Gestha avisa de que aplicar un impuesto a las eléctricas por el desmantelamiento de Garoña podría chocar con la Constitución

En concreto, los Técnicos explican que, de acuerdo con el artículo 31 de la Carta Magna, cada ciudadano debe contribuir al sostenimiento de las cargas públicas conforme a su renta o riqueza como expresión de su capacidad económica, de modo que cualquier impuesto que se establezca sobre una industria o negocio para mantenerlo en pérdidas e impedir su cierre, podría quedar fuera de los preceptos constitucionales, sobre todo si como en el caso de la central burgalesa dicho impuesto fuese tan elevado como para que sea más rentable prolongar la actividad que desmantelar la central, como ha avisado la consejera de Economía de la Junta, Pilar del Olmo.

Aunque Gestha entiende que el objetivo del Gobierno de Castilla y León es preservar los puestos de trabajo y la actividad económica que genera esta planta en la provincia de Burgos, recuerda que si una empresa se ve avocada a cerrar porque no es viable, no es posible que se le imponga un tributo cuando no hay renta o riqueza que gravar. Por otra parte, Gestha cree que el propio Ministerio de Hacienda desaconsejará ese impuesto y podría interponer un recurso de inconstitucionalidad si finalmente se decide aprobarlo.

Alternativamente, el colectivo recuerda que el municipio donde está radicada la central puede aprobar una Ordenanza para exigir el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, el ICIO, para gravar al tipo máximo del 4% el coste de ejecución de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia.

Mucho por hacer en materia medioambiental

En cualquier caso, los Técnicos de Hacienda reconocen que España todavía tiene mucho camino por recorrer para estar en la media del resto de la UE en materia fiscal medioambiental o ‘fiscalidad verde’. En 2013 el Gobierno aprobó nuevas medidas para la sostenibilidad energética con impuestos sobre el valor de la producción de energía eléctrica, sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos y sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos en instalaciones centralizadas.

Si bien esos tributos recaudaron en 2015 la suma de 1.864 millones de euros, un 14,7% más con respecto al año anterior –cuando se ingresaron 1.625 millones-, los impuestos sobre la producción y almacenamiento de combustible nuclear apenas recaudaron 258 millones, una cifra muy baja para los riesgos que supone la producción del combustible nuclear y el coste del almacenamiento de los residuos nucleares, aunque indirectamente son los ciudadanos quienes están costeando este importe en el recibo de la luz.

Cuadro 1. Recaudación de las nuevas medidas de fiscalidad medioambiental

Fuente: Gestha a partir de los datos de la AEAT

Aún así, todavía estamos lejos del resto de países vecinos en términos recaudatorios. Según Eurostat, España es el sexto país de los 28 de la UE con la menor tributación sobre polución, transporte, energía o uso de recursos naturales. En concreto, la agencia de estadística de la UE señala que en 2014 se recaudaron más de 19.000 millones por el total de impuestos verdes, el equivalente al 1,85% del PIB, cuando la media europea supone el 2,5% del PIB de los estados miembros. Además, la mayor parte de estos tributos recae sobre los hogares –el 51,3%-, que hacen frente a ellos a través de forma tan cotidiana como el pago de su factura de la luz o al llenar el depósito de gasolina del coche.

Por ello, Gestha resalta la necesidad de que España se ponga a la altura del resto de Europa en esta materia, en la que va claramente a la cola en un contexto en el que la ‘fiscalidad verde’ es fundamental dentro de los objetivos mundiales contra la contaminación y el cambio climático. Además, este refuerzo de la fiscalidad medioambiental debe repartirse entre todos los agentes que intervienen en estos procesos contaminantes y no recaer principalmente sobre las familias, como ha sucedido desde el inicio de la crisis en un intento de la Administración por cuadrar las cuentas públicas.