Anpier reclama la dimisión del Ministro Nadal por su incapacidad para dar respuesta a los problemas del sector energético

La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, ANPIER, reclama la dimisión del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, por su manifiesta incapacidad para aportar respuestas a los problemas de sector energético español y su cerrazón a establecer los necesarios espacios sectoriales de diálogo. Álvaro Nadal impone un marco regulatorio inadecuado e ineficiente, que fue diseñado por su hermano, el actual Secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal. El sistema eléctrico no logra abaratar los costes de generación y no se está orientando, como ocurre en los países desarrollados, a un nuevo modelo renovable, distribuido y social de generación. Asistimos a una política de parches regulatorios impuestos bajo amenazas de mayores subidas del precio de luz si no se implementan los remiendos que el Ministro dice precisar.

Desde el año 2013, una vez recortadas salvajemente las retribuciones de las energías renovables, el precio de la luz ha continuado en niveles muy altos y sólo ha podido contenerse cuando, precisamente, mayor cantidad de energía renovable ha entrado en el sistema para compensar los precios elevadísimos que marcan las tecnologías fósiles de generación eléctrica: Carbón y gas, que desestabiliza nuestra balanza de pagos y generan una innecesaria y arriesgada dependencia del exterior.

El Gobierno, a instancias del Ministro Nadal, ha vetado una enmienda a los Presupuestos Generales de Estado que era vital para evitar un disparatado recorte adicional a las familias fotovoltaicas; así lo entendía una mayoría absoluta en el Congreso formada por partidos que no solo apoyaba dicha enmienda, sino que la presentaron conjuntamente, para propiciar una necesaria estabilidad regulatoria. Sin embargo, el veto, forzando la legalidad, el sentido común y la moralidad, “fabula” una vinculación a los Presupuesto del 2018, que en la práctica no existe. Una maniobra inesperada, puesto que Tribunal Constitucional sentenció en abril de este año que en el veto gubernamental, la conexión con ingresos y gastos debe ser "directa e inmediata, actual por tanto, y no meramente hipotética". Además, según el Constitucional "debe referirse al presupuesto en particular, sin que pueda aceptarse un veto del Ejecutivo a proposiciones que, en el futuro, pudieran afectar a los ingresos y los gastos públicos".

Estas arbitrariedades no pueden ser impuestas más allá de nuestra fronteras, el Estado español ha perdido de forma contundente todos los arbitrajes conocidos hasta la fecha por los daños causados por la reforma Nadal a los inversores extranjeros, incluso los árbitros designados por España en estos pleitos, dieron la razón a los demandantes, con afirmaciones categóricas en la resolución tales como: “el nuevo sistema fue profundamente injusto e inequitativo en el modo en que se aplicó a la inversión existente de las demandantes, despojando a las demandantes prácticamente de todo el valor de su inversión"[i]. España se enfrenta a 37 laudos más que, muy previsiblemente, mantendrán esta línea, lo que supondría unas indemnizaciones de hasta 8.000 millones de Euros por el daño causado a estas empresas, acciones legales que podrían repetir si se produjera el recorte adicional anunciado por el Ministro Nadal.

El propio Defensor del Pueblo ya advirtió que por un principio de igualdad material, no debería hacerse a los ciudadanos españoles de peor condición que a los inversores de terceros países y solicitaba "adoptar las medidas necesarias para que los inversores españoles en energía fotovoltaica que han visto recortada su retribución, no reciban peor trato que los inversores de los países signatarios del Tratado sobre la Carta de la Energía”.

Desde el Ministerio se habla de dos laudos ganados, pero ambos han sido motivado por los recortes que impuso el Gobierno socialista que, siendo importantes, establecían una compensación por el daño causado. Esta política de comunicación de medias verdades -que son especialmente difíciles de desenmascarar cuando la información está referida a cuestiones complejas y a la fuente se le atribuye solvencia y credibilidad- se utiliza también a la hora de desacreditar públicamente al sector renovable, al que el Ministro atribuye supuestas cargas y nunca les reconoce los beneficios y retornos que, como en otros países, las primeras instalaciones renovables, evidentemente más costosas que las actuales, aportaron al sistema eléctrico y, por lo tanto, a la Sociedad.

Atribuir el déficit de tarifa a las renovables, o al menos otorgarle gran parte de responsabilidad, sin que se glose otra causa en ningún momento, se ha convertido en una falsedad que, por su reiteración, ha llegado a alcanzar apariencia de verdad. Sólo un conocimiento cabal del sistema permite comprender que ésta afirmación es tan injusta como falaz: Juan Manuel Eguiagaray, Ex Ministro de Energía, afirma que, a finales de 2007, el déficit tarifario acumulado se habría situado en unos 9.000 millones de euros y estimaba para 2008 un importe cercano a los 12.600 millones euros.[ii] Es evidente que las renovables no generaron esos más de 12.600 millones de Euros de déficit, puesto que no estaban instaladas; sin embargo, se les achaca ser la causa de un mal estructural del sistema, como se desprende del dato ya acumulado hasta 2008. Por su parte, la propia Comisión Europea ha subrayado que es fruto de "Una competencia insuficiente en el sector energético, que ha contribuido a la constitución del déficit tarifario al favorecer una compensación excesiva de algunas infraestructuras, tales como centrales nucleares".

Igualmente, el Ministro parece estimar a “ojo de buen cubero” subidas de la luz alarmantes cada vez que pretende justificar la imposición de un nuevo parche normativo o el enésimo recorte a las familias productoras fotovoltaica; de esta manera apacigua a propios y amedrenta a los extraños. Pero la realidad es que el Gobierno se encomienda a las renovables para que el precio de la luz descienda y estas renovables son una realidad, que permiten desplomar el precio de la energía a familias y empresas, porque un sector las desarrolló e instaló con mucho sacrificio.

Pretender ahora no cumplir los compromisos de pago es una maniobra que sólo encuentra comprensión tras los muros del Ministerio de Energía. Cuando es habitual que el Estado rescate obras faraónicas que realizaron a riesgo empresas privadas, sin otro objetivo que un lucro particular, como autopistas o el almacén Cástor, causa sonrojo que el Gobierno pretenda arruinar a los que sí fueron llamados para financiar un servicio a todos los españoles, usando para ello sus ahorros y el patrimonio familiar, misión que han cumplido satisfactoriamente: ahora contamos con la posibilidad de generar a precios ultra competitivo utilizando nuestro sol, recurso inagotable y que no contamina.

El fin no ha de justificar los medios, pero cuando el fin es partidista o personal y utiliza cualquier medio, incluso la pretensión de ser interés general, es preciso que el máximo responsable de un Gobierno, el Presidente Rajoy, se avenga a escuchar a un sector manifiestamente maltratado. El Presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca ha manifestado que “no se recuerda en democracia que un Gobierno haya causado tanto daño económico y moral a tantos ciudadanos y durante tanto tiempo. Nuestro colectivo volverá a manifestarse frente a las puertas de Ministerio de Energía, puesto que no es posible silenciar a decenas de miles de familias ultrajadas”.

[i] https://elpais.com/economia/2017/05/17/actualidad/1495001675_669139.html

[ii] Reflexiones sobre la incertidumbre energética. Juan Manuel Eguiagaray Ucela. Economista. Fue Ministro de Industria y Energía