, pidió hoy al Gobierno una reforma integral de la ley que regula la actividad de los talleres, donde se incluya, entre otras medidas, la obligatoriedad de comunicar telemáticamente al Registro de Vehículos de la DGT el kilometraje de los coches que reparen, con el doble objetivo de perseguir la lucha contra el fraude y proteger los derechos del consumidor.
La patronal –que representa a más de 6.000 empresas dedicadas al mantenimiento y reparación- considera que el Real Decreto de Talleres ya no responde a la situación actual de la posventa tras más de treinta años en los que han entrado en juego nuevos modelos de negocio que, como los talleres móviles o boxes, generan competencia desleal al sector.
En la actualidad, la edad media del parque supera los 11 años y los vehículos de menos de cinco años, que son los que más pasan por el taller por estar bajo la garantía del fabricante y con seguro a todo riesgo, representan sólo el 17% del parque, mientras que los de más de diez suponen el 57%. Además, en los próximos cinco años, esta situación se agravará pues dos de cada tres coches tendrán más de 10 años, siendo apenas responsables del 30% de las reparaciones.
En el último año la posventa aportó al resultado de las redes el 46%, dos puntos menos que un año antes. Las reparaciones crecieron un 1,6% y los ingresos de los talleres lo hicieron en un 2,2%, mientras que para 2017 y 2018 se espera un crecimiento moderado de entorno al 1% debido al estancamiento de las intervenciones en taller por la longevidad del parque.
Según el presidente de Ganvam, Juan Antonio Sánchez Torres, “la antigüedad del parque y los años de crisis han dejado en el consumidor una hipersensibilidad al precio, que obliga al sector posventa a lidiar con la competencia desleal de talleres clandestinos y nuevos modelos de negocio que viven en un limbo legal en cuanto a obligaciones de consumo, prevención de riesgos o medio ambiente. Es el caso de los talleres móviles, que ofrecen servicios en casas, garajes o jardines privados como si fueran una especie de UVI móvil, y los boxes, que fomentan el “do it yourself” como si arreglar un coche fuera como montar un mueble de IKEA”.
Las obligaciones medioambientales, también en el Real Decreto
Precisamente, en un contexto donde la gestión de residuos ha evolucionado tanto en las últimas tres décadas y la Administración es cada vez más dura en materia medioambiental, imponiendo fuertes sanciones por incumplimiento, es necesario armonizar todos los cambios de forma expresa en el Real Decreto de Talleres, terminando con la maraña de normas europeas, nacionales, autonómicas y locales que complican enormemente su cumplimiento.
Entre tanto, la patronal ha dado un paso al frente editando el Libro Verde, que será la hoja de ruta de los talleres para realizar una correcta gestión de los residuos, en un intento por evitar sanciones económicas que comprometan todavía más la rentabilidad de la posventa.
Una fiscalidad ad hoc para los talleres
En paralelo, es importante extender a los talleres la reforma fiscal que se está planteando el Gobierno, con la aplicación de un IVA reducido para las reparaciones que afecten a la seguridad vial, evitando que los conductores busquen alternativas a bajo precio en los talleres clandestinos. De esta forma, se contribuirá a incrementar el volumen de reparaciones a la vez que se evitará reducir la recaudación pública por esta rebaja del IVA; por no hablar de la eficacia que tendrá para contrarrestar el fraude por IVA de los talleres ilegales, cifrado en más de 230 millones anuales.
La reparación ilegal prohibida por ley
Además, seguir insistiendo en determinados avances legislativos pendientes también contribuirá a defender la actividad del taller. De esta forma, para cercar definitivamente los centros clandestinos, hay que seguir defendiendo la prohibición expresa de la reparación ilegal en el Reglamento General de Circulación, en normativas autonómicas y en ordenanzas municipales. Estamos ante una demanda histórica que el Proyecto del Reglamento General de Circulación recogía en su borrador inicial pero que se retiró por considerar que esta medida no afectaba a la seguridad vial, cuando para Ganvam rodar con un coche con piezas de dudosa homologación o con una reparación sin garantías tiene un impacto directo en la seguridad.
Asimismo, es necesario incorporar en una normativa de carácter estatal la exigencia de llevar a cabo una reparación en un taller inscrito en el Registro de Talleres para acudir nuevamente a la ITV tras ser rechazado en una inspección por un defecto grave.
Una mejor relación aseguradoras-talleres
Además, existen otros factores que hacen un flaco favor al ya de por sí debilitado estado de los talleres, como es su relación con las aseguradoras, que tratan de imponer el precio de mano de obra, baremos y peritaciones que rebajan en hasta un 40% el tiempo de reparación que emplean los centros, así como descuentos no negociados en piezas de recambio.
Planes de achatarramiento
La articulación de planes de incentivo al achatarramiento que permitan al comprador adquirir un coche nuevo o un usado de hasta cinco años a cambio de la entrega de un modelo de más de diez años, supondrían también un balón de oxígeno para los talleres, al favorecer la renovación del parque con la entrada de vehículos más jóvenes.
Un marco regulatorio para la transformación digital
Por último, ante un escenario cambiante como el que vive el sector, donde factores como la conectividad y el coche autónomo están revolucionando la forma de utilizar el coche, la Administración debe favorecer un marco regulatorio flexible y adecuado que, entre otras cuestiones, garantice la libre circulación de los datos que generan este tipo de vehículos, con el fin de que los talleres también puedan utilizarlos para tomar decisiones comerciales y así ser capaces de fidelizar a un cliente cada vez más cautivo, más independiente y más digital.
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