Más del 70% de la actividad de las entidades de ingeniería y consultoría se deriva de la licitación con la administración.
El pasado octubre se aprobó la Ley de Contratos del Sector Público, por la cual se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE.
Una norma —cuya entrada en vigor se producirá el 9 de marzo de 2018— de gran incidencia en la responsabilidad penal de las empresas y que introduce importantes modificaciones respecto a la norma anterior, Real Decreto Legislativo 3/2011, que afectan directamente a las empresas licitadoras de contratos del sector público.
Por este motivo, la Asociación Catalana de empresas de Ingeniería y Consultoría (ASINCA) decidió organizar una jornada a finales de noviembreen la que contó con la colaboración de Unit4 Ibérica —fabricante multinacional de software de gestión empresarial— y la participación de Asesoría Penal Corporativa, y Tornos Abogados. La jornada, a la que asistieron más de 60 profesionales, se organizó en la sede del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona y se tituló Ley de Contratos del Sector Público: las novedades más relevantes para la Ingeniería y la Consultoría de Cataluña.
Agustín Carenas, Account Manager Unit4 Ibérica, en la apertura de la jornada señaló que “desde Unit4 Ibérica hay un gran interés en jornadas como esta debido a quenos permite actualizar la propuesta de valor para un sector tan dinámico como el de las ingenierías que es estratégico e histórico para Unit4 y en el que contamos con más de 25 clientes”
Responsabilidad penal de las empresas
La jornada se estructuró en varias ponencias. Su principal contenido fue comparar ambos marcos legales y realizar el análisis de la incidencia de esta norma en las empresas de ingeniería y consultoría que actúan como licitadoras y formalizan los correspondientes contratos con entidades del sector público. Teniendo un especial interés en materia de responsabilidad penal de las empresas, y teniendo en cuenta que más del 70% de la actividad de las entidades de ingeniería y consultoría se deriva de la licitación con la administración, siendo indiscutible la importancia que adquiere esta nueva norma con las últimas modificaciones del código penal.
En primer lugar, los representantes de Tornos Abogados, Antonio Sala y Francesc Valdivia, expusieron la nueva ley, poniendo en relevancia las principales novedades que afectan a las empresas licitadoras, el presupuesto de licitación, la solvencia de las empresas licitadoras, los procedimientos y criterios de adjudicación, etc. Entre otros aspectos, se destacó la importancia que tendrá ahora la relación calidad-precio, ya que se quiere garantizar la máxima calidad de las obras. También, que la ley especifica, los precios se deben ajustar a los de mercado y que la norma general será ahora la división en lotes, lo que supondrá una oportunidad para las pequeñas y medianas empresas- El segundo bloque corrió a cargo de Thea Morales, de Asesoría Penal Corporativa, el cual se dedicó a la incidencia de la nueva ley en la responsabilidad penal de las empresas.
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