Existen multitud de casos en los que la corrupción u otras malas prácticas abarcan varios niveles de la empresa, en el que ningún mecanismo de control puso freno al incumplimiento de la normativa sobre emisiones, tarjetas con uso indebido o fugas de dinero b, afirman desde ASCOM.
Desde hace tiempo, los medios de comunicación están a diario inundados de noticias sobre corrupción, fraude y otras ilegalidades cometidas dentro de empresas, instituciones del gobierno, partidos políticos y otros organismos, parece que ya ninguno está a salvo.
Según ASCOM, la Asociación Española de Compliance, los Compliance Officer son un elemento clave para prevenir estas situaciones pues su misión es controlar, detectar y corregir prácticas indebidas que van en contra de la política interna, los grupos de interés y la sociedad en general.
Tras la Ley de Reforma del Código Penal que entró en vigor en 2010, que introducía la responsabilidad penal de las personas jurídicas, las empresas han visto la necesidad de contar con un programa de compliance que vele por su reputación. “La corrupción es una amenaza internacional que afecta a todos los sectores de actividad y todos los departamentos (calidad, financiero, técnico,…) que se debe evitar o minimizar con un buen programa de compliance”, afirma Sylvia Enseñat, presidenta de ASCOM.
La implantación de políticas, procesos y procedimientos destinados a reforzar el control interno financiero y prácticas de negociación y contratación dentro del marco legal, dificultan que un directivo u otro empleado pueda cometer este tipo de delitos. La supervisión interna de los procesos realizada de forma periódica por un compliance Officer permite detectar estas prácticas, previendo así pérdidas económicas -en muchos casos, millonarias- y daños reputacionales que en ocasiones marcan a las empresas de por vida.
En la empresa pública, al igual que en la empresa privada, se necesita contar con un programa de compliance que asegure procesos internos conformes con la legalidad así como un control exhaustivo de las cuentas públicas y de las decisiones que se toman en todos los niveles de la organización, para así evitar posibles fraudes e irregularidades con fondos públicos.
El compliance es, por tanto, una parte esencial de la cultura de las empresas que deben adoptar los organismos públicos o privados como parte de un compromiso ético y responsable y así lograr un valor seguro para sus propios grupos de interés, lo que asegurará una buena reputación y evitará riesgos económicos, jurídicos y sociales.
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