El fallo obliga al banco a devolver a los inversores minoristas, pero no a los inversores institucionales. La exclusión de los inversores institucionales de la decisión judicial es positiva para los tenedores de bonos de crédito, ya que elimina la necesidad de disposiciones que afectarían negativamente a la solvencia del Banco.
Las demandas civiles de indemnización de compras de acciones alegaron que el folleto de salida a Bolsa de Bankia no reflejaba con precisión su situación financiera, lo que llevó a una opinión distorsionada sobre la solvencia del banco. La decisión del Tribunal Supremo dictaminó que Bankia debe compensar a los inversores al por menor en razón de que había inexactitudes sustanciales en el folleto.
Sin embargo, la sentencia hace una distinción para los inversores institucionales que, según el Tribunal, tenían acceso a diversos tipos de información financiera distinta del folleto con el fin de tomar su decisión de inversión.
Si también se compensaron los inversores institucionales, Bankia tendría que crear disposiciones adicionales para cubrir aproximadamente 1,2 mil millones de € al tramo institucional de la salida a bolsa. A finales de 2015, Bankia tenía 1.840 millones € en provisiones dotadas para cubrir las demandas relacionadas con el tramo minorista de la OPV.
Bankia, un banco comercial creado a partir de la fusión de siete cajas de ahorros liderado por Caja Madrid y Bancaja, fue incluido en la Bolsa de Valores en julio de 2011. La OPV recaudó más de 3 mil millones de € de los cuales € 1,8 provenían de los clientes al por menor. En 2012, debido a los crecientes problemas de calidad de activos, Bankia tuvo que ser rescatada por el gobierno español, informando posteriormente una pérdida de 19,2 millardos de € para el año 2012, lo que provocó la caída del precio de la acción y acabó con las inversiones de los accionistas.
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