Los expertos auguran un incremento de los recursos en los procesos de licitación en la primera etapa de implementación de la nueva ley de contratos

Expertos del despacho Gómez-Acebo & Pombo (GA_P) reunidos por la Asociación de la Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM) para analizar la nueva Ley de Contratos del Sector Público auguran un incremento importante del volumen de recursos empresariales en la primera etapa de su implementación, y ello como consecuencia tanto de la multiplicación de los supuestos que incluye la nueva ley para que las empresas realicen sus objeciones, como del corto periodo de adaptación -tan sólo cuatro meses de vacatio legis- que ha previsto la norma.

Los especialistas de GA_P, Irene Fernández Puyol y Miguel Ángel García Otero, creen que se abre un periodo de cierta incertidumbre en lo que concierne a la aplicación de la nueva ley debido a su complejidad y a que habrá que esperar a que empiecen a funcionar los organismos supervisores cuya creación contempla la propia norma. La ley establece la creación de la Oficina de Supervisión de la Contratación, cuyos dictámenes contribuirán a homogeneizar la práctica de contratación en los diferentes entes públicos.

Ambos expertos subrayan que, si bien los requisitos que impone la ley son más estrictos para administraciones y licitadores, lo que requerirá de un mayor esfuerzo de los contratistas en la preparación de las licitaciones, es previsible que en adelante se produzcan menos problemas en la fase de ejecución de los contratos.

Irene Fernández Puyol y Miguel Ángel García Otero consideran que estamos ante una ley con un componente muy político, en la medida en que constituye un “desiderátum”, aún pendiente de materializase desde un punto de vista práctico, y encaminado a implantar políticas públicas en materia social, medioambiental, de innovación o de apoyo a las pymes.

Entre los múltiples aspectos novedosos que aporta la nueva ley, los especialistas de GA_P destacaron la mayor transparencia que se introducirá en los procesos de licitación, tras fijar la obligación de que se publiquen a través de internet los expedientes completos de licitación y las posibles modificaciones contractuales. Ello fomentará que los licitadores puedan estar vigilantes a lo largo de los procesos y, llegado el caso, poder formular sus recursos.

Asimismo, se refirieron al tratamiento que tendrán las UTE (Unión Temporal de Empresas), una figura muy común en determinados tipos de licitación pública y que a partir de ahora será examinada con detalle con el fin de evitar prácticas colusorias o limitativas del libre mercado.

En relación con este punto, los expertos recomendaron a las empresas que se presenten a una licitación bajo esta forma de asociación que documenten bien los motivos económicos y técnicos que aconsejan su adopción con el fin de no encontrar posteriormente problemas. Ante la sospecha de prácticas colusorias en alguno de los licitantes, la ley establece la derivación del expediente a la Comisión Nacional del Mercado (CNMC) para que abra una investigación que puede saldarse con la imposición de fuertes sanciones económicas.

Se calcula que más del 13% del PIB agregado de la UE proviene de las inversiones que realizan las administraciones públicas, lo que da una idea de la trascendencia económica que tiene la nueva regulación de la contratación pública.