No contempla un refuerzo de la plantilla en la lucha contra el fraude.
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (
Gestha) lamentan el continuismo y la poca ambición que muestran las directrices generales del Plan de Control Tributario 2018 publicado esta misma mañana en el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde se pone de manifiesto que no habrá una mejora de los recursos económicos ni un refuerzo de la plantilla en la lucha contra el fraude, por lo que el impulso a los nuevos proyectos para rastrear los modelos de negocio online se realizarán a costa de reducir otros programas de investigación.
De hecho, este año, debido a la prórroga presupuestaria, la AEAT contará con 2.789 trabajadores menos que en 2009, a partir del cual se inició una inexorable reducción de la plantilla debido a las políticas de austeridad en materia de empleo público puestas en marcha durante la crisis. Es más, España tiene hoy en día un déficit de 26.718 efectivos para luchar contra la economía sumergida con respecto al resto de Europa o, lo que es lo mismo, sólo un trabajador por cada 1.928 contribuyentes, frente a países como Francia, donde hay uno para menos de la mitad de ciudadanos.
Así, los técnicos remarcan que con la estructura y las competencias de la plantilla actual no es posible llevar a cabo los planes de Hacienda para combatir el fraude con garantías, por mucho que ahora se apueste por internet, adaptando los sistemas de información al auge de métodos de pago como los monederos electrónicos y las transferencias instantáneas. En este contexto, de acuerdo al nuevo Plan de Control Tributario, los informes “país por país” de las grandes multinacionales, el Suministro Inmediato de Información (SII) de las facturas emitidas y recibidas y los datos de cuentas financieras procedentes de decenas de jurisdicciones a través del proyecto CRS de la OCDE serán este año las principales armas en la lucha contra el fraude.
Cuadro 1. Evolución de la plantilla de la AEAT en los últimos 15 años
Fuente: Gestha, a partir de datos de la AEAT
Pero la prueba más evidente de que la lucha contra el fraude no está a la altura de lo esperado es que las denuncias por delito fiscal cayeron un 33,7% en 2016, hasta situarse en 226, según los últimos datos disponibles, de los que también se desprende que durante ese mismo ejercicio se tramitaron 72 expedientes por blanqueo, un 46% menos que en 2015.
Este desplome de las denuncias coincide, paradójicamente, con escándalos como el de los “Papeles de Panamá”, el de “Football Leaks” o el de los “Papeles del Paraíso”, lo que evidencia que los casos de fraude más que reducirse han ido en aumento.
En cualquier caso, esta desidia en la lucha contra el fraude fiscal no es ninguna novedad, pues en 2016 -por segunda vez en 25 años- empeoraron los resultados, mientras que el 84% de la evasión fiscal no fue detectada.
Recaudar hasta 40.000 millones a medio plazo
En este escenario, los técnicos insisten en poner en marcha un plan realista y eficiente de lucha contra el fraude fiscal, con el que, de acuerdo a sus estimaciones, podrían recaudarse hasta 40.000 millones de euros a medio plazo y reducir ese 25% al que, prácticamente, asciende la economía sumergida en España.
El plan debería paliar la actual falta de medidas para reorganizar la estructura y las actuales funciones y competencias de la plantilla, lo que complica el objetivo de desplazar la investigación hacia los grandes evasores. Máxime teniendo en cuenta que hoy en día el 80% de los efectivos actuales de la AEAT se dedica a investigar a autónomos, pymes y trabajadores, lo que deja muy poco margen para luchar contra el gran fraude. De igual modo, es necesario controlar con mayor eficacia el gasto público y las subvenciones.
Por ello, los técnicos de Hacienda proponen tres medidas fundamentales para mitigar las cifras actuales de fraude y evasión: la reorganización del Ministerio de Hacienda, de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y de la AEAT con estructuras más horizontales y capacidad de decisión más compartida; el aumento de las responsabilidades de la plantilla con exigencia de su cumplimiento; y la dotación de más medios a la AEAT.