Los Técnicos del Ministerio de Hacienda
(Gestha) proponen
blindar legalmente la seguridad jurídica de los confidentes de delitos fiscales, y descartan la propuesta que esta misma mañana realizaron los Inspectores de Hacienda de pagar los “chivatazos” con “fondos reservados”, pues puede fomentar posibles extorsiones para no ser denunciados, además de menoscabar la intimidad del investigado y la debida protección de sus datos.
En este sentido, Gestha señala que la ley debe garantizar a los confidentes fiscales su indemnidad penal, laboral, económica y social al denunciar fraudes tributarios, lo que es muy distinto a pagar unas cantidades indeterminadas por la denuncia a la que está obligado en España cualquier ciudadano que tenga conocimiento de cualquier hecho delictivo.
En lugar de poner el foco en los confidentes, los Técnicos de Hacienda vienen pidiendo una Administración Pública más transparente para que los “chivatazos” no guíen las investigaciones fiscales, sino que sea la Agencia la que detecte estos casos con sus propios medios. Pagar por sustituir la acción de la AEAT no es correcto, ni está en línea con la política marcada desde la Unión Europea en relación a la protección jurídica de los confidentes.
Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, “una administración tributaria moderna no puede ser reactiva y esperar a que lleguen informaciones confidenciales sobre casos de fraude, como los de las cuentas opacas del HSBC en Suiza, las multinacionales del Lux-Leaks, los papeles de Panamá o Fútbol Leaks. Llevar la iniciativa pasa por poner en marcha un plan de lucha contra el fraude eficaz que cambie los objetivos y la estructura de la Administración Tributaria actual, desplazando la investigación de particulares, microempresarios y pymes hacia los grupos empresariales, multinacionales y personas con altos ingresos y grandes fortunas”. Para ello, se deben aumentar las competencias investigadoras y recaudatorias a los técnicos de Hacienda.
La caída de los resultados registrados por la AEAT en la lucha contra el fraude en 2016, al igual que sucedió en 2013, muestran la “poca eficacia” con que este organismo viene actuando en esta última década, en la que el número de denuncias por delitos fiscales se redujo más de la mitad, pasando de 793 en 2005 a 341 en 2015.
Gestha atribuye este desplome de los delitos fiscales descubiertos a la decisión de la dirección de la AEAT de ordenar investigaciones parciales y rápidas, y a que las normas internas impiden a los técnicos de la AEAT continuar investigando los expedientes en el momento en que el fraude descubierto supera los 120.000 euros, delimitador del delito, al calificar estas investigaciones como “una causa sobrevenida de especial dificultad”. Una calificación a partir de la cual las investigaciones pasan a manos de los jefes de equipo, quienes al desconocer los expedientes suelen demorar los plazos de resolución, frenando bruscamente el número de denuncias.
En este sentido, los Técnicos recomiendan que los organismos públicos no se encuentren tan jerarquizados, de modo que el poder de decisión esté repartido y compartido por más funcionarios para que sean menos permeables a las injerencias políticas o económicas. Y es que los Técnicos, pese a suponer actualmente el principal colectivo de la AEAT, de la Intervención General del Estado y del Ministerio de Hacienda, tienen las manos atadas contra el fraude por normas internas que acaban por perjudicar al erario público.
Cuadro 1. Evolución de las denuncias de la AEAT por delito fiscal
(*)La AEAT no ha facilitado datos de 2016
Fuente: Gestha a partir de las Memorias de la AEAT
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