La Audiencia concluye que FACUA debió comunicar a casi 4 millones de clientes que demandaría a Telefónica

Malas noticias para los usuarios. La Audiencia Provincial de Madrid ha dado carpetazo a la demanda de FACUA-Consumidores en Acción contra Telefónica por las subidas de tarifas de Movistar Fusión al haber lanzado el producto al mercado con la promesa de que mantendría los mismos precios "para siempre". Y lo hace sin entrar en el fondo del asunto -la posible abusividad de las subidas-, ya que el tribunal concluye que la asociación debió comunicar previamente de manera fehaciente a los casi cuatro millones de clientes que interpondría la demanda.

En definitiva, la decisión de la Audiencia, contra la que no cabe recurso, plantea que FACUA debería haber asumido un gasto de alrededor de 150 millones de euros en burofaxes para garantizar que todos y cada uno de los usuarios de Movistar Fusión eran conocedores de que se iba a interponer esa demanda por si decidían sumarse a ella o emprender otras acciones judiciales.

Al no haberse producido esta imposible comunicación, el tribunal madrileño ha resuelto archivar el procedimiento mediante un auto donde reconoce que existen "especiales dudas de Derecho" sobre su decisión y por ese motivo ha decidido no condenar en costas a FACUA. Tampoco el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid impuso condena en costas, ya que el juez manifestó sus dudas y reservas con su interpretación e incluso orientó a FACUA a que recurriese ante la Audiencia. Recurso que también presentó la Fiscalia, que se había personado de oficio en el procedimiento y calificó de "ilícita" y "desleal" la subida de tarifas.

Las pretensiones de FACUA en su demanda eran que Telefónica cesara en su conducta de subir las tarifas de Movistar Fusión, se le prohibiese volver a encarecerlas y devolviera a todos los usuarios afectados las cantidades cobradas por los incrementos.

Tres autoridades autonómicas de protección al consumidor reaccionaron en su día a las denuncias de FACUA por las subidas de Movistar Fusión con la imposición de multas. Andalucía impuso una sanción de 6,23 millones de euros, la Comunidad de Madrid una de 100.000 euros y Euskadi otra de 30.000 euros. Las cantidades fueron raquíticas, pero las tres administraciones de consumo concluyeron que la empresa había incurrido en una práctica abusiva al comprometerse publicitaria y contractualmente a no subir nunca sus precios y posteriormente aplicar los incrementos.

Ante la decisión de la Audiencia de Provincial, FACUA va a batallar para que el Gobierno de España modifique la legislación y facilite así que las asociaciones de consumidores puedan disponer de todas las armas legales necesarias para defender los intereses colectivos de los consumidores ante cualquier clase de comportamiento empresarial abusivo.