Anpier, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, ha concluido en Pamplona, con la participación de productores del todo España, su III Edición del
Camino del Sol: Con el eslogan:
“Las familias queremos participar en la producción de energía”, esta asociación ha recorrido toda España, con
27 actos programados, para trasladar a la ciudadanía, a los medios de comunicación, a los políticos y a los responsables de todas las Administraciones autonómicas, las
urgencias que en materia energética se han de afrontar en España y en las que deben implicarse todos y cada uno de estos actores.
El Presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, y su Vicepresidente, Juan Antonio Cabrero, fueron recibidos por la Presidenta del Gobierno, Uxue Barkos, y, posteriormente, por la Presidenta del Parlamento, Ainhoa Aznáres. La Jornada se celebro en Baluarte-Palacio de Congresos y Exposiciones, con la apertura con el Vicepresidente del Gobierno de Navarra, Manuel Ayerdi Olaizola, y con la clausura de la Presidenta del PSOE, Cristina Narbona.
Anpier promueve en esta edición el impulso de la generación renovable y social de la energía, reclamando un papel activo para los ciudadanos, algo que sólo será posible si un nuevo marco normativo lo permite, puesto que las restricciones legales actuales bloquean el acceso de los españoles a la generación en cualquiera de sus modalidades: bien a través del autoconsumo, bien mediante parques sociales que proporcionen energía a la red general.
Anpier ha alertado también de la gravedad que supone la destrucción del colectivo de las 62.000 familias fotovoltaicas y denuncia que el Gobierno pretende expulsar a estos pequeños operadores y disuadir a la sociedad de acceder a este mercado para mantenerlo en régimen de oligopolio. Todo articulado por un marco regulatorio insostenible y cuestionado internacionalmente, tras conocerse el primer Laudo Arbitral del Banco Mundial que, previsiblemente, será el primero de todos los que se vayan fallando.
Anpier ha venido denunciando durante los últimos años el atropello sufrido por los productores fotovoltaicos, que han soportado recortes del hasta el 50% de la tarifa regulada que ofreció el Estado, mientras que la banca si les exigía, como es natural, el pago íntegro de la financiación, lo que supuso que el colectivo debió refinanciar para no perder las garantías personales dadas a las entidades bancaría. Un colectivo que no está dispuesto a renunciar a sus derechos y exige al Gobierno una respuesta urgente para restaurar la quiebra de las normas que dieron origen a sus inversiones.
III Edición del Camino del Sol
ANPIER
ANPIER, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, es una organización de ámbito nacional y sin ánimo de lucro, para la representación y defensa de los intereses de los productores de energía solar fotovoltaica.
Anpier es la asociación más representativa del sector fotovoltaico español, agrupando a más de 5.000 socios, personas físicas y jurídicas de todas las Comunidades Autónomas del Estado español.
Nuestra Misión es agrupar, representar, apoyar, defender y dar servicios a los productores fotovoltaicos. Nuestra Visión consiste en ser el referente del sector de las renovables para productores, empresas, Administraciones y sociedad. Y nuestros Valores giran en torno a la promoción, desarrollo y defensa de las energías renovables como factor esencial para la sostenibilidad medioambiental y el bienestar de las sociedades presentes y futuras.
EL CAMINO DEL SOL 2017, TERCERA EDICIÓN
SOL Y JUSTICIA será el eslogan del recorrido que emprenderemos por España y que durará 45 días.
En los 27 actos, que tenemos programados queremos trasladar a la ciudadanía, a los medios de comunicación, a los políticos y a los responsables de todas las Administraciones autonómicas, las urgencias que en materia energética se han de afrontar en España y en las que deben implicarse todos y cada uno de ellos.
El acto de cierre, de este intenso y exigente periplo tendrá lugar el sábado 21 de octubre en Navarra, una asamblea que congregará, como en las ediciones pasadas, a más de 1.000 productores de toda España en Pamplona. Acto al que asistirán representantes de las principales fuerzas políticas del Estado y distintas personalidades de ámbitos tales como el Derecho, la Economía, la Ciencia y los medios de comunicación.
SITUACIÓN DEL SECTOR PRODUCTOR: 62.000 PRODUCTORES TRAICIONADOS Y ARRUINADOS POR EL ESTADO
En la carrera hacia el liderazgo mundial de la fotovoltaica, España ha arruinado su mercado interior y su prestigio internacional. Pero lo peor de todo ha sido la situación que padecen las 62.000 familias productoras de fotovoltaica que creyeron en el Estado cuando les animó a invertir, para arruinarles a los pocos meses. En realidad, estas familias han sido precursores del nuevo modelo de generación descentralizada que garantiza la seguridad energética del futuro.
El Estado español animó a las familias españolas, a través de Reales Decretos y por medio de la campaña publicitaria “El sol puede ser tuyo”, a destinar sus ahorros al desarrollo y producción de energía solar fotovoltaica.
En un escenario de especulación inmobiliaria y bursátil (2004-2007), 62.000 familias españolas optaron por destinaran sus ahorros familiares a un fin ético, como era la generación de energías renovables, con lo que España podría haber alcanzado los compromisos internacionales de Kioto y los objetivos de la UE en materia medioambiental.
El Gobierno fomentó este tipo de inversión como rentable, muy segura y socialmente comprometida, y el propio Ministerio de Industria no dudó en recomendar que se asumieran financiaciones del 80% de coste de las instalaciones. Sin embargo, y a los pocos meses de estar financiadas, instaladas y operativas las plantas, las 62.000 familias fotovoltaicas españolas se enfrentaron a un interminable rosario de decretos retroactivos que han cercenado de manera alarmante las rentabilidades plasmadas en los BOE que fijaron las condiciones originales, con recortes acumulados que alcanzan el 50% de los ingresos que se garantizaban, lo que ahora impide afrontar los compromisos de pago soportados por los productores. En total estas familias destinaron más de 20.000 millones de euros, de los cuales adeudan a la banca 18.000 millones de euros.
La Comisión Nacional de la Energía (CNE) se vio obligada a recordar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo lo obvio: “la razón de ser de la existencia de los incentivos económicos a la producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos es corregir uno de los llamados “fallos de mercado” compensando los costes ambientales, sociales y de suministro a largo plazo que otras formas de generación no internalizan por completo. Con ello se puede definir un terreno de juego equilibrado y conseguir un desarrollo energético económica y medioambientalmente sostenible que cumpla, además, con los objetivos previstos en la planificación y con los compromisos adquiridos con la Unión Europea.
La CNE también pone de relieve que “no se tiene constancia de que exista un modelo retributivo similar al reflejado en la propuesta en ninguna jurisdicción de la Unión Europea, así como tampoco en otros países de cuyos sistemas de apoyo se tiene conocimiento a través de asociaciones internacionales de organismos reguladores”. Por otra parte, advertía la CNE, “en la formulación adoptada por la propuesta, el término de retribución a la inversión puede alcanzar valores negativos. La posibilidad de una retribución negativa podría considerarse incompatible con el diseño de un régimen retributivo específico que persigue fomentar este tipo de producción complementando los ingresos obtenidos de la venta de energía en el mercado”
Es inverosímil que la fijación de los nuevos parámetros retributivos sea rigurosa ni honesta si un año antes, en la presentación del RDL 9/2013, se cuantificaba el resultado de los recortes. Antesala de una farsa en la que se adjudica a cada instalación una determinada inversión estimada que determina su retribución, sin tener en cuenta si era un gran promotor o mero ciudadano el que adquiría una instalación al final de toda la cadena, y a pesar de que las familias conservan las facturas de los montantes reales que asumieron y financiaron.
Un marco que no considera la energía que se genera, sólo la potencia, lo que penaliza es la eficiencia y el sentido común. Una regulación que limita la estabilidad a revisiones trienales sobre una fórmula retributiva incomprensible y mutable a criterio de una Secretaría de Estado, que expulsa del sistema a toda familia que no se adecúe a la compleja nueva realidad normativa, pensada para grandes empresas y no para ciudadanos. Ahora se trata de expulsarles del sistema, como en un principio se trató de captar sus ahorros.
El impacto económico inicial de las renovables estaba contemplado y perfectamente justificado en los reales decretos que las impulsan. Su coste ha tenido, tal y como estaba previsto, retornos evidentes, al madurarse la tecnología fotovoltaica, que ya no precisa primas, y permitir un cambio de modelo energético. Además, dichas primas suponen un montante inferior al que hubiera tenido que afrontar nuestro país sin ellas, en precios más elevados del mercado mayorista, exportaciones de combustibles fósiles y precio por tonelada de emisiones de CO2.
El fomento primado de las tecnologías renovables no ha sido una singularidad española. Se ha realizado en todos los países desarrollados y, en especial, en la Unión Europea, dada su precaria posición energética. Las ayudas se han ido reduciendo conforme la curva de aprendizaje fotovoltaica lo permitía. Sólo en España se ha detenido abruptamente la implantación de renovables y se ha desmantelado el marco legal que se ofreció a sus ciudadanos. La propia Comisión Europea advertía de los riesgos de cambiar retroactivamente las normas, y países de referencia como Gran Bretaña y Alemania fueron taxativos al respecto y no han aplicado ningún tipo de recorte retroactivo.
El Defensor del Pueblo considera que las familias españolas sufren agravio comparativo con respecto a las posibilidades de los inversores foráneos, que tienen la oportunidad de poder pedir justicia en una instancia exterior, ajena a la Administración española, en cuyas instancias judiciales parecen no confiar, las mismas a las que están irremediablemente avocadas las familias españolas.
INSEGURIDAD JURÍDICA Y RETROACTIVIDAD
La seguridad jurídica es un principio universalmente reconocido, que se entiende y basa en la certeza del Derecho, tanto en el ámbito de su promulgación como en su aplicación. En este sentido, el Estado, como máximo exponente del poder público y primer regulador de las relaciones en sociedad, no sólo establece (o debe establecer) las disposiciones legales a seguir, sino que en un sentido más amplio tiene la obligación de crear un ámbito general de seguridad jurídica en todas las áreas en que se ejercen los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial; como garantía dada al individuo, de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados en ningún caso. Con la salvaguarda indispensable de que si tal cosa llegara a producirse, se le dispensaría por la Administración la debida reparación de los daños causados.
Las leyes han de ser claras, estables, y justas; protegiendo los derechos fundamentales de los ciudadanos y el respeto a su propiedad. En España, dentro de las concepciones ya expuestas, la seguridad jurídica como principio configurador del Estado de Derecho, se concreta en el marco constitucional en normas que relacionan a los administrados con la Administración, como se hace en el artículo 9 de la Ley de leyes Constitución de 1978 y sobre todo en el apartado tercero:
“La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”
Pero esta garantía no significa que no haya amenazas. En este sentido, el sector de la energía fotovoltaica ha sido y está siendo un claro ejemplo de inseguridad jurídica. Y a ese respecto, cabe comprobar los graves incumplimientos de la legalidad constitucional en que está incurriendo el Estado español, a propósito de garantías, y en contra de una serie de compromisos en el marco europeo desde nuestro ingreso en la CE en 1986.
La política que tanto favorece a los grandes grupos del oligopolio que caracteriza al mercado eléctrico español desde hace tanto tiempo, tiene su origen en la quiebra de la regulación incentivadora de las renovables. Todo ha cambiado desde que el Gobierno español modificara las normas retributivas de las producciones energéticas de origen eólico, solar, biomasa, etc.
- RETROACTIVIDAD PARA LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA
El RD 436/2004 y después los RD 661/2007 y RD 1578/2008 promovieron la inversión en este subsector para implantar y desarrollar las tecnologías más innovadoras. Para cumplir así con los compromisos europeos de reducción de emisiones de GEI según se ha visto antes, al ocuparnos del horizonte 20-20-20.
Sin embargo, en el año 2010, cuando ya se habían realizado grandes inversiones y estaban en curso otras nuevas, el Gobierno cambió radicalmente su política a través de dos normas retroactivas: el Real Decreto 1565/2010 de 19 de noviembre de 2010 y el Real Decreto Ley 14/2010 de 23 de diciembre de 2010. De ese modo, se dejó sin margen de viabilidad las iniciativas particulares y empresariales acometidas a lo largo de todo un septenio en el sector fotovoltaico.
A las disposiciones retroactivas impuestas a los productores españoles de energías renovables, con una reducción media del 30% en los ingresos durante los ejercicios 2011 a 2013, se sumó desde el 28 de diciembre de 2012, un nuevo impuesto –indiscriminado, para toda clase de energías, contaminantes o no— del 7%, para la generación. Lo que, sumado a las consecuencias de las medidas adoptadas en 2010, colocan en situación inviable al 80% de las plantas españolas de energía solar fotovoltaica; prácticamente todas las que han necesitado financiación externa para su primer establecimiento. El 7% del impuesto mencionado de las tres grandes empresas que dominan el mercado energético español pueden repercutirlo al consumidor, mientras que los pequeños productores de renovables han de asumirlo de manera directa en sus cuentas de pérdidas y ganancias. A todo ello se sumó la actualización de las primas conforme al IPC, tal y como se hacía hasta 2010 anualmente.
En ese contexto, a partir de 2012 se decide impedir mediante el RDL 1/2012 el establecimiento de nuevas plantas de generación renovable, y a partir del año 2013, con el grupo de normas que hemos conocido como “reforma eléctrica” (RDL 9/2013, RD 413/2014 y OIET/1405/2014), modificar completamente la retribución de las plantas con recortes retributivos que en algunos casos alcanzan el 50%, donde se estiman las retribuciones pasadas para el cálculo de las retribuciones futuras.
Desde la UE se ha advertido que “la suspensión de las ayudas a las energías renovables desalienta la inversión en el sector”. Según el Dictamen del Consejo Europeo, sobre el Programa de Estabilidad de España para 2012-2015. Y en consecuencia, el entonces Comisario Europeo de Energía, GüntherOettinger – que mantuvo una interlocución muy fluida con los fotovoltaicos españoles —, consideró esencial que España recuperase la confianza de los inversores con un marco legal que no contemplara regulaciones retroactivas.
Las imposiciones derivadas de la Reforma Eléctrica impuesta por el Gobierno del Partido Popular suponen una modificación retroactiva que quiebra a 62.000 familias y con ella la seguridad jurídica del sector y la confianza en el Estado español de inversores y ciudadanos.
- DEMANDAS EN TRIBUNALES INTERNACIONALES
España ya ha perdido su primer arbitraje internacional en el CIADI, órgano de Arbitraje del Banco Mundial, que tiene su sede en Washington. El laudo da la razón a la firma británica EiserInfrastructureLimited y a su filial luxemburguesa Energia Solar Luxembourg, que sufrieron unos drásticos recortes retroactivos impuestos por el gobierno español en sus sucesivas reformas del marco regulatorio que dio origen a estas inversiones.
Los pequeños productores fotovoltaicos españoles exigen que se les otorgue la misma justicia que ha obtenido este fondo internacional y que, muy probablemente, alcanzarán también el resto de los fondos extranjeros, una treintena, que están pendientes de la resolución de sus casos en el CIADI, Banco Mundial.
Anpier ha venido denunciando durante los últimos años el atropello sufrido por los productores fotovoltaicos, que han soportado recortes del hasta el 50% de la tarifa regulada que ofreció el Estado, mientras que la banca si les exigía, como es natural, el pago íntegro de la financiación, lo que supuso que el colectivo debió refinanciar para no perder las garantías personales dadas a las entidades bancaría.
Sin embargo, el Gobierno mantuvo que la reforma era legal y sólida, estigmatizando socialmente a este colectivo para justificar sus arbitrarias decisiones; ahora, una instancia internacional, sin ningún tipo de condicionamiento político, ha dictaminado lo que en buena lógica es de justicia, que los acuerdos han de cumplirse o se debe restituir el daño causado, una cuestión que debería realizarse con más motivo cuando se trata de un Estado, que ha de velar por la seguridad jurídica en su territorio, y sobre todos, cuando se trata de familias que actuaron de buena fe, confiando en su Estado, que les llamó a que realizaran este esfuerzo inversor.
Este es el primer laudo que se ha conocido sobre la reforma del Partido Popular.
LA REFORMA DEL SECTOR: UN FIASCO
La reforma de los hermanos Nadal miró para otro lado a la hora de acabar con los motivos de los precios altos: peajes inexplicables y un sistema disparatado de formación de precios en el mercado mayorista, y trató de minorar donde no correspondía, lo que ha resultado contraproducente para el desarrollo de un mix energético más eficiente y barato para el ciudadano, circunstancia a la que hay que añadir las multimillonarias indemnizaciones a los inversores extranjeros, los gastos millonarios en abogados contratados para que defiendan una marco regulatorio legalmente insostenible a la vista de los tribunales arbitrales internacionales, el difícilmente cuantificable daño a la credibilidad de seguridad jurídica en las inversiones realizadas en los sectores regulados españoles y, lo que es más grave, la condena a la ruina de 62.000 familias españolas, que destinaron sus ahorros e hipotecaron sus bienes para apoyar el desarrollo de un nuevo modelo energético en España solicitado por el propio Estado, y que ahora ven como este Gobierno sí indemniza a los inversores foráneos.
El Defensor del Pueblo ya se pronunció al respecto de esta injusticia. Después de que Anpier advirtiera a esta institución de la elevada posibilidad de que se diera esta circunstancia, tal y como ha ocurrido, a lo que del Defensor respondió: “esta Institución considera que por un principio de igualdad material, no debería hacerse a los ciudadanos españoles de peor condición que a los inversores de terceros países. (…) De lo contario, el cambio retributivo de la energía fotovoltaica únicamente comportaría un sacrificio singular sobre un colectivo determinado (en este caso, los inversores españoles) que resultarían afectados de una manera especial al no tener a su alcance los medios que el TCE habilita para los inversores extranjeros y, en particular, del recurso al arbitraje internacional. Se daría además la situación paradójica de que los inversores españoles se verían perjudicados comparativamente en su acceso a las pertinentes medidas compensatorias” y solicitaba: “Adoptar las medidas necesarias para que los inversores españoles en energía fotovoltaica que han visto recortada su retribución, no reciban peor trato que los inversores de los países signatarios del Tratado sobre la Carta de la Energía”.
Los pequeños productores fotovoltaicos españoles exigen que se les otorgue la misma justicia que ha obtenido este fondo internacional y que, muy probablemente, alcanzarán también el resto de los fondos extranjeros, una treintena, que están pendientes de la resolución de sus casos en el CIADI, Banco Mundial.
A juicio del Presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca: “el quebranto sufrido por las 62.000 familias españolas fotovoltaica es insoportable, tanto en lo económico como en lo moral, y resulta inaceptable que por una misma situación el Estado indemnice el daño causado a los grandes inversores internacionales y ordene la ruina de sus nacionales”
Anpier ha venido denunciando durante los últimos años el atropello sufrido por los productores fotovoltaicos, que han soportado recortes del hasta el 50% de la tarifa regulada que ofreció el Estado, mientras que la banca si les exigía, como es natural, el pago íntegro de la financiación, lo que supuso que el colectivo debió refinanciar para no perder las garantías personales dadas a las entidades bancaría.
Sin embargo, el Gobierno mantuvo que la reforma era legal y sólida, estigmatizando socialmente a este colectivo para justificar sus arbitrarias decisiones; una vez más, una instancia internacional, sin ningún tipo de condicionamiento político, ha dictaminado lo que en buena lógica es de justicia: que los acuerdos han de cumplirse o se debe restituir el daño causado, una cuestión que debería realizarse con más motivo cuando se trata de un Estado, que ha de velar por la seguridad jurídica en su territorio, y sobre todos, cuando se trata de familias que actuaron de buena fe, confiando en su Estado, que les llamó a que realizaran este esfuerzo inversor.
Anpier reclama una verdadera reforma en el sector eléctrico y no perseverar en el desastre a través de parches que agravan cada día más la situación. De todos los costes que soportan el sistema a través de los llamados peajes, que suponen el 50% de la factura, son las renovables el único de ellos con verdadera justificación social, económica y medioambiental. El resto de costes se corresponden con decisiones reguladas que encarecen la factura y benefician a las empresas tradicionales. Según datos de la CNMC, estos costes y cuantías para el sistema soportado en los peajes en los últimos diez años han supuesto un montante total de más de 103.000 Millones de euros, que se desglosa de la siguiente manera:
- Transporte y distribución: 65. 000 MM€
- Costes extrapeninsulares: 12.000 MM€
- Intereses del Déficit de tarifa: 22.000 MM€
- Interrumpibilidad: 3.000 MM€
- Otros: 1.400 MM€
El otro 50% de la composición del precio de la luz viene dado por la sorprendente configuración que el Gobierno autoriza para determinar el precio diario del MWh, que consiste en retribuir a todas las tecnologías que entran para el suministro de energía de cada día, tomando como referencia el precio de generación de la tecnología de generación más cara que vaya a ser utilizada para satisfacer la demanda prevista; por poca que haya sido precisa utilizar, es la que establece el precio para el resto de MWh. Un sistema que ha engrosado el llamado déficit de tarifa tal y como se señala desde hace años desde la propia Unión Europea y que, según el Informe realizado por Jorge Fabra, el que fuera Presidente de Red Eléctrica Española y Consejero de la Comisión Nacional de la Energía, donde se explica que con este sistema “los precios percibidos por las centrales nucleares se sitúan entre un 180 y un 227% por encima de sus costes remanentes. En el caso de las centrales hidroeléctricas los precios percibidos se sitúan por encima de sus costes remanentes entre un 480 y un 600 %”.
Los artífices últimos de este catastrófico escenario, los hermanos Nadal y el Presidente Rajoy, habrán de buscar explicaciones para eludir sus responsabilidades y, como ya es costumbre en ellos, señalarán al cielo, por la falta de lluvias, y a las energías renovables, a las que atribuyen todos los males del sistema para, posteriormente, como si nada tuviera que ver con lo anterior, declararse partidarios de estas tecnologías y reconocer sus bondades a la hora de minorar el precio de la energía en España, puesto que agua, viento y sol, son los agentes que, realmente, están aliviando la factura eléctrica de los españoles.
ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA: EL FUTURO YA PRESENTE
La fotovoltaica, como fuente de generación eléctrica, está modificando el modelo energético convencional y desplazando las inversiones de los combustibles fósiles hacia la generación distribuida con energía solar y almacenamiento. El valor de los pequeños productores fotovoltaicos, dela micro generación y de un nuevo perfil de consumidor activo está revolucionando el sistema eléctrico tal y como hoy lo conocemos y determinará el liderazgo tecnológico en el mundo.
Ha sido la banca mundial quien mejor ha percibido el salto cualitativo y cuantitativo de la fotovoltaica a pequeña escala, debido al margen de reducción de sus costes. BLOOMBERG New EnergyFinance (BNEF) ha identificado los cambios que van a dar un vuelco al mercado eléctrico mundial entre 2015 y 2040:
- La fotovoltaica va a penetrar masivamente en todas partes con una inversión de 3,7 billones de dólares.
- Participación activa de los ciudadanos a través de la figura del consumidor que genera su propia energía.
- Menor crecimiento de la demanda eléctrica debido al desarrollo de la eficiencia energética.
- Breve ascenso del gas que no acabará siendo el combustible de transición, cediendo ese papel al carbón.
- Aumento del riesgo climático debido a que las emisiones de CO2 seguirán creciendo.
Las consecuencias son un boom de la solar fotovoltaica a pequeña escala y del autoconsumo, que pasará de 104 GW en 2014 a 1.800 GW en 2040. Los costes fotovoltaicos caerán más de un 50% y se extenderá la paridad de red por todo el mundo. Se producirá la transformación del sector eléctrico desde un modelo centralizado a otro descentralizado por la participación del consumidor en el sistema. Entre 2014 y 2040 se incrementará la generación eléctrica un 56% y las emisiones de CO2 aumentarán un 13%.
Las renovables constituyen la primera inversión energética del mundo y la fotovoltaica representa la mitad de toda esa inversión, con 150.000 millones de euros en 2014. La paridad del coste de la fotovoltaica con el coste de la electricidad en la red ya es una realidad en Europa y España.
Las consecuencias serán un crecimiento de la generación descentralizada hasta representar entre el 20% y 30% de la generación total. Según Deustche Bank, la generación fotovoltaica se multiplicará por 10, con unos 100 millones de pequeños productores, para representar el 10% de la electricidad mundial en 2030 y el 50% en 2050 gracias al desarrollo del autoconsumo con almacenamiento.
Estas previsiones han relanzado los objetivos de fotovoltaica en todo el mundo y confirmado el margen de reducción de un 25% de sus costes para 2017, después de haber caído el 80% durante los últimos 5 años. Los costes de almacenamiento descenderán un 85% en 2020. La globalización del mercado convertirá la energía fotovoltaica en la primera fuente de generación eléctrica por razones económicas y este hecho está provocando cambios en las políticas energéticas de muchos países para facilitar el acceso a la fotovoltaica en hogares, edificios y empresas.
En el informe del Massachusetts Institute of Technology (MIT), “El Futuro de la Energía Solar” se afirma que la energía solar tiene el mejor potencial para satisfacer a largo plazo las necesidades energéticas de la humanidad y será clave para la reducción de CO2. Es preciso regular el sistema eléctrico para un despliegue masivo de la fotovoltaica, puesto que la radiación solar que llega al planeta cada año podría satisfacer 4.000 veces las necesidades energéticas de nuestra sociedad.
La consultora IHS Technology asegura que hasta 2019 la fotovoltaica crecerá un 177% con 500 GW de potencia instalada y un crecimiento de 75 GW ese año, un 66% más que en 2014. En más de 11 mercados, entre los que no aparece España, la fotovoltaica crecerá más de 1 GW al año.
Para Morgan Stanley, las baterías de almacenamiento facilitarán una transición rápida hacia las renovables por razones económicas, ambientales y de eficiencia energética. Mitigan la volatilidad de la red, hacen innecesarios activos de respaldo y reducen los costes del sistema. La reducción de costes de la energía solar y del almacenamiento hace imparable el rápido desarrollo de la fotovoltaica. La generación descentralizada ha llevado al banco UBS a admitir un escenario en el que la energía solar puede producir hasta el 50% de la electricidad mundial en 2050.
España no cuenta en esta nueva configuración de la energía en el mundo. La reforma energética y la inseguridad jurídica la han excluido de la hoja de ruta de las nuevas tecnologías de generación. A la sociedad española se le debe una explicación por la enorme pérdida de competitividad que supone para la economía y los mayores costes que habrán de pagar los consumidores.
¿Por qué se teme a la fotovoltaica en España si puede aliviar la factura de la luz? Porque abre la competencia haciendo posible que miles de consumidores puedan gestionar su energía y que un mercado dominado verticalmente por muy pocas empresas se transforme en un nuevo modelo en el que el consumidor se convierte en el centro del sistema. La demanda se impone a la oferta y cuanto mayor sea la competencia más bajarán los precios de la energía.
Cerrar la competencia ha sido uno de los objetivos del castigo a la fotovoltaica y del bloqueo al autoconsumo. La retroactividad fotovoltaica no es sino un ejemplo de resistencia a la libre competencia. Los déficits del sistema eléctrico sólo desaparecerán con el acercamiento de la generación al consumo y eso lo proporciona la fotovoltaica. La subida de peajes y de la potencia contratada contribuyen a reforzar un modelo inviable.
LO RENTABLE ES LO RESPONSABLE, Y LO RESPONSABLE ES LO SOCIAL
Nada resulta más rentable para una Sociedad que aquello que se articula de forma responsable, lo que se ordena desde el sentido común que, en estos casos, se convierte en sentido de Estado, que necesariamente se orienta al bien común.
Cuando se abandera un criterio de rentabilidad desde una Administración, debemos preguntarnos quiénes son los destinatarios reales de los retornos, porque, en no pocas ocasiones, la ganancia es solo aparente para el ciudadano, pero los beneficios sí terminan por ser siempre efectivos para determinadas entidades, normalmente con influencia en la toma político-administrativa de decisiones.
Por desgracia, a causa de unos sistemas educativos en decadencia, que ahuyentan el espíritu crítico, y unos influjos mediáticos pobres y maniqueos, los individuos somos cada día más reacios a realizar análisis de realidades complejas y asumimos como ciertos argumentos falaces, por resultarnos intuitivos y aparentemente sólidos.
La política energética desplegada por el Gobierno a la hora de diseñar las subastas de generación renovable, es el ejemplo palmario de cómo se puede persuadir a un pueblo de que la rentabilidad de unas pocas empresas beneficia a la ciudadanía, sin que esto sea cierto.
La generación eléctrica centralizada y concentrada en manos del oligopolio puede, efectivamente, parecer atractiva y rentable para el ciudadano al ahorrar algún insignificante céntimo por cada unidad de producción; sin embargo, si avanzamos en el análisis, descubriremos que si la generación se descentraliza y socializa, o se planifica su localización reactivando colectivos en estado crítico, los destinatarios del conjunto de los beneficios serán los propios ciudadanos que, además, redistribuirán los ingresos obtenidos en las propias economías locales, generando así un círculo virtuoso rentable para el conjunto de la sociedad española, empobrecida y buscando refugio en los grandes núcleos urbanos.
La actividad productiva solo tiene sentido si va referida al bienestar de la Sociedad y no a la opulencia de unos pocos. La fotovoltaica ofrece a España la gran oportunidad de progreso económico, social y territorial al que no estamos dispuestos a renunciar.
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