El objetivo es recuperar derechos laborales perdidos por los trabajadores durante los años de la crisis económica y favorecer el acceso a la prestación por desempleo o al subsidio.
El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de hoy, a propuesta de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020, cuyo objetivo es luchar contra la precariedad y mejorar la calidad del empleo y las condiciones de trabajo. “En definitiva lo que pretende este Plan, según ha destacado la ministra, es recuperar los derechos laborales perdidos por los trabajadores en los años de crisis económica”.
El impacto económico estimado es de 30 millones de euros durante su vigencia, lo que supone un incremento del 10% en los presupuestos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que estaban prácticamente congelados desde 2012.
La titular de Trabajo ha explicado que el Plan se dirige “contra aquellas empresas que incumplen la normativa laboral y de Seguridad Social vigente, lo que provoca una merma en la competitividad y productividad de la economía española, y ataca los derechos fundamentales de los trabajadores”.
Las medidas de refuerzo de los recursos humanos contemplan la incorporación de 833 nuevos inspectores y subinspectores, lo que supone un incremento estimado del 23% del total de la plantilla.
El Plan Director se enmarca en la consecución de los objetivos estratégicos definidos por la Organización Internacional del Trabajo: la promoción de los derechos fundamentales en el trabajo; el empleo; la protección social y el diálogo social. Además, el Plan refuerza la garantía de sostenibilidad presente y futura de la Seguridad Social y de las prestaciones sociales.
La ministra ha explicado que el Plan se ha consultado con las comunidades autónomas, los agentes sociales, asociaciones de trabajadores autónomos y de la economía social, que han aportado observaciones y sugerencias.
Medidas contra el abuso y el fraude en los contratos
Una vez valorados los principales problemas detectados por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el Plan recoge 75 medidas operativas y organizativas, orientadas a luchar contra el abuso y el fraude en la utilización de los contratos temporales, contratos a tiempo parcial, los excesos de jornadas y horas extraordinarias no pagadas, e incumplimientos en materia salarial. Asimismo, promoverá la igualdad, la regularización de los falsos autónomos, entre otras figuras.
Sin embargo, para la ministra de Trabajo todas las medidas que incluye el Plan no solucionan la precariedad y la explotación laboral, “es necesario, ha precisado, adoptar reformas normativas, que deben enmarcarse en el diálogo social y en el diálogo político en el Parlamento”.
Planes de choque
Hay dos Planes de choque previstos, uno contra el fraude en la contratación temporal y otro contra la utilización irregular de la contratación a tiempo parcial, con el fin de conseguir la regularización de situaciones fraudulentas detectadas. Aunque las medidas serán implementadas en el corto y medio plazo, ambos planes disponen de acciones inmediatas en sus ámbitos de actuación, que comienza el 1 de agosto hasta el 31 de diciembre.
Seguimiento y evaluación del Plan
El Plan prevé la realización de un seguimiento semestral del cumplimiento de las medidas, en el seno de la Comisión Permanente del Consejo Rector, y de la Comisión Permanente del Consejo General del Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. También se evaluarán los Planes de choque en enero de 2019, y del Plan Director en su conjunto, en julio de 2020.
Aprobada una norma que equipara el derecho de los trabajadores a tiempo parcial
El Consejo de Ministros también ha aprobado hoy, a propuesta de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, un Real Decreto de adaptación de la normativa a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con la prestación contributiva por desempleo a tiempo parcial vertical.
La sentencia equipara el derecho de los trabajadores a tiempo parcial, con independencia de que realicen su actividad durante cinco días de la semana (trabajo horizontal), o concentrando las horas en menos días (trabajo vertical).
La norma aprobada hoy regula que cuando las cotizaciones acreditadas correspondan a trabajos a tiempo parcial se computará el periodo durante el que el trabajador haya permanecido en alta, con independencia de que se hayan trabajado todos los días laborables, o solo parte de los mismos, y cualquiera que haya sido la duración de la jornada.
Con este cambio normativo se favorece el acceso a la prestación por desempleo o al subsidio al facilitar la acreditación del periodo mínimo de cotización exigible para obtener el derecho. Además, incrementa la duración de la prestación contributiva por desempleo al tener en cuenta como cotizados los días en los que no ha habido prestación de servicios dentro de la vigencia del contrato de trabajo.
Alrededor de 208.000 beneficiarios perciben cada mes la prestación contributiva a tiempo parcial y, de ellos, 35.000 tienen jornada a tiempo parcial vertical.
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