El Estado ha aprobado un cambio en la tarifa eléctrica que entrará en vigor a partir de 2018, por el que una industria media ubicada en Cataluña pagará una factura eléctrica entre un 15% y 20% superior a una similar ubicada en el País Vasco.
En el acuerdo firmado entre PP y PNV para la aprobación de los Presupuestos del Estado para el 2017, el Gobierno español se ha comprometido a englobar las tensiones de 30kV 36KV en la tarifa 6.2 a sufrir de 2018, lo que supondrá una pérdida directa de competitividad para las empresas catalanas frente a las vascas.
En Cataluña, la tensión más habitual en la que opera la red de distribución es la de 25kV, mientras que en otras zonas del Estado, las compañías distribuidoras operan a tensiones superiores, como por ejemplo los 33kV. Hay que decir que tanto una como la otra tienen características similares y suministran al mismo tipo de empresa, la diferencia radica en la arquitectura con la que se ha diseñado la red. La lógica lleva a pensar que ambas tensiones deberían tener el mismo precio. Esto fue así hasta el año 2014, pero a partir de 2015 se creó una nueva banda de peaje, de entre 30kV y 36KV, que tenía un precio del peaje de acceso un 16% inferior aproximadamente al de tensión inferior a 30kV (la que es habitual en Cataluña).
Este agravio comparativo y con evidentes consecuencias económicas entre industrias similares ubicadas en diferentes territorios, se ha ampliado con el acuerdo para la aprobación de los Presupuestos del Estado de 2017. Según este acuerdo firmado entre el PP y el PNV, a partir de 2018 se elimina la banda de peaje (30kV-36KV) y pasa a incorporarse en el rango de potencia superior (30kV-72kV) que aún se beneficia de unos peajes mucho más favorables. La consecuencia de todo esto, es que una empresa industrial suministrada en tensión de 25kV (la más habitual en España) acabará pagando un sobrecoste del 45% para el concepto de "peaje de acceso" y, como consecuencia, su factura eléctrica será entre un 15% y 20% superior a la de otra industria de las mismas características pero suministrada a 30kV (mayoritariamente ubicadas en el País Vasco, pero también en Navarra, Andalucía, Castilla y León, Cantabria o Asturias).
Cabe decir que las empresas afectadas por esta penalización (conectadas a una potencia eléctrica de 25 kV) son 5.800 en todo el territorio español, según la Plataforma Wv25 / 30, más de la mitad de las cuales están ubicadas en Cataluña (3.277 establecimientos industriales) . El resto están repartidas por diferentes comunidades. Por eso, decimos que Cataluña será la comunidad más afectada por esta decisión política.
Una decisión política de este tipo no tiene ninguna justificación económica ni empresarial, y más teniendo en cuenta que hoy la competencia en el sector industrial es global y, por tanto, un diferencial en el coste de producción afecta directamente a una reducción en el margen y, en consecuencia, de la inversión futura y la posibilidad de creación de puestos de trabajo.
Además, este agravio comparativo no sólo perjudicará la competitividad de las empresas catalanas en el mercado español sino también en sus exportaciones para que competirá con empresas ubicadas en otras comunidades que soportan menos costes de producción. Hay que recordar que España es uno de los países donde más han aumentado las tarifas eléctricas en los últimos años y donde se paga más cara la electricidad porque se aplican menos incentivos a los establecimientos industriales que en otros países, como por ejemplo en Alemania.
La Cámara se suma así a otras entidades y asociaciones empresariales que han denunciado la penalización que supone esta medida para las empresas industriales de Cataluña. Además, la Cámara pide al Gobierno la inmediata ampliación de la tarifa 6.2 a todas las instalaciones con potencia de 25kV o superior. De aqueta manera se evitaría crear una situación de discriminación dentro del territorio español y romper con la unidad de mercado.
Finalmente, hay que tener en cuenta que esta importante penalización en determinadas industrias representa un claro desincentivo al aumento de la eficiencia y el ahorro energético, porque afecta al término "peaje de acceso" que es un concepto que no depende del consumo realizado. Esto significa que el esfuerzo que las empresas hacen para mejorar su eficiencia y reducir el consumo energético cada vez se ve menos incentivado por una reducción en el precio de la factura eléctrica final.
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