En 2017, la CNMC ya se pronunció sobre la inviabilidad de estas instalaciones.
La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha publicado el informe (
INF/DE/062/18) en el que analiza la solicitud de construcción de las instalaciones de una planta de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado en Granadilla, provincia de Santa Cruz de Tenerife.
En el año 2017, la CNMC ya analizó en su informe
(INF/DE/130/17) la solicitud para la construcción de esas instalaciones. La conclusión fue que el proyecto no era viable para el sistema gasista, ya que generaría más costes que ingresos.
Además, en aquella ocasión, la CNMC señaló que Enagás (GASCAN), compañía impulsora del proyecto, debía detallar el mercado al que abastecería la planta, la previsión de demanda de gas en las islas- en la actualidad la generación de renovables se está extendiendo en el archipiélago- y los ingresos obtenidos con los peajes por el uso de la planta.
Nuevo análisis de viabilidad de Granadilla En el nuevo informe, la CNMC ha analizado los cambios que la Dirección General de Política Energética y Minas ha introducido en la Propuesta de Autorización del proyecto y sus justificaciones económicas. Entre otras, que el uso de gas en la isla abarataría los costes de generación de eléctrica en sus ciclos combinados gracias a la sustitución del gasoil, combustible más caro y empleado en la actualidad, por el gas.
En este sentido, la CNMC ha señalado que esos potenciales ahorros el sistema eléctrico significarían aumentar el déficit del sistema gasista, ya que la previsión de utilización de Granadilla sigue siendo insuficiente para cubrir los costes que genera el proyecto.
En la actualidad, el sistema gasista español presenta un déficit de más de 1.000 millones de euros, que costean los consumidores nacionales a través de impuestos y peajes en su recibo mensual.
Por todo ello, la CNMC vuelve a desaconsejar la autorización de construcción de la regasificadora de Granadilla. Esta decisión deberá tomarse cuando se disponga de las garantías de uso de planta y de los correspondientes estudios económicos, que comprueben la sostenibilidad económica del sector del gas natural, tras la gasificación de las Islas Canarias.
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