Todos somos conscientes de que la climatología, de un tiempo a esta parte, está trayendo consecuencias desastrosas para nuestro medio ambiente, y digo medio ambiente tanto natural como urbano: no solo un clima soleado, con altas temperaturas y falta de precipitaciones provoca sequía, que se echen a perder cultivos, desertización, sino también acumulación de contaminación en las ciudades que excede los límites Legales permitidos con creces. Y quien no quiera ver que el cambio climático es un hecho, es que está ciego.
Estas condiciones ambientales tan poco favorables, son en cambio idóneas para que un incendio forestal, sea intencionado o no, prospere y se propague. Si a esto le añadimos un viento huracanado como el que soplaba en la costa noroccidental de España a causa del huracán Ophelia, la virulencia de un incendio se multiplica, a la vez que se multiplican las dificultades para su extinción.
Dando por hecho en que la mayoría de los incendios ocurridos estos días son intencionados (cierto que no está probado al 100% pero sí al 90%), el problema no está en quién enciende el mechero y prende el monte, sino en quien los utiliza de forma maléfica con un objetivo. Desgraciadamente, y los habitantes de los pueblos afectados por los incendios lo dicen de forma tácita, se suele saber quién provoca el incendio pero no lo dicen, ¿por qué? Se sabe que se realizan quemas "controladas" de pasto que deben estar controladas por los organismos ambientales competentes, y que estas quemas en muchos casos se "descontrolan" provocando conatos o incluso incendios de pasto y hasta forestal. ¿Por qué?.
La recalificación de los terrenos incendiados no es la respuesta a estos interrogantes. Ni la Ley de Montes del 2003, modificada en el 2015, favorece este hecho, ni las leyes autonómicas relativas a los usos del suelo lo refrendan a día de hoy. Cierto es que la propia Ley de Montes, que es tajante en cuanto a que un terreno forestal incendiado no puede sufrir un cambio de uso a ningún otro uso hasta que no pasen 30 años desde el incendio. Además, se prohíbe toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal, durante un periodo que determina la propia Comunidad Autónoma con su legislación. Ahora bien, aquí es donde está el quid de la cuestión: la legislación de las Comunidades Autónomas, ya que éstas tiene potestad de legislar en esta materia, sin contradecir lo que marca la legislación estatal. Si hay excepciones en los cambios de uso del suelo forestal quemado, esta responsabilidad recae exclusivamente en las CCAA. Y estas excepciones son las siguientes:
-Siempre y cuando, con anterioridad al incendio forestal, el cambio de uso hubiera estado previsto en un instrumento de planeamiento previamente aprobado o en un instrumento de planeamiento pendiente de aprobación (si ya hubiera sido objeto de evaluación ambiental favorable o, de no ser esta exigible, si ya hubiera sido sometido al trámite de información pública) se podría permitir.
- Posible existencia de una directriz de política agroforestal que contemple el uso agrario o ganadero extensivo de montes no arbolados en estado de abandono.
- Con carácter excepcional las CCAA podrán acordar el cambio de uso forestal cuando concurran razones imperiosas de interés público de primer orden que deberán ser apreciadas mediante ley, y siempre que se adopten las medidas compensatorias necesarias que permitan recuperar una superficie forestal equivalente a la quemada. Tales medidas compensatorias deberán identificarse con anterioridad al cambio de uso en la propia ley junto con la procedencia del cambio de uso.
Pero ni Galicia, ni Asturias ni Castilla León, actualmente, han regulado estas excepciones mediante ley. Por lo tanto, no se va a construir en los terrenos incendiados hoy por hoy.
Sin embargo, hay que mencionar otro aspecto fundamental que creo que es crucial para evitar o reducir la virulencia de los incendios forestales en España, ya que nuestras condiciones climáticas y de vegetación no ayudan: la PREVENCION. La limpieza de los bosques durante todo el año es fundamental, el desbroce del sotobosque, la eliminación de árboles caídos y, de madera muerta, en definitiva el mantenimiento de nuestros montes. Esto requiere de inversión del estado y de las comunidades autónomas, pero qué mejor inversión que ésta. Invertir en brigadas profesionalizadas que trabajen todo el año, no sólo durante la campaña de incendios, en el mantenimiento del bosque, de nuestros montes, de nuestro patrimonio natural, que es de todos en general y de nadie en particular.
Si (
No(
