La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGJP) aprobó la especialización de 54 juzgados de Primera Instancia a partir del 1 de junio para asumir de manera exclusiva y no excluyente, los litigios relacionados con las “condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física”, es decir: cláusulas suelo, cláusulas de vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca e hipotecas multidivisa.
Este “plan de urgencia” del Consejo General del Poder Judicial sobre los Juzgados Provinciales
bises,que se puso en marcha el 1 de junio para hacer frente a la avalancha que se preveía de demandas de cláusulas abusivas, se implementó de una forma rápida y desordenada, lo que supone que estaba, desde su nacimiento, condenado al fracaso.
El centralizar las reclamaciones bancarias en un solo juzgado, necesariamente contribuirá a ralentizar la tramitación y resolución de esos procesos produciendo grandes retrasos en el tiempo de respuesta judicial. Con este plan los afectados tardarán años en obtener una sentencia favorable que les permita recuperar su dinero.
Por ejemplo, el caso del Juzgado provincial de Madrid, además de las demandas de los afectados de Madrid, recoge todas las demandas de los afectados de Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Aranjuez, Arganda del Rey, Collado Villalba, Colmenar Viejo, Coslada, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Majadahonda, Móstoles, Navalcarnero, Parla, Pozuelo de Alarcón, San Lorenzo de El Escorial, Torrejón de Ardoz, Torrelaguna y Valdemoro.
Que todas las reclamaciones de cláusulas suelo y gastos bancarios vayan a un mismo juzgado, ha supuesto, sin ninguna duda, el colapso de dicho juzgado, que ha sido incapaz de asumir tal sobrecarga de trabajo.
Esta circunstancia únicamente beneficia a los bancos, que ganarán muchísimo tiempo mientras se dicta una sentencia condenatoria que les obligue al pago de lo cobrado de más a sus clientes.
Además, este plan supone un sobrecoste añadido a los ciudadanos afectados de localidades ajenas a las capitales de provincia, que tendrán que destinar más recursos económicos, además del tiempo para los desplazamientos, para defender sus derechos ante el Juzgado de Primera Instancia uniprovincial donde se diluciden los asuntos sobre sus cláusulas abusivas.
Y, por si lo anterior fuera poco, los encargados de resolver este tipo de litigios son los jueces en prácticas de la 67 promoción de la Escuela Judicial, jueces sin experiencia alguna que no garantizan la prestación de un buen servicio público judicial.
En el caso de Madrid, el Juzgado 101 Bis puesto en marcha a partir del 1 de junio está ocupado por un juez en prácticas, dos letrados de Justicia y diez funcionarios interinos. Ellos asumen la enorme carga de trabajo y lidian con la improvisación, falta de transparencia y organización que se denota en esta puesta en marcha de los juzgados especializados. Mención aparte merece la falta acondicionamiento de las oficinas escogidas.
Los propios funcionarios reclaman más medios. La falta de información y la incertidumbre desde su naciemientoes una de las quejas y sensaciones que rodea a estos juzgados cuya decisión de creación fue para garantizar el tiempo de respuesta normal de un juzgado de primera instancia ante el previsible aumento de litigios.
Aunque es cierto que el CGPJ evalúa mensualmente, junto al Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencia en esta materia, la eficacia del plan y la necesidad de aportación de medios personales y materiales por parte de estas Administraciones, lo que en principio nació como una buena iniciativa para no colapsar el resto de juzgados puede se ha tornado en una pesadilla.
El CGPJ tomó esta decisión cuando quedaba una semana para que finalizasen los tres meses que había concedido el Gobierno a los bancos y clientes para encontrar una solución extrajudicial a las reclamaciones sobre estas cláusulas abusivas. Con más de un millón y medio de afectados y muchos requerimientos aún sin resolver.
Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ya han pedido a la Comunidad de Madrid que multiplique por cuatro la plantilla del juzgado que tramita las denuncias por cláusulas suelo y ha denunciado el retraso acumulado de 5.391 demandas pendientes de registrar. A día de hoy este juzgado ha registrado un total de 9.143 demandas.
En definitiva, con este “plan de urgencia” del Consejo General del Poder Judicial, los juzgados bises que nacieron sin suficientes medios materiales y humanos, se han visto colapsados en menos de seis meses y dirigidos por jueces sin experiencia, están destinados a convertirse en “juzgados cementerio”, donde quedarán enterradas las demandas de cláusulas abusivas, algo que solo beneficia a las entidades bancarias.
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