En el marco del compromiso de las dos instituciones con los principios de solidaridad y servicio a la comunidad. Acuerdan establecer los mecanismos de coordinación necesarios para evitar la suspensión del suministro eléctrico y/o de gas por impago de la factura a los ciudadanos económicamente desfavorecidos de esta comunidad autónoma. Este convenio responde a la reciente aprobación y aplicación, por parte de Iberdrola, de un procedimiento de protección a clientes económicamente vulnerables en España, en consonancia con la Política General de Responsabilidad Social Corporativa del Grupo.
Iberdrola y la Comunidad de Madrid han firmado un convenio mediante el cual se comprometen a proteger a los clientes en situación de vulnerabilidad en esta comunidad autónoma.
El acuerdo ha sido ratificado esta mañana en Madrid por la consejera de Economía, Empleo y Hacienda, Engracia Hidalgo, el consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo, y el director general de Iberdrola Clientes, Aitor Moso, en presencia de la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes.
El objeto del convenio sellado hoy, en el marco del compromiso de las dos instituciones con los principios de solidaridad y servicio a la comunidad, es establecer los mecanismos de coordinación necesarios de cara a tratar de evitar la suspensión del suministro eléctrico y/o de gas por impago de la factura a los ciudadanos económicamente desfavorecidos de esta comunidad o a asegurar su inmediato restablecimiento en el caso de que ya se haya procedido a la suspensión del mismo.
La protección a la que se refiere el acuerdo es de aplicación a todos aquellos clientes que tengan contratado el suministro eléctrico y/o de gas de su vivienda habitual con Iberdrola, residentes en el territorio de la Comunidad de Madrid, y puedan, previa valoración técnica y solicitud de los servicios sociales municipales, con el visto bueno de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, ser beneficiarios de una prestación económica destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de precariedad.
En el marco del convenio, que hoy entra en vigor y se extenderá hasta el total cumplimiento de la línea de ayudas autonómica, Iberdrola se compromete a no suspender el suministro de electricidad y/o de gas a dichos clientes en situación de vulnerabilidad mientras se gestiona la concesión de la citada prestación económica, que tendrán que destinar a la satisfacción de la deuda derivada de dicho suministro.
Finalmente, ambas instituciones han acordado crear una comisión de seguimiento del convenio para la protección de los clientes en situación de vulnerabilidad, a la que aportarán dos miembros cada una.
Política General de RSC del Grupo Iberdrola
Este convenio responde a la reciente aprobación y aplicación, por parte de la compañía, de un procedimiento de protección a clientes económicamente vulnerables en nuestro país, en consonancia con la Política General de Responsabilidad Social Corporativa del Grupo: https://www.iberdrola.es/webibd/gc/prod/es/doc/responsabilidad_rsc.pdf
El objetivo de esta política es establecer los principios básicos y el marco general de actuación para la gestión de las prácticas de responsabilidad social corporativa que asume Iberdrola, así como servir de base para la integración de la responsabilidad social en el modelo de negocio del Grupo y en su estrategia.
En concreto, este documento ha añadido un nuevo punto en sus principios de actuación respecto a sus principales grupos de interés mediante el que Iberdrola se compromete a “prestar atención a los clientes en situación de vulnerabilidad y colaborar, según las políticas que establezcan las Administraciones Públicas competentes en cada caso, para facilitar el acceso continuado al suministro de energía eléctrica y gas”.
El Grupo completa así los principios que rigen la relación con sus clientes, que incluyen además aspectos como el respeto y cumplimiento de las normas que regulan las actividades de comunicación y marketing; la protección de la salud y la seguridad durante todo el ciclo de vida de los productos comercializados; la confidencialidad de los datos; la difusión de información para promover un uso racional, eficiente y seguro de la electricidad y el gas; el seguimiento de los niveles de calidad ofrecidos; la búsqueda continua de un mejor suministro y el acceso efectivo a la información de los clientes con dificultades idiomáticas o sensoriales.
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