El transporte público pide al nuevo Gobierno un Plan Nacional de Movilidad Urbana

La asociación del transporte urbano colectivo ATUC pide al nuevo Gobierno el desarrollo de un Plan Nacional de Movilidad Urbana que siente las bases de la movilidad sostenible en las ciudades españolas, dejando atrás el localismo con el que exclusivamente se aborda en la actualidad y elevándolo a cuestión de Estado, de manera que se ofrezca la misma dimensión al problema de la contaminación que a su solución, el transporte público.

Este plan daría respuesta, además, a los grandes cambios sociales que amenazan la sostenibilidad del sistema, como el aumento de la concentración urbana y el progresivo envejecimiento de la población, ya que el transporte público es un servicio de primera necesidad y pilar del estado del bienestar, pues garantiza la movilidad, tal y como se ha puesto de manifiesto en el XXV Congreso Nacional de Transporte Urbano y Metropolitano, que se celebra hoy en Ávila.

Por tanto, ATUC considera imprescindible conferir a este plan un enfoque nacional aún teniendo en cuenta que la gestión de la movilidad y del transporte público es competencia de los ayuntamientos, y siempre se han de valorar las particularidades y el tamaño de cada municipio.

Este nuevo enfoque pasa porque el Estado tenga una mayor participación garantizando unos niveles de inversión y aumentando su peso en la financiación, además de ordenar y acompasar las medidas de índole social y ambiental, tales como las bonificaciones sociales del transporte, el desarrollo de los planes en episodios de alta contaminación, etc.

Para la entidad el ejemplo más claro es el agua, un recurso que desde distintas instancias se pide que se aborde como un asunto de Estado y, por tanto, se lleve a cabo una acción política integradora y largoplacista.

Este plan, de hecho, debe incluir no sólo a los tres niveles de la administración, ya que cada uno aporta en mayor o menor parte los recursos públicos que el sistema de transporte público requiere, sino también a todos los ministerios involucrados, es decir, Fomento (transporte), Hacienda (financiación e inversiones), Transición Ecológica (cambio climático) y Sanidad (la contaminación como una de las primeras causas de mortalidad).

Este enfoque más ambicioso pasa también por una mayor integración de todos los actores que intervienen en la cadena modal, garantizando así el desarrollo de unas políticas consensuadas y a largo plazo, permitiendo que el transporte público, junto con otros medios de transporte sostenibles como la bicicleta o el car-sharing, sean la punta de lanza en la lucha contra la contaminación y el cambio climático en España.

El desafío de la capacidad y la eficacia

El otro eje del Plan Nacional de Movilidad Urbana es garantizar la capacidad de servicio debido a la multiplicación del número de usuarios de transporte público por las restricciones en el uso del vehículo privado, pero también por los cambios sociales que provocarán el envejecimiento progresivo de la población y la concentración urbana.

En la actualidad, el 19% de los españoles tiene más de 65 años, es decir, más de 8 millones que, según el INE, serán más de 11,5 millones en 2031. Al mismo tiempo, de acuerdo a las previsiones de Naciones Unidas, en 2030 el 40% de la población española se concentrará en 15 ciudades, por lo que será necesario apostar por el transporte colectivo frente al vehículo privado para garantizar la sostenibilidad de las urbes y evitar la escalada de la contaminación y congestión.

Además, hay que tener en cuenta que actualmente más de tres millones de españoles no usan el transporte público para sus desplazamientos habituales pero podrían empezar a hacerlo si se efectuaran actuaciones en aspectos tan básicos como la velocidad comercial o la frecuencia de paso. Y todos ellos son problemas de servicio que podrían subsanarse con un Plan Nacional de Movilidad Urbana, que desarrollaría medidas con los recursos necesarios para su ejecución.

La primera piedra

Para ATUC, la primera piedra del Plan Nacional de Movilidad Urbana es el desarrollo de una Ley de Financiación del Transporte Público. De esta forma, se establecería un marco legal de ámbito estatal a la financiación del sistema, que requiere actualmente alrededor de 2.500 millones de euros de recursos públicos.

Esta ley establecería lo que cada nivel de la administración aporta a la financiación del sistema y, precisamente, en el modelo propuesto por ATUC se establece que el Estado y las comunidades autónomas eleven hasta el 30% su aportación, mientras que los ayuntamientos cubrirían el 25% y los ingresos por billete el 45% restante.

Según el secretario general de ATUC, Jesús Herrero, “si el problema de la contaminación y la lucha contra el cambio climático es una cuestión de Estado, ¿por qué no lo es una solución coordinada por el transporte colectivo urbano? Si tanto se ha esforzado España en conectar por alta velocidad las capitales de provincia, ¿por qué no se da la misma importancia al transporte urbano que al interurbano?”.