En respuesta a la investigación que ha hecho pública hoy el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) la responsable de justicia fiscal de
Oxfam Intermón, Susana Ruiz, ha señalado:
“Esta nueva filtración viene a sumarse a una larga lista de escándalos que demuestran que el papel de los paraísos fiscales sigue tan activo y agresivo como siempre. La inversión mundial hacia estos territorios ha aumentado un 45% en menos de un decenio y se ha multiplicado por 6 desde América Latina en los últimos 15 años. En el caso de España, la cifra se dispara, multiplicándose por 4 en el último año.
Constituir una sociedad offshore no tiene porqué ser ilegal, todo depende del uso que se hace de ellas. Paradise Papers revela detalles de estos sofisticados esquemas a la carta que se siguen diseñando para grandes empresas y grandes fortunas a través de paraísos fiscales y por los que se escapan claramente miles de millones.
Este nuevo escándalo nos vuelve a recordar que no ha habido voluntad política suficiente tanto en el ámbito internacional como en el nacional para frenar esta lacra. La acción política internacional ha sido tibia e insuficiente, y no ha conseguido poner un candado legislativo a todos los agujeros por los que estos territorios siguen jugando un papel tan corrosivo. Hemos visto grandes discursos, pero reformas insuficientes.
Los líderes políticos deben anteponer los intereses de la ciudadanía a los de las grandes corporaciones y los súper ricos si realmente quieren acabar con los escándalos fiscales como este. Paradise Papers nos trae una vez más evidencias explícitas de los juegos fiscales de grandes empresas y conocidas personalidades ante una acción internacional insuficiente y lenta. Estas fugas se traducen automáticamente en menos recursos y menos inversión en políticas públicas enfocadas en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, como garantizar el acceso a la sanidad, la educación así como a políticas de cooperación al desarrollo. Los países más pobres pierden al menos 85.000 millones de euros al año por la utilización de los paraísos fiscales por grandes empresas. Esta cantidad sería más que suficiente para proporcionar educación a los 124 millones de niños y niñas que están actualmente sin escolarizar, y para costear la atención sanitaria que podría salvar la vida de seis millones de niños.
La evasión y elusión fiscal agrava la crisis de desigualdad extrema y es una barrera para poder acabar con la pobreza. Lo que dejan de pagar los más ricos y grandes empresas como Nike, Glencore y Apple por el uso de paraísos fiscales lo acaba pagando la ciudadanía en general y especialmente las personas más pobres.
En España, antes de la crisis, en 2007, las empresas aportaban el 22% del total de recaudación a través del impuesto de sociedades y las familias el 74%. Casi diez años más tarde, en 2016 el impuesto de sociedades aporta diez puntos menos, un 12% del total recaudado, por lo que el peso de la financiación del Estado se desplaza hacia las familias que aportan un 83% del total . El descalabro en la recaudación del Impuesto de Sociedades supone recaudar 23.000 millones de euros menos comparado con 2007. Harían falta tan sólo 12.000 millones de euros para pagar la renta mínima a todas las familias que en la actualidad no tienen ingresos.
Es hora de trabajar juntos, todos los países y los organismos internacionales, para acabar con esta lacra de los paraísos fiscales, empezando por crear una lista negra internacional que responda a criterios objetivos y no a intereses comerciales y poner coto a la opacidad en las prácticas fiscales e información financiera de grandes fortunas y empresas. Asimismo, hay que activar una nueva ronda de reformas para reconstruir a fondo el sistema fiscal internacional y poner en marcha medidas defensivas, incluso sanciones, contra el uso de los paraísos fiscales.
España debe estar en primera línea de esta reforma del sistema fiscal internacional. Además, Gobierno y Parlamento deben definir y aprobar de forma urgente una ley contra la evasión fiscal que ponga fin a este perverso juego. No podemos renunciar a recaudar lo que en justicia corresponde pagar a las grandes empresas y fortunas porque ello supone dejar en la cuneta de la lucha contra la desigualdad a millones de personas”.
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