Tras la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en relación al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados que dio lugar a la modificación de la jurisprudencia anterior, se produjo un terremoto jurídico y social durante unos días.
Si los bancos se hacían cargo de pagar ese dinero iba a suponer un tremendo varapalo para sus arcas.
La polémica sentencia pretendía resolver el recurso de casación de la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. El texto reconoce la “solidez de buena parte” de los argumentos en los que descansa la jurisprudencia actual, pero sostiene que es preciso “corregirla” al entender que el obligado al pago es el acreedor. El alto tribunal admite que si bien la ley del impuesto establece “expresamente” que el sujeto pasivo es el tomador de la hipoteca, también afirma “expresamente” que tal obligado será “en la constitución de derechos reales”, aquel “a cuyo favor se realice este acto”, condición, añade el tribunal, que ostenta el “acreedor hipotecario”.
El Tribunal Supremo debe tener “razones poderosas” para “contradecir lo que dicen los jueces especialistas en derecho tributario” con su decisión sobre las hipotecas y considerar que el daño hecho a la Justicia es irreparable. El Tribunal Supremo ha decidido que el cliente pague el impuesto de las hipotecas, algo que no sorprende después de que en 2013 resolviera que la banca se quedara con todo lo que había defraudado con la cláusula suelo, aunque después el TJUE hizo Justicia.
Ante tal decisión la respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez fue aprobar un real decreto para asegurar que sean los bancos los que asuman el impuesto de Actos Jurídicos Documentados de las hipotecas. Así a partir de ahora la entidad financiera deberá asumir los gastos correspondientes a la escritura de la hipoteca, la gestoría y el arancel notarial dejando al consumidor el pago de la tasación.
Esta norma llega a nuestro país con un retraso considerable de dos años y medio respecto a las exigencias de la Unión Europea. Hay que recordar que España es el cuarto país de la Unión Europea con las hipotecas más caras. Es previsible que las entidades financieras suban de forma gradual el precio de las hipotecas para compensar el abono de este impuesto, sin embargo, puede que estas sean moderadas por la fuerte competencia que mantiene el sector.
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