecencia pública antes de mi salida del Banco de España para hacerme cargo, a partir de enero, de la presidencia del Financial Stability Institute, en Basilea.

Por ello, esta constituye una buena oportunidad para reflexionar sobre la situación actual y los retos que tiene planteados nuestro sector bancario -al que he dedicado lógicamente una parte importante de mi trabajo como Subgobernador- en el ámbito de su pertenencia a la unión bancaria.

1- La situación general del sector

De la simple observación de los datos sobre la situación de las entidades bancarias europeas se desprende la apreciable vulnerabilidad que muestra el sector. El conjunto de las entidades europeas registra rentabilidades sobre capital muy escasas – ligeramente inferiores al 6% en media-, que se sitúan por debajo de cualquier estimación razonable del coste del capital en el mercado, a pesar de la dificultad técnica que conlleva la valoración rigurosa de este último concepto.

Esta baja rentabilidad del sector es la consecuencia del deprimido margen de intereses y, en muchos casos, de la acumulación de activos improductivos en los balances bancarios. El potencial de los ingresos por comisiones para mitigar el deterioro de la rentabilidad del negocio de intermediación no parece haber sido aprovechado hasta el momento. De hecho, durante la primera mitad de 2016, dichos ingresos fueron aproximadamente un 5% inferiores a los registrados un año antes.

Del mismo modo, el aumento de los requerimientos de solvencia y la aparición de los nuevos requisitos de resolución –que amplían las exigencias sobre la disponibilidad de pasivos capaces de absorber pérdidas- constituyen elementos adicionales de presión sobre la rentabilidad del sector.

Es evidente que una parte de los factores que explican la baja rentabilidad de las entidades bancarias, como el extremadamente reducido nivel de los tipos de interés, tiene naturaleza coyuntural y que su previsible desactivación en el futuro podría suponer un factor de alivio. Sin embargo, es posible anticipar que, incluso cuando se normalicen las condiciones monetarias, los factores seculares que influyen a la baja sobre los tipos de interés, la creciente competencia en el mercado de servicios transaccionales y de gestión de cartera, el probable desarrollo de los mercados de capitales como fuente de financiación alternativa al crédito bancario y la consolidación de un entorno regulatorio considerablemente más exigente que en el pasado, ejercerán una presión continuada sobre el negocio bancario en general.

Por ello, no es difícil prever que el sector bancario tendrá, en el futuro, con carácter general, un menor tamaño, y que las entidades que lo compongan serán quizás menos rentables, aunque probablemente también más seguras. Ello necesariamente conllevará cambios importantes en la estructura de la industria y generará procesos de selección natural del que saldrán airosos no solo aquellos mejor adaptados al nuevo entorno, sino también los que, no estándolo, sean capaces de gestionar con clarividencia su integración en proyectos potencialmente más sólidos.

En concreto, creo que las nuevas condiciones económicas y regulatorias podrían permitir la pervivencia de entidades de crédito de reducido tamaño que aprovechen la ventaja que les proporcione la cercanía a clientes muy concretos y que sean capaces de mantener suficiente capital regulatorio, sobre todo si no deben necesariamente remunerarlo en condiciones de mercado. El modelo de negocio de estas entidades deberá ajustarse a su condición de entidades no sistémicas que, ante una eventual situación de inviabilidad, serían liquidadas mediante un proceso ordinario de insolvencia, sin más protección externa que la que proporciona el Fondo de Garantía de Depósitos para los depósitos cubiertos.

Sin embargo, a partir de un determinado umbral de tamaño –por ejemplo, el que marca la condición de entidad significativa supervisada directamente por el Mecanismo Único de Supervisión (MUS)- los requisitos de capital y de pasivos convertibles en recursos propios obligarán, normalmente, a las entidades, a participar activamente en los mercados de capitales y, por lo tanto, a retribuir estos instrumentos según las condiciones exigidas en los mismos.

En un entorno de bajos tipos de interés y de presión regulatoria y competitiva crecientes, la cobertura del coste de los pasivos exigirá niveles muy elevados de eficiencia. Pero no parece que solo con ello sea suficiente. Es previsible que la rentabilidad requerida para hacer frente a los costes solo pueda mantenerse de manera estable en el tiempo si la entidad posee fuentes de ingresos adecuadamente diversificadas. Ello afecta tanto a la localización de sus exposiciones crediticias como a su capacidad de generar ingresos mediante la prestación de una gama suficientemente amplia de servicios financieros. Esto último exige a las entidades no solo capacidad suficiente para soportar la competencia de los Fintech no bancarios, sino también agilidad para perfeccionar su oferta de productos mediante la utilización inteligente y ágil de las nuevas tecnologías.

De este modo, parece probable que la reducción del tamaño global de la industria y de su rentabilidad media, que antes comentaba, venga acompañada de un menor número de entidades que, normalmente, estarán más capitalizadas, serán más eficientes, más avanzadas tecnológicamente y más activas en los mercados de capitales, y que desarrollarán un modelo de negocio más diversificado.

2- ¿Cómo afronta la banca española estos desafíos?

Creo que hoy ya es un lugar común apreciar el trabajo realizado en España en los últimos años para restaurar la solidez de su sistema financiero.

Comparándolo con la situación al comienzo de la crisis, hoy tenemos un sector bancario más consolidado, bastante más saneado y mejor capitalizado. Así, desde 2007, se ha reducido el número de grupos bancarios en un 44%. Además, se ha eliminado de los balances bancarios individuales más del 60% de la exposición neta al sector inmobiliario existente en 2011 y, desde 2008, se han dotado aproximadamente 300 mil millones de nuevas provisiones para préstamos vivos y adjudicados. Aunque el volumen de activos improductivos sigue siendo elevado, resulta prometedor que, entre junio de 2015 y junio de 2016, los activos dudosos se redujeran en un 18%. Finalmente, los saneamientos tan pronunciados realizados no han obstaculizado una intensa recapitalización, que ha alcanzado los 70 mil millones de euros desde 2008, a nivel consolidado.

Por otra parte, se ha reformado con profundidad la normativa relativa a las cajas de ahorros, ajustando la estructura y el funcionamiento de estas entidades a los modelos corporativos habituales en la industria, preservando, a su vez, la función social que realizan.

Me van a permitir que aproveche esta intervención tan especial para destacar la labor realizada en este proceso por la institución a la que pertenezco. En efecto, como saben ustedes, el Banco de España participó desde el primer momento, asesorando al Gobierno, en las negociaciones del programa de asistencia financiera aprobado por las autoridades europeas en julio de 2012 y que contó con la participación del FMI y del BCE, entre otros. Además, contribuyó de manera fundamental a los ejercicios de identificación de las necesidades de capital y aprobó los planes de recapitalización y restructuración de las entidades más débiles, que establecían requisitos de traspaso de activos a la Sareb, planes de reducción de capacidad y ejercicios de reparto de la carga que afectaron a accionistas y acreedores subordinados de las entidades que recibieron apoyo público. Todo ello debió hacerse tras complejas negociaciones, en particular, con la Comisión Europea.

Estas actuaciones fueron desarrolladas, a partir del verano de 2012, en un entorno de elevada inestabilidad y ante situaciones muy críticas para algunas entidades, que tuvieron que ser solucionadas de modo expeditivo sin contar, en ese momento, con la confianza de los mercados.

En paralelo, se realizaron actuaciones relevantes en distintos ámbitos que contribuyeron a aumentar la solidez de las entidades y a restaurar la confianza de los inversores. Recuerden ustedes, por ejemplo, las directrices o recomendaciones emitidas sobre la transparencia y la adecuada contabilización de los créditos refinanciados, la retribución de los depósitos o el reparto de dividendos. Más recientemente, la modificación de la circular 4/2004, o circular contable, supondrá un nuevo perfeccionamiento de la forma con la que se refleja en los estados financieros la calidad de los activos bancarios.

Cuando enfatizo estas actuaciones del Banco de España quisiera destacar, sobre todo, que se trata de piezas que forman parte de una estrategia de Estado que exigió la cooperación estrecha entre distintas instancias. El Banco ha actuado siempre en coordinación con el Gobierno –responsable de impulsar, entre otras actuaciones, los cambios normativos- y, en particular, con el Ministerio de Economía, ya sea mediante la interacción bilateral, o a través de la participación de ambas instituciones en el FROB, herramienta fundamental del proceso, de cuya Comisión Rectora forma parte, además, el Ministerio de Hacienda.

Es, asimismo, digna de mención la participación del conjunto de la industria en el esfuerzo de saneamiento y recapitalización del segmento más vulnerable de la misma. A través del Fondo de Garantía de Depósitos, el sector bancario ha aportado ayudas por un volumen cercano a los 20 mil millones de euros, mediante suscripciones de capital o la asunción de esquemas de protección de activos, en la primera parte de la crisis y, después, en forma de adquisición a inversores minoristas de acciones procedentes de la conversión de instrumentos híbridos en capital. Al mismo tiempo, la mayor parte de las entidades bancarias decidieron participar en la Sareb, que ha desempeñado un papel esencial en el proceso de saneamiento del sector.

Con todo, el esfuerzo más importante ha sido el realizado por el contribuyente que, en un periodo adverso para el crecimiento y el empleo, debió aportar recursos muy cuantiosos, por un importe cercano al 5% del PIB. Debe, en todo caso, enfatizarse que esos fondos no han servido para aliviar las pérdidas de los accionistas sino, esencialmente, para proteger a los depositantes y restaurar la estabilidad financiera, un bien público de primera necesidad.

Por todo lo dicho, creo que la reforma y la restructuración de nuestro sistema financiero han sido, sobre todo, el resultado de un esfuerzo colectivo, en el que han participado las autoridades y las instituciones privadas, así como la sociedad en su conjunto. Creo que este esfuerzo colectivo merece ser reconocido siempre como tal.

Los avances realizados en los últimos años han logrado que la banca española se integre con normalidad en la unión bancaria y, en particular, en el Mecanismo Único de Supervisión (MUS), tras pasar holgadamente el análisis pormenorizado de sus balances y de su capacidad de resistencia efectuado en 2014 y en 2016.

No es necesario enfatizar la importancia de este proyecto para el proceso de construcción europeo, el fortalecimiento de la Unión Monetaria y la preservación de la estabilidad financiera. Por ello, creo que resulta un motivo de satisfacción general la significativa participación española en la puesta en funcionamiento del MUS. En concreto, casi un centenar de expertos del Banco de España han pasado a engrosar las filas del nuevo supervisor europeo, siendo la institución que más recursos humanos ha aportado al BCE para el ejercicio de su nueva función supervisora. Entre ellos, se encuentran un director general y tres directores generales adjuntos, además de un buen número de expertos que ocupan puestos de responsabilidad. Todo ello supone un reconocimiento incontestable de la valía profesional de nuestros especialistas.

Por otra parte, en sus casi tres años de vida, el MUS ha ido incorporando a sus procedimientos supervisores comunes buena parte de las mejores prácticas de las autoridades nacionales. Entre estas prácticas se encuentran, ciertamente, algunas muy arraigadas en la inspección del Banco de España y que conforman los rasgos principales de su enfoque supervisor. Por ejemplo, el MUS ya asigna en sus procedimientos una importancia significativa y creciente a la revisión de la valoración de los activos en los balances bancarios (clasificación de préstamos, valoración de garantías, dotación de provisiones…), tal y como el Banco de España, en mayor medida que otros supervisores, viene haciendo desde hace años. Asimismo, el MUS ha lanzado un proyecto ambicioso de revisión de los modelos internos de las entidades para el cálculo del riesgo global asumido por estas (esto es, los activos ponderados por riesgo o APRs), que previsiblemente acercará los estándares aplicados por el MUS a la práctica supervisora española, más conservadora que la correspondiente a otras jurisdicciones. Este proyecto, junto con los trabajos realizados en paralelo en el ámbito regulatorio por el Comité de Basilea, contribuirá a mitigar la excesiva variabilidad observada en las mediciones de los APRs y, por lo tanto, a perfeccionar las mediciones de la solvencia de las entidades bancarias europeas.

3- Las tareas pendientes

Como les decía, el esfuerzo de saneamiento, recapitalización y consolidación acometido por la industria en los últimos años ha permitido una integración ordenada de nuestro sector financiero en la unión bancaria. Estos desarrollos, junto con la mejora de la eficiencia y el modelo de negocio diversificado que sigue gran parte del sector, sitúan a las entidades españolas en una posición algo más favorable que la de otros sistemas bancarios a la hora de hacer frente a los desafíos que les describía al comienzo de mi intervención.

Sin embargo, debemos ser conscientes de que resulta cada vez más perceptible, aunque con diferente intensidad según los países, la existencia en toda Europa de un exceso de capacidad en el sector cuya corrección, en un entorno tan exigente como el actual, requerirá previsiblemente algo más que un ajuste en el tamaño o en el modelo de negocio de las entidades. Como el Banco de España ha manifestado en otras ocasiones, no parece posible asegurar que todas las entidades significativas actuales estén eventualmente en condiciones de satisfacer, con la misma holgura, los requisitos de eficiencia, capitalización, acceso al mercado, diversificación y capacidad de aprovechamiento de las nuevas tecnologías que, tal y como les señalaba, exigirá el nuevo marco económico, regulatorio y competitivo.

Ante la constatación de la importancia de estos desafíos, corresponde a las entidades bancarias adoptar las decisiones estratégicas pertinentes en el momento oportuno, con el fin de preservar su valor y, de este modo, servir mejor a sus accionistas y clientes. Como regla general, el supervisor no debe interferir con estas decisiones, que pertenecen al ámbito corporativo, ni, en particular, promover directamente operaciones concretas de integración. Sí tiene, lógicamente, la obligación de compartir su análisis con las entidades y de apoyar las decisiones estratégicas de estas que resulten beneficiosas para el conjunto del sistema y, en concreto, para el ajuste ordenado del sector al nuevo entorno. Preveo que tanto el Banco de España como el MUS mantendrán en el futuro inmediato una atención especial a estos desarrollos.

En el marco normativo nacional, después de la ambiciosa reforma emprendida y más allá de la asunción de los nuevos estándares regulatorios internacionales –tanto en el ámbito prudencial como en el de la resolución- que se vayan adoptando por la UE, no parece que sean precisos proyectos legislativos del mismo calado que los acometidos diligentemente en los últimos años.

Con todo existen, al menos, dos reformas regulatorias pendientes que conviene desarrollar.

En primer lugar, como saben bien, soy partidario de considerar, en el momento en que se estime oportuno, y siguiendo el ejemplo de otras jurisdicciones, una revisión de la organización de la supervisión financiera en nuestro país.

En segundo lugar, desde el Banco de España hemos venido defendiendo la conveniencia de perfeccionar el régimen jurídico y, en general, la normativa aplicable a las cooperativas de crédito. En ambos casos, deberían tomarse como referencia las mejores prácticas de los países de nuestro entorno.

Las reformas que señalo, a diferencia de gran parte de las emprendidas en los últimos años, no responden a la necesidad imperiosa de modificar aspectos que hayan podido contribuir a desencadenar o a agravar la crisis financiera reciente. Con todo, creo que es obligación de los responsables públicos identificar y corregir las deficiencias estructurales de forma temprana y, ciertamente, antes de que estas desencadenen efectos adversos sobre el funcionamiento del sistema financiero.

4- Comentario final

Y concluyo:

Creo que en España se han dado muestras suficientes de nuestra capacidad para resolver una situación crítica del sistema financiero, gracias al esfuerzo colectivo que les he descrito en mi intervención. Procede ahora aplicar el mismo celo a la correcta identificación de los retos a los que debe hacer frente el sector y a poner en marcha, en cuanto sea posible, las respuestas estratégicas, supervisoras y normativas que resultan precisas para asegurar el mantenimiento, en un entorno más exigente, de la competitividad de la industria y la estabilidad financiera.

Muchas gracias.